Equidad o "neo-socialismo"
El modelo económico actual de la República de Panamá se ha encaminado desde finales de 1999 hacia el "neo-socialismo". Un crecimiento sostenido en el gasto público (casi todo en planilla), incremento de aranceles, una política proteccionista; ni un solo tratado de libre comercio ha sido firmado con ningún país del hemisferio, se congeló el proceso de descentralización, la política económica se centra en impulsar una mal planteada reforma tributaria (más impuestos) y el proceso de privatización ha sido paralizado.
La política del Estado vigente propone acciones sociales (equidad) que demandan recursos del sector privado. En una economía con 1,118,528 personas empleadas 173,860 ó casi el 16% son empleados públicos, o lo que es igual, el gasto corriente del Estado representa el 35% del PIB (al 2001), el peso de la burocracia estatal es uno de los mayores factores de estancamiento de la economía. Más aún cuando analizamos la composición del total de personas empleadas en Panamá y nos damos cuenta que sólo unos 405,913 del total de empleados pertenecen al sector privado formal, y el resto son empleados públicos, empleados domésticos y trabajadores informales. Nos damos cuenta, entonces, de por qué el Estado estrangula a los ciudadanos. Realmente sólo 400 mil personas en este país son los que mantienen a todo el andamiaje público, esto es una relación de 2 a 1 (por cada 2 empleados del sector privado, hay un funcionario público). El tamaño actual del Estado es insostenible, nos quedan dos alternativas posibles o reducir el tamaño del sector público o incrementar el tamaño del sector privado de forma que la relación trabajo / burocracia sea menos onerosa sobre tan pocos.
Frente a la realidad del insostenible tamaño del estado panameño, éste debe velar primordialmente por generar crecimiento económico, y proveer los requisitos básicos para que los ciudadanos generen su propia riqueza (seguridad, justicia, salud y educación). Frente a estos requisitos básicos y verdaderas obligaciones del buen gobierno es imprescindible aclarar que el crecimiento económico y la equidad son incompatibles.
La realidad es que los que primero se benefician del crecimiento económico son los mejor educados, con alcance a utilizar avances tecnológicos para incrementar su eficiencia, telecomunicaciones y servicios bancarios. Luego, estas ventajas absolutas de unos se extienden a otros miembros de la sociedad. Esa es la realidad de la economía de mercado y es como funcionan las cosas en las sociedades capitalistas.
Argumentar en pro de la equidad, que ciertos individuos ubicados por detrás de este proceso social adquieran más derechos que otros, es una abierta discriminación. Justificar que las necesidades de unos es un reclamo para otros, indudablemente encierra un atentado contra la libertad. Es diferenciar entre costos no contraídos y beneficios no ganados. La política social que el gobierno promueve consiste en que el Estado redistribuye ingresos extraídos de los sueldos, salarios y utilidades generados por los ciudadanos para transferirlos hacia un segmento de la población. Esta política no es sólo un ejercicio hacia el "neo-socialismo", pero representa un equivocado retroceso de nuestra tradición de país capitalista, basado en el desarrollo de la libre empresa. La política social del gobierno (incluida la Asamblea) no es sólo un mal ejercicio del poder y un desconocimiento absoluto de nuestra razón de ser como país, sino que representa un hecho inmoral, ya que esta ayuda se da luego que todos los ciudadanos decidieron libremente cómo, dónde y con quién trabajar: El Estado interviene, entonces, para quitar por la fuerza los ingresos de éstos para dárselos a otros porque no le gustó cómo quedó distribuida en primer lugar, la famosa redistribución de la riqueza. Quitarle a cualquiera sus bienes honestamente adquiridos o parte de ellos, con el pretexto de la ayuda social a los que menos tienen, es una violación de nuestro derecho a la propiedad y, por lo tanto, es una violación a nuestra libertad como ciudadanos de gastar lo que ganamos cómo y dónde queremos.
Si el gobierno verdaderamente quiere generar crecimiento económico y reactivar la economía, la solución es clara: a)reiniciar el proceso de privatización (con desmonopolización), b) disminuir el tamaño del sector público en un 50% en 5 años, c) liberalizar el código de trabajo, ch) abrir la migración para actividades de alta tecnología, d) eliminar el requisito de ciudadanía para ejercer profesiones (doctor, abogado, profesor universitario, etc), e) implantar de hecho el silencio administrativo positivo en trámites de más de 60 días, f)eliminar la ayuda social desde el Estado, g) eliminar los aranceles a la importación, h) promover y fortalecer la democracia mediante la postulación de candidatos independientes (sin que se requiera ser miembro de un partido político, principalmente para presidente del país), i ) finalmente, reducir todos los impuestos a un impuesto único de 5% sobre el consumo. Esta propuesta generará más recursos para los ciudadanos, nos hará más prósperos a todos y pondrá en poder de los ciudadanos la decisión de qué sectores de la población subsidiar, si se considera necesario. Esto va en sentido opuesto a la política del Estado de quitar recursos del individuo para luego repartirlos donde éste considera más apropiado. Dejemos los recursos donde mejor están, en los bolsillos de todos nosotros.
*Miembro de la Fundación Libertad
La política del Estado vigente propone acciones sociales (equidad) que demandan recursos del sector privado. En una economía con 1,118,528 personas empleadas 173,860 ó casi el 16% son empleados públicos, o lo que es igual, el gasto corriente del Estado representa el 35% del PIB (al 2001), el peso de la burocracia estatal es uno de los mayores factores de estancamiento de la economía. Más aún cuando analizamos la composición del total de personas empleadas en Panamá y nos damos cuenta que sólo unos 405,913 del total de empleados pertenecen al sector privado formal, y el resto son empleados públicos, empleados domésticos y trabajadores informales. Nos damos cuenta, entonces, de por qué el Estado estrangula a los ciudadanos. Realmente sólo 400 mil personas en este país son los que mantienen a todo el andamiaje público, esto es una relación de 2 a 1 (por cada 2 empleados del sector privado, hay un funcionario público). El tamaño actual del Estado es insostenible, nos quedan dos alternativas posibles o reducir el tamaño del sector público o incrementar el tamaño del sector privado de forma que la relación trabajo / burocracia sea menos onerosa sobre tan pocos.
Frente a la realidad del insostenible tamaño del estado panameño, éste debe velar primordialmente por generar crecimiento económico, y proveer los requisitos básicos para que los ciudadanos generen su propia riqueza (seguridad, justicia, salud y educación). Frente a estos requisitos básicos y verdaderas obligaciones del buen gobierno es imprescindible aclarar que el crecimiento económico y la equidad son incompatibles.
La realidad es que los que primero se benefician del crecimiento económico son los mejor educados, con alcance a utilizar avances tecnológicos para incrementar su eficiencia, telecomunicaciones y servicios bancarios. Luego, estas ventajas absolutas de unos se extienden a otros miembros de la sociedad. Esa es la realidad de la economía de mercado y es como funcionan las cosas en las sociedades capitalistas.
Argumentar en pro de la equidad, que ciertos individuos ubicados por detrás de este proceso social adquieran más derechos que otros, es una abierta discriminación. Justificar que las necesidades de unos es un reclamo para otros, indudablemente encierra un atentado contra la libertad. Es diferenciar entre costos no contraídos y beneficios no ganados. La política social que el gobierno promueve consiste en que el Estado redistribuye ingresos extraídos de los sueldos, salarios y utilidades generados por los ciudadanos para transferirlos hacia un segmento de la población. Esta política no es sólo un ejercicio hacia el "neo-socialismo", pero representa un equivocado retroceso de nuestra tradición de país capitalista, basado en el desarrollo de la libre empresa. La política social del gobierno (incluida la Asamblea) no es sólo un mal ejercicio del poder y un desconocimiento absoluto de nuestra razón de ser como país, sino que representa un hecho inmoral, ya que esta ayuda se da luego que todos los ciudadanos decidieron libremente cómo, dónde y con quién trabajar: El Estado interviene, entonces, para quitar por la fuerza los ingresos de éstos para dárselos a otros porque no le gustó cómo quedó distribuida en primer lugar, la famosa redistribución de la riqueza. Quitarle a cualquiera sus bienes honestamente adquiridos o parte de ellos, con el pretexto de la ayuda social a los que menos tienen, es una violación de nuestro derecho a la propiedad y, por lo tanto, es una violación a nuestra libertad como ciudadanos de gastar lo que ganamos cómo y dónde queremos.
Si el gobierno verdaderamente quiere generar crecimiento económico y reactivar la economía, la solución es clara: a)reiniciar el proceso de privatización (con desmonopolización), b) disminuir el tamaño del sector público en un 50% en 5 años, c) liberalizar el código de trabajo, ch) abrir la migración para actividades de alta tecnología, d) eliminar el requisito de ciudadanía para ejercer profesiones (doctor, abogado, profesor universitario, etc), e) implantar de hecho el silencio administrativo positivo en trámites de más de 60 días, f)eliminar la ayuda social desde el Estado, g) eliminar los aranceles a la importación, h) promover y fortalecer la democracia mediante la postulación de candidatos independientes (sin que se requiera ser miembro de un partido político, principalmente para presidente del país), i ) finalmente, reducir todos los impuestos a un impuesto único de 5% sobre el consumo. Esta propuesta generará más recursos para los ciudadanos, nos hará más prósperos a todos y pondrá en poder de los ciudadanos la decisión de qué sectores de la población subsidiar, si se considera necesario. Esto va en sentido opuesto a la política del Estado de quitar recursos del individuo para luego repartirlos donde éste considera más apropiado. Dejemos los recursos donde mejor están, en los bolsillos de todos nosotros.
*Miembro de la Fundación Libertad
