Es hora de exigir responsabilidades
Un tribunal de arbitraje, integrado por distinguidos colegas del foro nacional, ha condenado a pagar en 30 días la suma de 32.5 millones a la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre., subsidiariamente al Estado panameño, como consecuencia por incumplimiento de contrato para construir terminal de transporte en Colón, que luego fue otorgada a otra empresa. Este millonario pago nos recuerda de otros pendientes que tiene el Estado por incumplimiento de contratos, como es el caso de la condena por 20 millones en el arbitraje entre el Estado y Van Dam y Sosa & Barbero, por la paralización del segundo puente sobre el Canal en los años 80, y los 17.1 millones que se le tienen que pagar a ICA por el camino de ruta del Corredor Sur.
Durante años ha habido condenas en contra del Estado o los municipios, causadas en la mayoría de los casos por la negligencia o la terquedad de los funcionarios de respetar la ley y, en donde el causante del daño causado a todos los contribuyentes, simplemente se va para su casa y su irresponsabilidad o negligencia o testarudez, terminó costándole mucho dinero al Estado y ese funcionario no recibe castigo alguno, ni criminal ni civil.
Recuerdo cuando en 1991 dejé de ser alcalde de Panamá, una abogada del Despacho Superior estaba en estado de gravidez, por lo que no podía ser destituida. Sin embargo, caprichosamente lo fue, causándole perjuicios por varios miles al Municipio que tuvieron que salir de su patrimonio, cuando la Corte Suprema de Justicia decretó la ilegalidad del despido. Así podemos mencionar muchísimos casos, sobre todo cuando se dan los cambios de gobierno o, simplemente, los cambios de jefes de los despachos. Durante la campaña política traje a colación el caso del edificio de la Asamblea Legislativa, en donde se adelantaron más de 1.5 millones y ni siquiera se puso la primera piedra del mentado edificio.
En el caso de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, el ex director Pablo Quintero Luna, señalado como el responsable de lo ocurrido en la terminal de Colón, inclusive se ha dicho por la actual administración de esa entidad que "el Estado panameño no hizo uso cabal de su derecho de defensa". Según el subdirector de la entidad, Ovigildo Herrera, la estrategia durante la administración de Quintero Luna fue "no contestar nada". Conozco de otro caso de arbitraje que se está ventilando en donde el encargado de la entidad está utilizando igual estrategia suicida.
Según Quintero Luna, el laudo arbitral es "inaudito e incompresible", porque "nunca se pudo dar una concesión de ese tipo porque la Ley 14 de 1999, que regula el transporte público, prohíbe la inversión extranjera en ese sector", preguntándose: "¿Cómo iba a dar una concesión a alguien que no tenía terrenos para desarrollar ese proyecto? Si Quintero Luna, además de decirlo al periodista que le preguntó, no se tomó la molestia de presentar sus descargos dentro del proceso arbitral, lo que diga ahora no vale un cuartillo de centavo. Por ello, considero que un caso que tanta lesión patrimonial puede causar al Estado, debe ser investigado de oficio por el Ministerio Público, para que se determine si estamos frente a un peculado culposo o frente a la omisión de deberes de parte del algún funcionario. Y de estar presente en algún tipo de esas falta, que se encause criminalmente a quien ocasionó tanto perjuicios al Estado.
Ya es hora que se comiencen a aplicar sanciones, tanto pecuniarias como penales, a quien son responsables de causar tanto daño al Estado. Lo vemos a diario. El MOP descubre que el puente sobre Albrook debe ser reparado porque sus cimientos no fueron bien construidos, ¿quién es el responsable? En una entidad estatal se ha encontrado más de 15 expedientes mal atendidos por la administración Moscoso, que en su mayoría tendrán sentencias negativas para el Estado panameño. ¿A quién culpar?
Además que el Ministerio Público debe iniciar una investigación sobre este asunto de Quintero Luna, se debe comenzar a legislar para que quienes se encuentren culpables de estos abusos, sean responsables frente a los mismos. Así es en derecho privado; ¿por qué no aplicar los mismos principios en derecho público?
(gacochez@cableonda.net)
Esta exportación de petróleo diaria salió vía las fronteras de dos aliados importantes de EU, Turquía y Jordania, así como las de Irán y de Siria, todos quienes han tenido lazos comerciales con Iraq y tuberías sobre la tierra -o debajo. Esto ocurrió con el conocimiento completo de la comunidad de inteligencia mundial. Reporteros que cubrieron reuniones de la OPEP abiertamente discutieron el contrabando de petróleo iraquí con los ministros de petróleo en Viena y con el mismo Benon Sevan.
Como una pieza editorial en el New York Times precisó el sábado, el informe interino incompleto de Volcker aún tiene que abordar cómo los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU se hacían la vista gorda. Las transgresiones fueron cometidas por las compañías petroleras más importantes del mundo con genealogía americana, británica, china, rusa y francesa. En vez, el reporte interino Volcker se ciñe en atacar a un funcionario de las Naciones Unidas y un comerciante solitario de petróleo en Ginebra.
Hay más. Las cantidades de petróleo citadas en el informe provisional como el tema de las reparticiones dudosas de la ONU ascienden a 0.1825% de las exportaciones iraquíes de petróleo, estimadas en un total de 4 mil millones barriles sobre el período de la acusación, una irrelevancia estadística en el mundo del petróleo.
¿Podría ser que la enemistad que se ha desarrollado en contra de Annan por la administración de Bush sea el motor de las acusaciones? Después de todo, fue el Secretario General quien tuvo el coraje para declarar la invasión de Iraq como una "guerra ilegal" y denunciar las escandalosas torturas que se practicaban contra iraquíes en la cárcel de Abu Graib.
El presidente de EU es un hombre de negocios petroleros millonario que sabe que esto es, en términos petroleros, una farsa. Igualmente Volcker. Señores, dennos más crédito.
(*) Fue corresponsal para el Medio Oriente del New York Times, editor de Energía para el Wall Street Journal y Senior Fellow del Council on Foreign Relations.
Durante años ha habido condenas en contra del Estado o los municipios, causadas en la mayoría de los casos por la negligencia o la terquedad de los funcionarios de respetar la ley y, en donde el causante del daño causado a todos los contribuyentes, simplemente se va para su casa y su irresponsabilidad o negligencia o testarudez, terminó costándole mucho dinero al Estado y ese funcionario no recibe castigo alguno, ni criminal ni civil.
Recuerdo cuando en 1991 dejé de ser alcalde de Panamá, una abogada del Despacho Superior estaba en estado de gravidez, por lo que no podía ser destituida. Sin embargo, caprichosamente lo fue, causándole perjuicios por varios miles al Municipio que tuvieron que salir de su patrimonio, cuando la Corte Suprema de Justicia decretó la ilegalidad del despido. Así podemos mencionar muchísimos casos, sobre todo cuando se dan los cambios de gobierno o, simplemente, los cambios de jefes de los despachos. Durante la campaña política traje a colación el caso del edificio de la Asamblea Legislativa, en donde se adelantaron más de 1.5 millones y ni siquiera se puso la primera piedra del mentado edificio.
En el caso de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, el ex director Pablo Quintero Luna, señalado como el responsable de lo ocurrido en la terminal de Colón, inclusive se ha dicho por la actual administración de esa entidad que "el Estado panameño no hizo uso cabal de su derecho de defensa". Según el subdirector de la entidad, Ovigildo Herrera, la estrategia durante la administración de Quintero Luna fue "no contestar nada". Conozco de otro caso de arbitraje que se está ventilando en donde el encargado de la entidad está utilizando igual estrategia suicida.
Según Quintero Luna, el laudo arbitral es "inaudito e incompresible", porque "nunca se pudo dar una concesión de ese tipo porque la Ley 14 de 1999, que regula el transporte público, prohíbe la inversión extranjera en ese sector", preguntándose: "¿Cómo iba a dar una concesión a alguien que no tenía terrenos para desarrollar ese proyecto? Si Quintero Luna, además de decirlo al periodista que le preguntó, no se tomó la molestia de presentar sus descargos dentro del proceso arbitral, lo que diga ahora no vale un cuartillo de centavo. Por ello, considero que un caso que tanta lesión patrimonial puede causar al Estado, debe ser investigado de oficio por el Ministerio Público, para que se determine si estamos frente a un peculado culposo o frente a la omisión de deberes de parte del algún funcionario. Y de estar presente en algún tipo de esas falta, que se encause criminalmente a quien ocasionó tanto perjuicios al Estado.
Ya es hora que se comiencen a aplicar sanciones, tanto pecuniarias como penales, a quien son responsables de causar tanto daño al Estado. Lo vemos a diario. El MOP descubre que el puente sobre Albrook debe ser reparado porque sus cimientos no fueron bien construidos, ¿quién es el responsable? En una entidad estatal se ha encontrado más de 15 expedientes mal atendidos por la administración Moscoso, que en su mayoría tendrán sentencias negativas para el Estado panameño. ¿A quién culpar?
Además que el Ministerio Público debe iniciar una investigación sobre este asunto de Quintero Luna, se debe comenzar a legislar para que quienes se encuentren culpables de estos abusos, sean responsables frente a los mismos. Así es en derecho privado; ¿por qué no aplicar los mismos principios en derecho público?
(gacochez@cableonda.net)
Esta exportación de petróleo diaria salió vía las fronteras de dos aliados importantes de EU, Turquía y Jordania, así como las de Irán y de Siria, todos quienes han tenido lazos comerciales con Iraq y tuberías sobre la tierra -o debajo. Esto ocurrió con el conocimiento completo de la comunidad de inteligencia mundial. Reporteros que cubrieron reuniones de la OPEP abiertamente discutieron el contrabando de petróleo iraquí con los ministros de petróleo en Viena y con el mismo Benon Sevan.
Como una pieza editorial en el New York Times precisó el sábado, el informe interino incompleto de Volcker aún tiene que abordar cómo los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU se hacían la vista gorda. Las transgresiones fueron cometidas por las compañías petroleras más importantes del mundo con genealogía americana, británica, china, rusa y francesa. En vez, el reporte interino Volcker se ciñe en atacar a un funcionario de las Naciones Unidas y un comerciante solitario de petróleo en Ginebra.
Hay más. Las cantidades de petróleo citadas en el informe provisional como el tema de las reparticiones dudosas de la ONU ascienden a 0.1825% de las exportaciones iraquíes de petróleo, estimadas en un total de 4 mil millones barriles sobre el período de la acusación, una irrelevancia estadística en el mundo del petróleo.
¿Podría ser que la enemistad que se ha desarrollado en contra de Annan por la administración de Bush sea el motor de las acusaciones? Después de todo, fue el Secretario General quien tuvo el coraje para declarar la invasión de Iraq como una "guerra ilegal" y denunciar las escandalosas torturas que se practicaban contra iraquíes en la cárcel de Abu Graib.
El presidente de EU es un hombre de negocios petroleros millonario que sabe que esto es, en términos petroleros, una farsa. Igualmente Volcker. Señores, dennos más crédito.
(*) Fue corresponsal para el Medio Oriente del New York Times, editor de Energía para el Wall Street Journal y Senior Fellow del Council on Foreign Relations.
