Escogencia de magistrados
Mientras la presidenta saliente de la Corte Suprema de Justicia no pierde oportunidad de declarar a los cuatro vientos su desesperación por ser "reelecta" -por diez años más- como magistrada de la máxima corporación de justicia del país (ver El Panamá América del 27/9/2001); el también saliente Ministro de Gobierno y Justicia se anuncia y promueve como futuro magistrado porque, según él mismo se encarga de afirmar: "reúno las condiciones".
Un total de cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia verán finalizar sus términos en los próximos 26 meses. La situación que vive el Organo Judicial ha sido y es analizada constantemente por los profesionales del Derecho, pero es sufrida cotidianamente de mil maneras por las personas naturales y jurídicas. Como bien nos enseña el catedrático Pedro Barsallo, en su trabajo sobre "Problemas de la Administración de Justicia": "El factor determinante de la ineficiencia actual en la administración de justicia es la total ausencia de una voluntad política decidida a que el Estado, como un todo, cumpla cabalmente con una de sus obligaciones esenciales: la función pública del ejercicio de la jurisdicción y el servicio público de administrar justicia"
Cobra, entonces, especial importancia el manifiesto dado a la luz pública, bajo el título de "Un Organo Judicial independiente: un compromiso de Estado" por un número plural de organizaciones, gremios y asociaciones profesionales, académicas y laborales, entre las cuales contamos al Colegio Nacional de Abogados, la Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá, la Federación Nacional de Servidores Públicos, el Consejo Nacional de la Empresa Privada y sus 28 organizaciones; la Comisión de Justicia y Paz; el Comité Panameño por los Derechos Humanos, el Instituto de Criminología, la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, el Centro de Asistencia Legal Popular, la Fundación para la Libertad Ciudadana, la Universidad Santa María La Antigua; la Universidad para la Paz y la Asociación Panameña de Derecho Constitucional. En ella leemos que: "Preocupados por la actual percepción ciudadana sobre la falta de independencia de quienes deben ejercer la sagrada misión de administrar justicia en nuestro país, y tomando en cuenta que un sistema eficaz e imparcial de Administración de Justicia es fundamental para preservar el Estado de Derecho, mejorar el clima de seguridad jurídica, promover la inversión, el crecimiento económico y la justicia en la nación panameña, las organizaciones abajo firmantes, queremos compartir con la opinión pública nuestra posición sobre la próxima designación y ratificación de dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia".
"Reconocemos que la responsabilidad en la escogencia de estos funcionarios, según lo establece nuestra Constitución Política, corresponde de manera privativa al Organo Ejecutivo y su ratificación al Legislativo. Sin embargo, hacemos un llamado respetuoso a los órganos Ejecutivo y Legislativo para que en esta nueva oportunidad que se brinda, se le devuelva la credibilidad y confianza al país con ocasión de la próxima designación y ratificación de dos magistrados para la Corte Suprema de Justicia.
Consideramos que, además de los requisitos establecidos en nuestra Carta Magna, cuyo sistema merece de manera urgente una reforma o una reglamentación, los candidatos o candidatas en el futuro inmediato deben contar, entre otros atributos, con el siguiente perfil:
Independencia de criterio: Debe ser una persona independiente de los intereses de los partidos políticos. Los magistrados designados deben sentir que su designación obedece a su capacidad y ejecutorias como juristas y no a su vinculación política.
Integridad: Debe conocer, ser consciente y respetuoso de los derechos fundamentales de los ciudadanos y, en el ejercicio de funciones públicas y privadas, debe haber actuado en estricto cumplimiento de la Constitución y la Ley.
ticos: Debe ser una persona con probada conducta ética en su vida pública y privada, y debe estar dispuesto al escrutinio de la misma. Profesionales: Haber ejercido el derecho con experiencia y éxito demostrado a través de su actividad profesional como jurista, educador o funcionario judicial. Académicos: Su formación académica debe ser excelente, y contar con una demostrada habilidad en la investigación jurídica.
Conociendo la importancia que en la sociedad tiene el "rgano Judicial, para garantizar la seguridad y certeza jurídica que requiere la inversión nacional y extranjera, somos de opinión que la selección rigurosa que haga el Ejecutivo de los candidatos debe tomar en cuenta, además de la formación jurídica, una trayectoria prístina y un apego permanente a los ideales de justicia, lo que significa una probada independencia de criterio, ya que en el ejercicio de sus funciones estos funcionarios deben decidir negocios jurídicos de la mayor importancia". El manifiesto concluye diciendo que: "Confiamos en que quienes dirigen los destinos de la República, contribuyan a que se concilien los más caros anhelos de justicia, que con justificación la ciudadanía demanda". Ojalá y las cúpulas del arnulfismo y el PRD en sus negociaciones de repartición de posiciones, no olviden el clamor de la voz del pueblo.
Un total de cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia verán finalizar sus términos en los próximos 26 meses. La situación que vive el Organo Judicial ha sido y es analizada constantemente por los profesionales del Derecho, pero es sufrida cotidianamente de mil maneras por las personas naturales y jurídicas. Como bien nos enseña el catedrático Pedro Barsallo, en su trabajo sobre "Problemas de la Administración de Justicia": "El factor determinante de la ineficiencia actual en la administración de justicia es la total ausencia de una voluntad política decidida a que el Estado, como un todo, cumpla cabalmente con una de sus obligaciones esenciales: la función pública del ejercicio de la jurisdicción y el servicio público de administrar justicia"
Cobra, entonces, especial importancia el manifiesto dado a la luz pública, bajo el título de "Un Organo Judicial independiente: un compromiso de Estado" por un número plural de organizaciones, gremios y asociaciones profesionales, académicas y laborales, entre las cuales contamos al Colegio Nacional de Abogados, la Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá, la Federación Nacional de Servidores Públicos, el Consejo Nacional de la Empresa Privada y sus 28 organizaciones; la Comisión de Justicia y Paz; el Comité Panameño por los Derechos Humanos, el Instituto de Criminología, la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, el Centro de Asistencia Legal Popular, la Fundación para la Libertad Ciudadana, la Universidad Santa María La Antigua; la Universidad para la Paz y la Asociación Panameña de Derecho Constitucional. En ella leemos que: "Preocupados por la actual percepción ciudadana sobre la falta de independencia de quienes deben ejercer la sagrada misión de administrar justicia en nuestro país, y tomando en cuenta que un sistema eficaz e imparcial de Administración de Justicia es fundamental para preservar el Estado de Derecho, mejorar el clima de seguridad jurídica, promover la inversión, el crecimiento económico y la justicia en la nación panameña, las organizaciones abajo firmantes, queremos compartir con la opinión pública nuestra posición sobre la próxima designación y ratificación de dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia".
"Reconocemos que la responsabilidad en la escogencia de estos funcionarios, según lo establece nuestra Constitución Política, corresponde de manera privativa al Organo Ejecutivo y su ratificación al Legislativo. Sin embargo, hacemos un llamado respetuoso a los órganos Ejecutivo y Legislativo para que en esta nueva oportunidad que se brinda, se le devuelva la credibilidad y confianza al país con ocasión de la próxima designación y ratificación de dos magistrados para la Corte Suprema de Justicia.
Consideramos que, además de los requisitos establecidos en nuestra Carta Magna, cuyo sistema merece de manera urgente una reforma o una reglamentación, los candidatos o candidatas en el futuro inmediato deben contar, entre otros atributos, con el siguiente perfil:
Independencia de criterio: Debe ser una persona independiente de los intereses de los partidos políticos. Los magistrados designados deben sentir que su designación obedece a su capacidad y ejecutorias como juristas y no a su vinculación política.
Integridad: Debe conocer, ser consciente y respetuoso de los derechos fundamentales de los ciudadanos y, en el ejercicio de funciones públicas y privadas, debe haber actuado en estricto cumplimiento de la Constitución y la Ley.
ticos: Debe ser una persona con probada conducta ética en su vida pública y privada, y debe estar dispuesto al escrutinio de la misma. Profesionales: Haber ejercido el derecho con experiencia y éxito demostrado a través de su actividad profesional como jurista, educador o funcionario judicial. Académicos: Su formación académica debe ser excelente, y contar con una demostrada habilidad en la investigación jurídica.
Conociendo la importancia que en la sociedad tiene el "rgano Judicial, para garantizar la seguridad y certeza jurídica que requiere la inversión nacional y extranjera, somos de opinión que la selección rigurosa que haga el Ejecutivo de los candidatos debe tomar en cuenta, además de la formación jurídica, una trayectoria prístina y un apego permanente a los ideales de justicia, lo que significa una probada independencia de criterio, ya que en el ejercicio de sus funciones estos funcionarios deben decidir negocios jurídicos de la mayor importancia". El manifiesto concluye diciendo que: "Confiamos en que quienes dirigen los destinos de la República, contribuyan a que se concilien los más caros anhelos de justicia, que con justificación la ciudadanía demanda". Ojalá y las cúpulas del arnulfismo y el PRD en sus negociaciones de repartición de posiciones, no olviden el clamor de la voz del pueblo.
