Endurecimiento de penas que dan pena
Nuestra sociedad se ha visto convulsionada con medidas a último minuto tomadas por el gobierno, como las reformas constitucionales y en torno al tema de los menores de edad. A pesar de este revuelo que en otro momento hubiera podido hasta causar manifestaciones populares, la propuesta de ir tras la cabeza de los menores de edad ha sido una de las que más aceptación ha tenido. Los argumentos sustentados describen a una "sociedad adulto-centrista" que quiere resolver problemas complejos con soluciones simples. Eso es tan claro como intentar tapar con el dedo la incapacidad demostrada por gobernantes, madres, padres y adultos en general responsables de quienes les tocará ser nuestro relevo generacional.
Ahora denuncian que los menores de edad se habían tomado las calles, que eran el terror, que son los mayores delincuentes del país y que la única forma para ajustar las cosas es a través de la represión. Han intentado ridiculizar y hasta menospreciar los argumentos de los especialistas llamándonos "protectores de los maleantes y haciendo burla del niño como sujeto, y más aún levantando la bandera en defensa de los derechos de las víctimas, cuando a la mayoría quizá nunca le hubiera interesado conocer a quien en vida estuvo entre nosotros.
Hay quienes han confundido a la opinión pública con que la condición de la pobreza no tiene nada que ver con este fenómeno, cuando sobran elementos que comprueban dicha relación. Claro está, no queremos decir que toda la gente en condición de pobreza es delincuente, aunque muchos para sobrevivir en un país tan desigual se ven obligados a desarrollar diversas estrategias de sobrevivencia legal o ilegal.
Con respecto al pedido de la cabeza de los menores de edad que clama, pide y exige en su mayor parte la sociedad adulta de todas las clases sociales y económicas, nos hace ver cada vez más qué tan confundidos estamos. Según información existente, de cada 10 delitos en Panamá, dos son cometidos por un menor de edad. El narcotráfico, la venta y tráfico de armas, el terrorismo, los secuestros, los asaltos a bancos, desfalcos, extorsión, corrupción, violación de menores y los constantes asesinatos que se dan en las calles con buses y automóviles, no son perpetrados por menores de edad.
Para quienes estamos insertos en el tema, esto va más allá de opinar si vivimos o no en los barrios donde por negligencia de las autoridades y la sociedad en general los episodios de violencia se dan a diario. Este es un fenómeno que no sólo se vive en Panamá, por lo que no es casual que en varios países este asunto lo han superado y otros han quedado señalados, juzgados y condenados por la simpleza con la que se han conducido imponiendo fácilmente medidas represivas como "mano dura" y endurecimiento de las penas.
Panamá es país signatario de la Convención de los Derechos de la Niñez en la Cumbre Iberoamericana sobre infancia, niñez y juventud, y el gobierno de la Sra. Moscoso hizo alarde de su sensibilidad e interés por el tema, al punto que no escatimó en gastar cuantiosas sumas de dinero con el fin de adquirir compromisos como:
- ...Es de importancia estratégica dedicar especial atención a la niñez y la adolescencia; decidimos, una vez más, examinar conjuntamente la situación de los niños, niñas y adolescentes de Iberoamérica con el ánimo de formular políticas y promover programas y acciones que aseguren el respeto de sus derechos, su bienestar y desarrollo integral.
- Reconociendo que la pobreza y extrema pobreza, la desigual distribución del ingreso, la exclusión social y la violencia intrafamiliar, son las principales causas de que los niños, niñas y adolescentes ingresen prematuramente al mercado laboral, permanezcan en las calles, sean objeto de explotación económica o sexual, migren, infrinjan la ley y estén expuestos a situaciones de riesgo, acordamos:
b) Continuar impulsando políticas económicas y sociales que fortalezcan a la familia, como base fundamental de nuestras sociedades, y que propicien la unidad, convivencia e integración familiar.
c) Impulsar acciones legislativas y adoptar medidas severas que castiguen a quienes participan o colaboran en la comisión de delitos de tráfico, secuestro, venta de órganos y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y cualquier otra actividad ilícita que lesione su dignidad y vulnere sus derechos.
f) Diseñar políticas nacionales y modelos de tratamiento o sistemas judiciales de menores, según las legislaciones nacionales, que incorporen acciones de prevención del delito y resguarden el cumplimiento de las garantías del debido proceso y su reinserción familiar y social. Continuar modernizando las instituciones para el tratamiento y rehabilitación de los menores infractores y tomar medidas adecuadas para evitar que éstos sean recluidos en recintos carcelarios para adultos.
h) Fortalecer e impulsar las políticas públicas encaminadas a prevenir y erradicar la violencia intra familiar y a proteger a los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de esta forma de violencia.
Al evaluar los resultados de esos compromisos, vemos que estamos frente a penas que dan pena.
Ahora denuncian que los menores de edad se habían tomado las calles, que eran el terror, que son los mayores delincuentes del país y que la única forma para ajustar las cosas es a través de la represión. Han intentado ridiculizar y hasta menospreciar los argumentos de los especialistas llamándonos "protectores de los maleantes y haciendo burla del niño como sujeto, y más aún levantando la bandera en defensa de los derechos de las víctimas, cuando a la mayoría quizá nunca le hubiera interesado conocer a quien en vida estuvo entre nosotros.
Hay quienes han confundido a la opinión pública con que la condición de la pobreza no tiene nada que ver con este fenómeno, cuando sobran elementos que comprueban dicha relación. Claro está, no queremos decir que toda la gente en condición de pobreza es delincuente, aunque muchos para sobrevivir en un país tan desigual se ven obligados a desarrollar diversas estrategias de sobrevivencia legal o ilegal.
Con respecto al pedido de la cabeza de los menores de edad que clama, pide y exige en su mayor parte la sociedad adulta de todas las clases sociales y económicas, nos hace ver cada vez más qué tan confundidos estamos. Según información existente, de cada 10 delitos en Panamá, dos son cometidos por un menor de edad. El narcotráfico, la venta y tráfico de armas, el terrorismo, los secuestros, los asaltos a bancos, desfalcos, extorsión, corrupción, violación de menores y los constantes asesinatos que se dan en las calles con buses y automóviles, no son perpetrados por menores de edad.
Para quienes estamos insertos en el tema, esto va más allá de opinar si vivimos o no en los barrios donde por negligencia de las autoridades y la sociedad en general los episodios de violencia se dan a diario. Este es un fenómeno que no sólo se vive en Panamá, por lo que no es casual que en varios países este asunto lo han superado y otros han quedado señalados, juzgados y condenados por la simpleza con la que se han conducido imponiendo fácilmente medidas represivas como "mano dura" y endurecimiento de las penas.
Panamá es país signatario de la Convención de los Derechos de la Niñez en la Cumbre Iberoamericana sobre infancia, niñez y juventud, y el gobierno de la Sra. Moscoso hizo alarde de su sensibilidad e interés por el tema, al punto que no escatimó en gastar cuantiosas sumas de dinero con el fin de adquirir compromisos como:
- ...Es de importancia estratégica dedicar especial atención a la niñez y la adolescencia; decidimos, una vez más, examinar conjuntamente la situación de los niños, niñas y adolescentes de Iberoamérica con el ánimo de formular políticas y promover programas y acciones que aseguren el respeto de sus derechos, su bienestar y desarrollo integral.
- Reconociendo que la pobreza y extrema pobreza, la desigual distribución del ingreso, la exclusión social y la violencia intrafamiliar, son las principales causas de que los niños, niñas y adolescentes ingresen prematuramente al mercado laboral, permanezcan en las calles, sean objeto de explotación económica o sexual, migren, infrinjan la ley y estén expuestos a situaciones de riesgo, acordamos:
b) Continuar impulsando políticas económicas y sociales que fortalezcan a la familia, como base fundamental de nuestras sociedades, y que propicien la unidad, convivencia e integración familiar.
c) Impulsar acciones legislativas y adoptar medidas severas que castiguen a quienes participan o colaboran en la comisión de delitos de tráfico, secuestro, venta de órganos y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y cualquier otra actividad ilícita que lesione su dignidad y vulnere sus derechos.
f) Diseñar políticas nacionales y modelos de tratamiento o sistemas judiciales de menores, según las legislaciones nacionales, que incorporen acciones de prevención del delito y resguarden el cumplimiento de las garantías del debido proceso y su reinserción familiar y social. Continuar modernizando las instituciones para el tratamiento y rehabilitación de los menores infractores y tomar medidas adecuadas para evitar que éstos sean recluidos en recintos carcelarios para adultos.
h) Fortalecer e impulsar las políticas públicas encaminadas a prevenir y erradicar la violencia intra familiar y a proteger a los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de esta forma de violencia.
Al evaluar los resultados de esos compromisos, vemos que estamos frente a penas que dan pena.
