¿Es hora de vender las acciones del Estado?
Como parte de su plan económico, el gobierno de turno ha propuesto la venta del resto de las acciones de propiedad del Estado en las empresas privatizadas, a saber, sus acciones en Cable & Wireless Panamá, S.A. y en las empresas de distribución y generación eléctrica. La iniciativa es conveniente y oportuna, siempre que la venta se estructure de forma tal que se garantice la continuidad de la prestación de servicios de estas empresas, que la colocación de las acciones se realice por medio de una oferta pública nacional e internacional y que el producto de la venta sea depositado en el Fondo Fiduciario para el Desarrollo.
La venta de las acciones en la empresa de telecomunicación y las empresas eléctricas es la conclusión lógica del proceso iniciado por el gobierno anterior. De hecho, así lo contemplaba el programa iniciado por el gobierno perredista de Pérez Balladares, aunque no se haya dispuesto expresamente en las leyes que iniciaron el proceso privatizador, lo cual hubiera producido un desgaste político innecesario. Las empresas que participaron en las privatizaciones preguntaron, y fueron informadas sobre la intención del Estado de eventualmente colocar las acciones que retenía a través de los mercados de capitales. Sería por tanto demagógico para el Partido Revolucionario Democrático (PRD) oponerse ahora a la venta de dichas acciones.
Cada una de las empresas en las cuales el Estado mantiene una posición accionaria, cuenta con una concesión para la prestación de servicios de telecomunicación y distribución y generación de energía. Algunas, como la de telecomunicación y de distribución eléctrica, contemplan períodos de exclusividad, lo cual dio cabida para que las empresas que en la actualidad las operan, le pagaran al Estado las sumas millonarias que hoy forman parte del Fondo Fiduciario para el Desarrollo. Conviene vender dichas acciones mientras esas empresas mantengan su exclusividad y pueda por tanto haber inversionistas dispuestos a pagar una prima por esa ventaja.
Retener las acciones so pretexto de conservar algún grado de control o injerencia en el sector, sería erróneo por cuanto que ello corresponde hacerse a través del Ente Regulador y no como accionista, calidad esta que, en la práctica, es incompatible y produce un inaceptable grado de conflicto de intereses desde el momento en que el Estado debe velar por el interés público mientras que un accionista ha de guiarse por su propio interés.
Por lo anterior, tanto los legisladores de los partidos que apoyan al gobierno como los del PRD en oposición, deben recibir con beneplácito la iniciativa de vender en un futuro cercano las acciones en la telefónica Cable & Wireless Panamá, S.A. y las empresas de distribución y generación eléctrica. Lo que se haga luego con el producto de la venta ha de ser materia de otra consideración; aunque por lo pronto, ha de ir al Fondo Fiduciario.
La venta de las acciones en la empresa de telecomunicación y las empresas eléctricas es la conclusión lógica del proceso iniciado por el gobierno anterior. De hecho, así lo contemplaba el programa iniciado por el gobierno perredista de Pérez Balladares, aunque no se haya dispuesto expresamente en las leyes que iniciaron el proceso privatizador, lo cual hubiera producido un desgaste político innecesario. Las empresas que participaron en las privatizaciones preguntaron, y fueron informadas sobre la intención del Estado de eventualmente colocar las acciones que retenía a través de los mercados de capitales. Sería por tanto demagógico para el Partido Revolucionario Democrático (PRD) oponerse ahora a la venta de dichas acciones.
Cada una de las empresas en las cuales el Estado mantiene una posición accionaria, cuenta con una concesión para la prestación de servicios de telecomunicación y distribución y generación de energía. Algunas, como la de telecomunicación y de distribución eléctrica, contemplan períodos de exclusividad, lo cual dio cabida para que las empresas que en la actualidad las operan, le pagaran al Estado las sumas millonarias que hoy forman parte del Fondo Fiduciario para el Desarrollo. Conviene vender dichas acciones mientras esas empresas mantengan su exclusividad y pueda por tanto haber inversionistas dispuestos a pagar una prima por esa ventaja.
Retener las acciones so pretexto de conservar algún grado de control o injerencia en el sector, sería erróneo por cuanto que ello corresponde hacerse a través del Ente Regulador y no como accionista, calidad esta que, en la práctica, es incompatible y produce un inaceptable grado de conflicto de intereses desde el momento en que el Estado debe velar por el interés público mientras que un accionista ha de guiarse por su propio interés.
Por lo anterior, tanto los legisladores de los partidos que apoyan al gobierno como los del PRD en oposición, deben recibir con beneplácito la iniciativa de vender en un futuro cercano las acciones en la telefónica Cable & Wireless Panamá, S.A. y las empresas de distribución y generación eléctrica. Lo que se haga luego con el producto de la venta ha de ser materia de otra consideración; aunque por lo pronto, ha de ir al Fondo Fiduciario.
