Encarcelando a la verdad informativa
La misión del periodismo es informar ceñido a la verdad sin manipular los hechos de las noticias.
El periodista tiene la obligación de preservar su credibilidad, seriedad y prestigio, sin dejar de informar los eventos y hechos informativos, previa comprobación de su veracidad e interés publico.
Debe comprender que no es válido protegerse con la integridad del resto del gremio periodístico por simplemente chantajear a personajes públicos o desconocidos para lucrar con la profesión y su obligación es responder a principios de objetividad, independencia, equidad, transparencia y fidelidad con los hechos.
La libertad a la información se convierte en un mal necesario para las tres ramas del poder público. En América países de tradición de derecho común, es decir, los angloparlantes como los Estados Unidos, Jamaica y Canadá, hay menos cortapisas a la prensa que en América Latina.
Imponer sanciones penales al verdadero periodismo ético y moral es encarcelar a la verdad, resaltar a los corruptos y que el país se convierta en una tierra sin justicia y paraíso de la impunidad.
Qué sería del país si no podemos conocer los sucesos dolosos y culposos causados por los ciudadanos de cualquier clase social.
Qué sería del país si permitimos que no exista el periodismo investigativo serio y además solicitemos requisitos obligatorios para que las noticias sean veraces, exactas y confiables.
No podemos proceder a silenciar a la prensa con procedimientos penales y restringir el derecho a la información a través de leyes.
Estaríamos regresando a la patria boba, por consiguiente si queremos ser país de primer mundo debemos comportarnos de esa misma manera. En el fondo la calumnia y la difamación son delitos de opinión. Los tratados internacionales de derechos humanos firmados por Panamá consagran el derecho a la libertad de expresión. Nadie debe ir a la cárcel por opinar de determinada manera, las leyes sólo deben prever consecuencias económicas para estos delitos.
La difamación consiste en comunicar a una persona o más personas la imputación que se le hace a otra, física o jurídica, de un hecho cierto o falso, que le cause deshonra, descrédito, perjuicio o lo exponga al desprestigio de alguien. Es decir, no importa que un periodista diga la verdad, puede merecer años de cárcel si el demandante asegura que esa verdad dañó su prestigio. Esas nuevas normas estarían disponibles, como una espada de Damocles para ser usada cuando conviene a un poderoso o una autoridad indignada.
La cárcel debe ser para los corruptos, los delincuentes de cuello blanco, la maleantería de los barrios y para el todopoderoso político qué solo cree que el dinero del Estado le pertenece.
A los periodistas íntegros la sociedad debe premiarlos por su honestidad y respeto a la patria.
El periodista tiene la obligación de preservar su credibilidad, seriedad y prestigio, sin dejar de informar los eventos y hechos informativos, previa comprobación de su veracidad e interés publico.
Debe comprender que no es válido protegerse con la integridad del resto del gremio periodístico por simplemente chantajear a personajes públicos o desconocidos para lucrar con la profesión y su obligación es responder a principios de objetividad, independencia, equidad, transparencia y fidelidad con los hechos.
La libertad a la información se convierte en un mal necesario para las tres ramas del poder público. En América países de tradición de derecho común, es decir, los angloparlantes como los Estados Unidos, Jamaica y Canadá, hay menos cortapisas a la prensa que en América Latina.
Imponer sanciones penales al verdadero periodismo ético y moral es encarcelar a la verdad, resaltar a los corruptos y que el país se convierta en una tierra sin justicia y paraíso de la impunidad.
Qué sería del país si no podemos conocer los sucesos dolosos y culposos causados por los ciudadanos de cualquier clase social.
Qué sería del país si permitimos que no exista el periodismo investigativo serio y además solicitemos requisitos obligatorios para que las noticias sean veraces, exactas y confiables.
No podemos proceder a silenciar a la prensa con procedimientos penales y restringir el derecho a la información a través de leyes.
Estaríamos regresando a la patria boba, por consiguiente si queremos ser país de primer mundo debemos comportarnos de esa misma manera. En el fondo la calumnia y la difamación son delitos de opinión. Los tratados internacionales de derechos humanos firmados por Panamá consagran el derecho a la libertad de expresión. Nadie debe ir a la cárcel por opinar de determinada manera, las leyes sólo deben prever consecuencias económicas para estos delitos.
La difamación consiste en comunicar a una persona o más personas la imputación que se le hace a otra, física o jurídica, de un hecho cierto o falso, que le cause deshonra, descrédito, perjuicio o lo exponga al desprestigio de alguien. Es decir, no importa que un periodista diga la verdad, puede merecer años de cárcel si el demandante asegura que esa verdad dañó su prestigio. Esas nuevas normas estarían disponibles, como una espada de Damocles para ser usada cuando conviene a un poderoso o una autoridad indignada.
La cárcel debe ser para los corruptos, los delincuentes de cuello blanco, la maleantería de los barrios y para el todopoderoso político qué solo cree que el dinero del Estado le pertenece.
A los periodistas íntegros la sociedad debe premiarlos por su honestidad y respeto a la patria.
