Esclavos del banano
A Mauro Romero, la última protesta sindical le costó una pierna. Trabajador ecuatoriano de 26 años, formaba parte de un grupo de empleados bananeros de la hacienda Los Álamos, que en mayo de este año promovieron una huelga en respuesta al despido de un centenar de compañeros que organizaron un sindicato. Romero resultó herido junto a otros doce compañeros cuando, nueve días después de iniciado el paro, 200 hombres armados irrumpieron en las plantaciones para disolver la huelga a balazos.
Sucesos como éste le han valido a Ecuador figurar entre los cinco países del mundo donde se cometen las más graves violaciones a los derechos sindicales, según el último informe del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Una distinción a la que han contribuido unos ínfimos niveles de sindicalización y unas leyes laborales que no cumplen con las mínimas exigencias de la legislación internacional. Sobre esta base, productores y exportadores, han hecho de Ecuador el primer exportador mundial de bananos.
Frente a otros países competidores como Colombia, Panamá y Guatemala, el mayor atractivo de Ecuador reside en su falta de sindicatos: un exiguo 1% de los trabajadores ecuatorianos es miembro de alguna organización sindical. En Colombia y Panamá el índice de sindicalización es cercano al 90%, y en Guatemala se sitúa en torno al 40%. Sólo Costa Rica, otro importante competidor, se acerca a los niveles ecuatorianos con un 6% de afiliación sindical.
Los trabajadores ecuatorianos no se organizan por miedo a represalias, y su falta de organización se convierte en garantía de vigencia para unas leyes laborales impropias de un régimen democrático. Los trabajadores tienen derecho a organizarse y, aunque no figure expresamente como tal en el Código de Trabajo, el mismo derecho tiene el empresario a despedirlos. La legislación ecuatoriana no exige la readmisión de un trabajador despedido por sus actividades sindicales, sólo el pago de una pequeña multa no superior a 400 dólares. El despido se convierte así en la respuesta más cómoda y habitual a la organización sindical.
Las irregularidades y ambigüedades de la legislación laboral han permitido la aparición en Ecuador de un trabajador de nuevo cuño: el "permanentemente eventual", que encadena contratos temporales durante años. Este campeón de la precariedad, ni tan siquiera goza de las escasas garantías por despido antisindical de las que dispone un trabajador permanente. El "permanentemente eventual" sindicalizado no sería despedido, sería, técnicamente, no recontratado.
El panorama laboral es tan desolador en Ecuador que la campaña sindical que precedió a la huelga en Los Álamos representa un hito en la historia reciente del sindicalismo ecuatoriano. Después de cinco años de inactividad sindical, en abril de este año, 1,400 trabajadores organizaron un sindicato en siete plantaciones. No exigían sino el cumplimiento de sus derechos legítimos recogidos en la legislación. La respuesta de la compañía no se hizo esperar: despido inmediato para ciento veinticuatro trabajadores y no recontratar a eventuales. Después vendría la huelga en respuesta a los despidos, y la intervención de los "paramilitares" para disolverla.
En circunstancias normales es probable que este suceso no hubiera trascendido, pero el escándalo salpicó a uno de los candidatos a las elecciones presidenciales de Ecuador. Los Álamos pertenece a la compañía Bonita Banana, propiedad de Álvaro Noboa, que entonces aspiraba a vencer en los comicios, por delante del ahora presidente electo Lucio Gutiérrez.
Noboa trató de presentar lo sucedido como parte de una campaña para desprestigiar su candidatura presidencial. Al más puro estilo "bananero", organizó una fiesta en su hacienda e invitó a la prensa para que comprobara cómo en sus propiedades se trabajaba en paz. Incluso contrató un espacio de televisión para difundir imágenes de la fiesta con testimonios de campesinos complacientes.
El pasado mes de octubre concluyó la investigación sobre el asalto a Los Álamos, con dieciséis de los invasores condenados, pero sin aclarar quién les instigó y financió. Noboa salió impune.
Ese mismo mes recibió, sin embargo, el castigo de la ciudadanía en las urnas. El nuevo presidente Lucio Gutiérrez, que ha adquirido grandes compromisos con su pueblo, se enfrenta ahora al reto de llevar a cabo una reforma a fondo de la legislación laboral que garantice a los trabajadores el ejercicio de sus derechos. Tarea que se antoja complicada frente a la presión de las grandes compañías exportadoras (Bonita, Dole, Chiquita, Del Monte, La Favorita) que se reparten el mercado mundial y que encuentran en la endeble legislación ecuatoriana una importante ventaja.
*Agencia de Información Solidaria
(iñigoherraiz@hotmail.com)
Cuenta Vicente que los jefes tienen poderes extraordinarios que pueden ser utilizados para lo que quieran, pero que solamente los aplican en la protección del pueblo y "no para hacer maldad". Relató que hace muchos años unos norteamericanos llegaron a explotar una mina de oro pero "los jefes les dejaron inmóvil el helicóptero en pleno vuelo, eso fue por varias horas y cuando los soltaron, se fueron y no volvieron".
Actualmente, la forma de hacer justicia ha cambiado, aunque los "Corcua", brujos o médicos existen, ya no se practican castigos extremos como la muerte. Antes, los que mataban, pagaban su delito con la muerte; un familiar apelaba al médico y en menos de tres días aunque saliera huyendo, el victimario también moría de manera misteriosa.
Antiguamente los muertos eran llevados montaña adentro hasta una gruta llamada Tapeco Santo y eran forrados por los "Sucur" o cantores, en hojas y bejucos. Allí se les dejaba y cuando transcurría un año se buscaban los huesos y se hacía una fiesta de ocho días en memoria del muerto.
Durante la fiesta se compartían las gallinas, puercos y otras propiedades que dejara el difunto. Huesos de animales eran depositados en un hueco junto a los huesos del difunto como símbolo de alegría.
La "abuela" como cariñosamente se le conoce, tiene aproximadamente 90 años. Es madre de Vicente, José María y otros siete hijos. Dos murieron y le sobreviven cuatro hombres y tres mujeres. Tiene más 50 nietos y 25 tataranietos y es hoy por hoy, el orgullo del pueblo Bribri.
... A finales de 1998 se aprueba la ley que faculta al presidente de la Corte Suprema de Justicia para nombrar al director y subdirector de la PTJ. El año 1999 será recordado como uno de los más polémicos y políticos dentro de la PTJ cuando se agravan las disputas entre el director de la PTJ, Alejandro Moncada Luna y el jefe del Ministerio Público, José Antonio Sossa.
... En julio de ese año, el procurador José Antonio Sossa allanó las oficinas de la PTJ en conjunto con los fiscales de la institución en busca de información sobre un detenido que estaba en las instalaciones de la entidad. . Sossa solicita a la Sala IV de la Corte Suprema de Justicia la destitución del jefe de la PTJ, mientras que Alejandro Moncada Luna denuncia a Sossa por extralimitación de funciones. La crisis sigue y el procurador ordena retirar las armas de guerra de la PTJ y pide eliminar los grupos SWAT que existen dentro de la PTJ.
... La Sala IV de la Corte Suprema de Justicia niega la petición de Sossa para destituir a Moncada Luna.
... La crisis concluye en abril del 2000 con la salida del director de la PTJ, quien es destituido por Sossa tras lograr el visto bueno de la Corte luego de otro intento. ... El nuevo director de la PTJ, Emilio De León, advierte que la entidad ha sido penetrada por el narcotráfico y anuncia una depuración a lo interno. ... A finales del 2001 desmantelan una banda compuesta por ex miembros de la PTJ y la Dirección de Información e Investigación Policial, dedicada a la comisión de asaltos en los corredores Norte y Sur.
... Para el 2002 la Contraloría encuentra irregularidades administrativas en la PTJ. ... El nuevo director de la PTJ, Rodolfo Aguilera, promete depurar la institución. ... Dos agentes de la PTJ son separados de sus cargos por actos de corrupción, particularmente por la entrega de B/.5 mil falsos.
... A mitad del 2002, la Fiscalía Auxiliar abre una investigación contra agentes de la PTJ por el presunto cobro de coimas, y alterar evidencias en casos de homicidios cometidos en la capital. ... Para octubre de este año Aguilera inicia una serie de investigaciones y destituye cerca de 100 agentes involucrados en casos de corrupción.
*En este trabajo participaron Carlos Vargas, Yariela González y Eizabeth Muñoz de Lao.
Sucesos como éste le han valido a Ecuador figurar entre los cinco países del mundo donde se cometen las más graves violaciones a los derechos sindicales, según el último informe del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Una distinción a la que han contribuido unos ínfimos niveles de sindicalización y unas leyes laborales que no cumplen con las mínimas exigencias de la legislación internacional. Sobre esta base, productores y exportadores, han hecho de Ecuador el primer exportador mundial de bananos.
Frente a otros países competidores como Colombia, Panamá y Guatemala, el mayor atractivo de Ecuador reside en su falta de sindicatos: un exiguo 1% de los trabajadores ecuatorianos es miembro de alguna organización sindical. En Colombia y Panamá el índice de sindicalización es cercano al 90%, y en Guatemala se sitúa en torno al 40%. Sólo Costa Rica, otro importante competidor, se acerca a los niveles ecuatorianos con un 6% de afiliación sindical.
Los trabajadores ecuatorianos no se organizan por miedo a represalias, y su falta de organización se convierte en garantía de vigencia para unas leyes laborales impropias de un régimen democrático. Los trabajadores tienen derecho a organizarse y, aunque no figure expresamente como tal en el Código de Trabajo, el mismo derecho tiene el empresario a despedirlos. La legislación ecuatoriana no exige la readmisión de un trabajador despedido por sus actividades sindicales, sólo el pago de una pequeña multa no superior a 400 dólares. El despido se convierte así en la respuesta más cómoda y habitual a la organización sindical.
Las irregularidades y ambigüedades de la legislación laboral han permitido la aparición en Ecuador de un trabajador de nuevo cuño: el "permanentemente eventual", que encadena contratos temporales durante años. Este campeón de la precariedad, ni tan siquiera goza de las escasas garantías por despido antisindical de las que dispone un trabajador permanente. El "permanentemente eventual" sindicalizado no sería despedido, sería, técnicamente, no recontratado.
El panorama laboral es tan desolador en Ecuador que la campaña sindical que precedió a la huelga en Los Álamos representa un hito en la historia reciente del sindicalismo ecuatoriano. Después de cinco años de inactividad sindical, en abril de este año, 1,400 trabajadores organizaron un sindicato en siete plantaciones. No exigían sino el cumplimiento de sus derechos legítimos recogidos en la legislación. La respuesta de la compañía no se hizo esperar: despido inmediato para ciento veinticuatro trabajadores y no recontratar a eventuales. Después vendría la huelga en respuesta a los despidos, y la intervención de los "paramilitares" para disolverla.
En circunstancias normales es probable que este suceso no hubiera trascendido, pero el escándalo salpicó a uno de los candidatos a las elecciones presidenciales de Ecuador. Los Álamos pertenece a la compañía Bonita Banana, propiedad de Álvaro Noboa, que entonces aspiraba a vencer en los comicios, por delante del ahora presidente electo Lucio Gutiérrez.
Noboa trató de presentar lo sucedido como parte de una campaña para desprestigiar su candidatura presidencial. Al más puro estilo "bananero", organizó una fiesta en su hacienda e invitó a la prensa para que comprobara cómo en sus propiedades se trabajaba en paz. Incluso contrató un espacio de televisión para difundir imágenes de la fiesta con testimonios de campesinos complacientes.
El pasado mes de octubre concluyó la investigación sobre el asalto a Los Álamos, con dieciséis de los invasores condenados, pero sin aclarar quién les instigó y financió. Noboa salió impune.
Ese mismo mes recibió, sin embargo, el castigo de la ciudadanía en las urnas. El nuevo presidente Lucio Gutiérrez, que ha adquirido grandes compromisos con su pueblo, se enfrenta ahora al reto de llevar a cabo una reforma a fondo de la legislación laboral que garantice a los trabajadores el ejercicio de sus derechos. Tarea que se antoja complicada frente a la presión de las grandes compañías exportadoras (Bonita, Dole, Chiquita, Del Monte, La Favorita) que se reparten el mercado mundial y que encuentran en la endeble legislación ecuatoriana una importante ventaja.
*Agencia de Información Solidaria
(iñigoherraiz@hotmail.com)
Cuenta Vicente que los jefes tienen poderes extraordinarios que pueden ser utilizados para lo que quieran, pero que solamente los aplican en la protección del pueblo y "no para hacer maldad". Relató que hace muchos años unos norteamericanos llegaron a explotar una mina de oro pero "los jefes les dejaron inmóvil el helicóptero en pleno vuelo, eso fue por varias horas y cuando los soltaron, se fueron y no volvieron".
Actualmente, la forma de hacer justicia ha cambiado, aunque los "Corcua", brujos o médicos existen, ya no se practican castigos extremos como la muerte. Antes, los que mataban, pagaban su delito con la muerte; un familiar apelaba al médico y en menos de tres días aunque saliera huyendo, el victimario también moría de manera misteriosa.
Antiguamente los muertos eran llevados montaña adentro hasta una gruta llamada Tapeco Santo y eran forrados por los "Sucur" o cantores, en hojas y bejucos. Allí se les dejaba y cuando transcurría un año se buscaban los huesos y se hacía una fiesta de ocho días en memoria del muerto.
Durante la fiesta se compartían las gallinas, puercos y otras propiedades que dejara el difunto. Huesos de animales eran depositados en un hueco junto a los huesos del difunto como símbolo de alegría.
La "abuela" como cariñosamente se le conoce, tiene aproximadamente 90 años. Es madre de Vicente, José María y otros siete hijos. Dos murieron y le sobreviven cuatro hombres y tres mujeres. Tiene más 50 nietos y 25 tataranietos y es hoy por hoy, el orgullo del pueblo Bribri.
... A finales de 1998 se aprueba la ley que faculta al presidente de la Corte Suprema de Justicia para nombrar al director y subdirector de la PTJ. El año 1999 será recordado como uno de los más polémicos y políticos dentro de la PTJ cuando se agravan las disputas entre el director de la PTJ, Alejandro Moncada Luna y el jefe del Ministerio Público, José Antonio Sossa.
... En julio de ese año, el procurador José Antonio Sossa allanó las oficinas de la PTJ en conjunto con los fiscales de la institución en busca de información sobre un detenido que estaba en las instalaciones de la entidad. . Sossa solicita a la Sala IV de la Corte Suprema de Justicia la destitución del jefe de la PTJ, mientras que Alejandro Moncada Luna denuncia a Sossa por extralimitación de funciones. La crisis sigue y el procurador ordena retirar las armas de guerra de la PTJ y pide eliminar los grupos SWAT que existen dentro de la PTJ.
... La Sala IV de la Corte Suprema de Justicia niega la petición de Sossa para destituir a Moncada Luna.
... La crisis concluye en abril del 2000 con la salida del director de la PTJ, quien es destituido por Sossa tras lograr el visto bueno de la Corte luego de otro intento. ... El nuevo director de la PTJ, Emilio De León, advierte que la entidad ha sido penetrada por el narcotráfico y anuncia una depuración a lo interno. ... A finales del 2001 desmantelan una banda compuesta por ex miembros de la PTJ y la Dirección de Información e Investigación Policial, dedicada a la comisión de asaltos en los corredores Norte y Sur.
... Para el 2002 la Contraloría encuentra irregularidades administrativas en la PTJ. ... El nuevo director de la PTJ, Rodolfo Aguilera, promete depurar la institución. ... Dos agentes de la PTJ son separados de sus cargos por actos de corrupción, particularmente por la entrega de B/.5 mil falsos.
... A mitad del 2002, la Fiscalía Auxiliar abre una investigación contra agentes de la PTJ por el presunto cobro de coimas, y alterar evidencias en casos de homicidios cometidos en la capital. ... Para octubre de este año Aguilera inicia una serie de investigaciones y destituye cerca de 100 agentes involucrados en casos de corrupción.
*En este trabajo participaron Carlos Vargas, Yariela González y Eizabeth Muñoz de Lao.
