Enemigos de la jurisdicción penal internacional
Ante la entrada en vigor, el próximo 1 de julio, de la Corte Penal Internacional, en virtud que el pasado 11 de abril se alcanzaron las 60 ratificaciones que exigía el Estatuto de Roma, hoy se alzan otras voces en contra de la instauración de este Tribunal Penal Internacional Permanente que busca acabar con la impunidad, mediante la imputación de responsabilidad penal al individuo por la ejecución de los más graves crímenes contra el Derecho Internacional.
En esta ocasión, ha sido el ultraderechista Jean Marie Le Pen, candidato a la presidencia de la república francesa, quien en su programa de gobierno esboza que no colaborará con la Corte Penal Internacional. La posición que adoptan los ultraderechistas en Francia contravendría las obligaciones de ese Estado para con la Corte Penal Internacional en atención a que ha ratificado el Estatuto de Roma.
Sin embargo, lo más lamentable es que un ciudadano francés se pronuncié en contra de un Tribunal que busca preservar la continuidad de la raza humana, amenazada hoy más que nunca por la comisión de crímenes tan atroces que desafían la imaginación del ser humano. A través de la historia, Francia ha sido promotora del reconocimiento y respeto de los derechos fundamentales. Esa promoción se remonta a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, momento desde el cual el pueblo francés consideró que "la ignorancia, la negligencia o el desprecio de los derechos humanos son las únicas causas de calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos".
Con motivo de la próxima entra en vigor de la Corte Penal Internacional, el Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan advirtió que "La humanidad ya no tendrá que testimoniar con impotencia las peores atrocidades, porque los que intenten cometer estos crímenes saben ahora que la justicia los espera". Me pregunto, ¿será que aquellos que, como en el caso de Le Pen, cuestionan la eficacia e imparcialidad de la jurisdicción penal internacional, maquinan desde ya la posible comisión futura de crímenes contra la humanidad durante el ejercicio del poder o ante circunstancias en las que el Estado emprenda acciones coercitivas? ¿Será por eso que temen al brazo de la justicia penal internacional?.
Durante la historia del hombre, particularmente en el siglo pasado, la impunidad de los crímenes internacionales ha reinado por doquier en detrimento del derecho fundamental de las víctimas de obtener tutela judicial efectiva. Hoy, cuando se cuenta con una instancia supranacional capaz de persuadir la ejecución de las más graves violaciones al Derecho Internacional o de juzgar a los presuntos responsables, siempre que los Estados no puedan o no quieran enjuiciar, ninguna sociedad puede permitirse elegir dirigentes que aún antes de serlo se han convertido en detractores, sin menoscabo alguno, de los logros que ha alcanzado la comunidad internacional para asegurar y proteger los derechos fundamentales de la persona humana. Por ello, la razón y la vocación por la defensa de los derechos fundamentales debe imperar en el pueblo francés al momento de ejercer el sufragio hoy.
Francia, nación caracterizada, repito, por los ideales de igualdad, fraternidad y libertad, no puede estar en esta ocasión al lado del más grande oponente de la Corte Penal Internacional, me refiero a Estados Unidos de América, cuya política exterior de coacción no pudo impedir el nacimiento de la justicia penal internacional. Los dirigentes de esa nación norteña sólo han pensado que sus ciudadanos podrían ser juzgados por el Tribunal si llegaran a ser considerados sujetos activos de la comisión de los crímenes de la competencia de la Corte (Genocidio, Lesa humanidad y Crímenes de Guerra), olvidando que también podrían constituirse, como ya ha sucedido, en víctimas de los más graves oprobios contra la humanidad.
(solisgon@cwpanama.net)
Cuando se llegue a las candidaturas del 2004, el electorado querrá saber no solamente qué promesa de integridad representan los diferentes candidatos de cara al futuro, sino qué hicieron y dijeron en concreto cuando el país se encontraba en plena crisis de moralidad pública. El electorado tendrá derecho a saber si usaron o no su influencia política sobre sus seguidores legislativos para intentar sacar a la Asamblea de su postración.
Tendrá derecho a saber si juzgaron y reaccionaron o no a la imposición por medios bochornosos de dos Magistrados sin independencia alguna en la Corte Suprema. Tendrá derecho a saber si repudiaron y enfrentaron o no las actuaciones más moralmente cuestionables de la Presidenta y su gobierno. Y conociendo las posturas al respecto de los diferentes candidatos, el electorado podrá escoger, así lo espero, entre más de lo mismo o una acción realmente rectificadora. En sus manos estará así la suerte moral de la República.
(ariyan@sinfo.net)
En esta ocasión, ha sido el ultraderechista Jean Marie Le Pen, candidato a la presidencia de la república francesa, quien en su programa de gobierno esboza que no colaborará con la Corte Penal Internacional. La posición que adoptan los ultraderechistas en Francia contravendría las obligaciones de ese Estado para con la Corte Penal Internacional en atención a que ha ratificado el Estatuto de Roma.
Sin embargo, lo más lamentable es que un ciudadano francés se pronuncié en contra de un Tribunal que busca preservar la continuidad de la raza humana, amenazada hoy más que nunca por la comisión de crímenes tan atroces que desafían la imaginación del ser humano. A través de la historia, Francia ha sido promotora del reconocimiento y respeto de los derechos fundamentales. Esa promoción se remonta a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, momento desde el cual el pueblo francés consideró que "la ignorancia, la negligencia o el desprecio de los derechos humanos son las únicas causas de calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos".
Con motivo de la próxima entra en vigor de la Corte Penal Internacional, el Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan advirtió que "La humanidad ya no tendrá que testimoniar con impotencia las peores atrocidades, porque los que intenten cometer estos crímenes saben ahora que la justicia los espera". Me pregunto, ¿será que aquellos que, como en el caso de Le Pen, cuestionan la eficacia e imparcialidad de la jurisdicción penal internacional, maquinan desde ya la posible comisión futura de crímenes contra la humanidad durante el ejercicio del poder o ante circunstancias en las que el Estado emprenda acciones coercitivas? ¿Será por eso que temen al brazo de la justicia penal internacional?.
Durante la historia del hombre, particularmente en el siglo pasado, la impunidad de los crímenes internacionales ha reinado por doquier en detrimento del derecho fundamental de las víctimas de obtener tutela judicial efectiva. Hoy, cuando se cuenta con una instancia supranacional capaz de persuadir la ejecución de las más graves violaciones al Derecho Internacional o de juzgar a los presuntos responsables, siempre que los Estados no puedan o no quieran enjuiciar, ninguna sociedad puede permitirse elegir dirigentes que aún antes de serlo se han convertido en detractores, sin menoscabo alguno, de los logros que ha alcanzado la comunidad internacional para asegurar y proteger los derechos fundamentales de la persona humana. Por ello, la razón y la vocación por la defensa de los derechos fundamentales debe imperar en el pueblo francés al momento de ejercer el sufragio hoy.
Francia, nación caracterizada, repito, por los ideales de igualdad, fraternidad y libertad, no puede estar en esta ocasión al lado del más grande oponente de la Corte Penal Internacional, me refiero a Estados Unidos de América, cuya política exterior de coacción no pudo impedir el nacimiento de la justicia penal internacional. Los dirigentes de esa nación norteña sólo han pensado que sus ciudadanos podrían ser juzgados por el Tribunal si llegaran a ser considerados sujetos activos de la comisión de los crímenes de la competencia de la Corte (Genocidio, Lesa humanidad y Crímenes de Guerra), olvidando que también podrían constituirse, como ya ha sucedido, en víctimas de los más graves oprobios contra la humanidad.
(solisgon@cwpanama.net)
Cuando se llegue a las candidaturas del 2004, el electorado querrá saber no solamente qué promesa de integridad representan los diferentes candidatos de cara al futuro, sino qué hicieron y dijeron en concreto cuando el país se encontraba en plena crisis de moralidad pública. El electorado tendrá derecho a saber si usaron o no su influencia política sobre sus seguidores legislativos para intentar sacar a la Asamblea de su postración.
Tendrá derecho a saber si juzgaron y reaccionaron o no a la imposición por medios bochornosos de dos Magistrados sin independencia alguna en la Corte Suprema. Tendrá derecho a saber si repudiaron y enfrentaron o no las actuaciones más moralmente cuestionables de la Presidenta y su gobierno. Y conociendo las posturas al respecto de los diferentes candidatos, el electorado podrá escoger, así lo espero, entre más de lo mismo o una acción realmente rectificadora. En sus manos estará así la suerte moral de la República.
(ariyan@sinfo.net)
