Erosión del antimilitarismo
En el año 1992 presenté a la Asamblea el Proyecto de Acto Legislativo que pretendía eliminar el ejército, como parte del proceso de desmilitarización que se había propuesto el primer gobierno democrático después de veintiún años de dictadura. Aprovechando la oportunidad la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales decidió introducir nuevos elementos en la reforma; éstos la hicieron impopular y no fueron aprobadas en el referéndum de noviembre de ese año; también porque el rechazo de las reformas implicó un voto de censura al gobierno del Presidente Endara. Sin embargo, después de las elecciones de 1994, la Asamblea Legislativa que terminaba su periodo aprobó nuevamente la reforma constitucional, esta vez sin los añadidos anteriores, para someterla a la Asamblea que iniciaba con el nuevo gobierno. El Presidente Ernesto Pérez Balladares y su partido, tras momentos de oposición y de dubitación decidieron finalmente acuerpar la desmilitarización completa.
Cuando un gran cambio deja de ser un proyecto por el que se lucha arduamente para convertirse en un hecho cotidiano, nos acostumbramos tanto al mismo que ya no percibimos todo lo que hubo que realizar para ponerlo en práctica. Corremos entonces el riesgo de creerlo, sin mas, irreversible y que se mantendrá vigente por sí solo. Esto es precisamente sucedía –igual que hoy- con la desmilitarización de la seguridad pública en Panamá durante la presidencia de la señora Mireya Moscoso.
Entonces decidí realizar un acto público y solemne para celebrar un aniversario más de la eliminación del ejército al que invité a Oscar Arias, de Costa Rica, por la actitud antimilitarista propia y de su país. También convidé a Guillermo Endara, Pérez Balladares y Mireya Moscoso, a pesar de las contradicciones entre nosotros. A la señora Moscoso se le comunicó que se le reservaba el honor de culminar el acto. Asistieron, entre otros, los presidentes de la Corte y de la Asamblea, presidentes de partidos políticos, personalidades del Estado y cinco ex militares de las FFDD que se opusieron a Noriega y apoyaron la desmilitarización.
La gran ausente fue la presidenta en funciones Mireya Moscoso, quien ni siquiera envió un representante, todos los demás invitados asistieron y se cumplió el cometido deseado: reactivar en la conciencia dormida del pueblo panameño la convicción que las conquistas que no se cuidan, terminan por volverse a perder. ¿Será esto lo que está sucediendo a 20 años de iniciada la desmilitarización del país, en el quinto gobierno democrático post dictadura? Cuando en 1990 se llegó a la decisión de nombrar a un civil como Director General de la Policía no fue por perjuicio irracional, sino muy por el contrario por dura y dolorosa experiencia con los tres primeros uniformados que se designaron en el cargo, de quienes se tuvo que prescindir por distintos y graves motivos, por lo que se concluyó que si se quería una policía civil, uno de los elementos claves para lograrlo era la dirección de la Policía Nacional por un civil.
Antes de iniciar su mandato el Presidente electo Martín Torrijos anunció su intención de nombrar un uniformado en la Policía, pero la reacción en contra fue tal que se vio obligado a postergar este proyecto, y a siete meses antes de finalizar su gestión firmó varios decretos con el fin de reorganizar la seguridad estatal y poder cumplir con su original intención. Estos decretos de Gabinete, vigentes actualmente, constituyen un retroceso en la condición antimilitarista de Panamá, ya que según la Constitución organismos policiales especiales de tales características militarizantes, deben sólo crearse transitoriamente, y éstos, por contrario, tienen carácter permanente.
La erosión del antimilitarismo continúa y se acentúa con el gobierno actual al hacer nombramientos de importancia, y si no reaccionamos como sociedad civil, presentando nuestras objeciones y presionando a favor de las mismas las consecuencias futuras serán lamentables.
En lo personal mi posición ha sido que podría eventualmente ocupar el cargo supremo de la Policía un uniformado, cuando éste, la mayoría de los oficiales y miembros de la seguridad pública provengan de academias de policía y el país sienta más que respeto, orgullo por todos ellos. La experiencia prueba que este objetivo requiere en Panamá por lo menos más de una generación. Por ahora ensayos similares sólo traen desconfianza, desasosiego en la comunidad y desprestigio a la institución.
