¿Es inoperante la OEA?
Mientras la capital norteamericana festejaba su fecha cumbre, la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunía has la madrugada en una de sus sedes en Washington, muy cerca de los fuegos artificiales del 4 de Julio, para deliberar sobre la crisis causada en Honduras tras el golpe que depuso a su presidente constitucional, José Manuel Zelaya Rosales menos de una semana antes.
La experiencia y la sabiduría del Secretario General de la OEA desbordó en la presentación del informe de su visita a Tegucigalpa, capital de Honduras, para encontrar soluciones al conflicto, en donde se reunió con diversos sectores de la vida de ese país, llegando a la conclusión de que era inevitable el tomar sanciones contra el Estado hondureño, porque sus gobernantes de facto no accederían a reintegrar a Mel Zelaya como Presidente.
Para algunos, quizás desconocedores de las normas de Derecho Internacional vigentes, la abrupta expulsión de Zelaya, de su cargo presidencial, fue ampliamente promovida por el propio mandatario depuesto cuando, a pesar de haber recibido negativas de todas las instancias legales de su país para su proyecto reeleccionista, usó vías que algunos, incluso de su mismo partido, consideraron violatorias de la Constitución para lograr esos propósitos, totalmente particulares de él.
Sin embargo, de apoyar o guardar silencio la OEA un rompimiento institucional como el causado en Honduras contra Zelaya, constituiría la patente de corso que otros mandatarios latinoamericanos utilizarían para apoderarse por completo de las instituciones de su país sin que nadie les jale las orejas.
Visto lo anterior, esa noche ya amaneciendo el 5 de julio, la OEA, en su trigésimo período extraordinario de sesiones, profundamente preocupada por agravamiento de la crisis actual en Honduras como resultado del golpe de Estado y detención arbitraria y expulsión del país del Presidente Zelaya, por unanimidad decidió “suspender -de inmediato- al Estado de Honduras del ejercicio de su derecho de participación en la OEA de conformidad con el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana”. Al mismo tiempo instó al Secretario General para que, junto a representantes de varios países, intensifique todas las gestiones diplomáticas y promueva otras iniciativas para la restauración de la democracia en Honduras.
La posición del gobierno de Ricardo Martinelli fue muy clara: fomentemos el diálogo y evitemos cualquier tipo de intervencionismo de otros países que quieren sacar ventajas de la crisis de un país hermano. Por eso, en mi primer día en el cargo, fui enfático en expresar a la Asamblea General que con la presión de la OEA y el aislacionismo que tales acciones producirían para ese país, se encontrarían soluciones dramáticas y forzadas que ya han comenzado a dejar una estela de luto. Ese rol de la OEA, que hoy se ejercita en esta crisis basta y sobra para justificar su existencia.
