Escondiéndose del pueblo
La decisión de las autoridades gubernamentales de ordenar el arresto -declarado luego ilegal por el Tribunal Superior de Las Tablas- de cuatro periodistas, en los predios de la "residencia presidencial" ubicada en Punta Mala es, entre otras cosas, una abierta manifestación de la absoluta ausencia de respeto a principios básicos que deben guiar a nuestra sociedad si se quiere alcanzar un verdadero Estado de Derecho y del querer gobernar escondiéndose del pueblo. En efecto, mientras en la capital de la República la Defensoría del Pueblo desarrollaba un seminario sobre " Libertad de Expresión y Democracia", con la presencia como invitado especial del relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Eduardo Bertoni; en Punta Mala -a menos de 300 kilómetros- se vulneraba flagrantemente los más elementales principios de libertad de expresión y del derecho a la información por parte del Ministro de Gobierno y Justicia, del Director de la PTJ, del Director de la Policía Nacional, del Director del Servicio de Protección Institucional, entre otros funcionarios públicos.
Cada día resulta más inadmisible en nuestro país, la facilidad con la que ciertos funcionarios pisotean la libertad de expresión, el derecho a la información, olvidando así que los Derechos Humanos no serán sometidos, convenga o no convenga a quienes gobiernan. Así lo reafirma la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, al señalar que: " La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública...Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opiciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre."
La facilidad y la rapidez con la que las autoridades han pretendido convertir en un "crimen" y en un "atentado contra la personalidad interna del Estado", toda labor informativa cuando ésta busca acceder a la información en poder del Estado es una prueba fehaciente que para ellas -las autoridades- la libertad de expresión y el derecho a la información no son derechos fundamentales, sino una concesión del Estado, una gracia de los gobernantes. La proclividad a querer aplicar leyes represivas -so pretexto de proteger el honor de los funcionarios públicos que actúan en carácter oficial- les otorga un "derecho" a la protección del que no disponemos los demás integrantes de la sociedad. Pretenden hacernos olvidar que los funcionarios públicos merecen menos -no más- protección de informes y comentarios periodísticos que los ciudadanos comunes. Olvidan así ellos también que, al haber llegado a las posiciones oficiales, se convierten en los sirvientes del pueblo, no en sus amos como pretenden.
¿Qué tendremos que hacer los habitantes de Panamá para hacerle entender a los gobernantes -actuales y futuros- que la democracia y la prosperidad económica son imposibles sin el rendimiento de cuentas por parte de los líderes políticos, la transparencia en las transacciones comerciales y la vigorosa discusión pública de temas y opciones? ¿Cómo explicarle y hacerle entender a los gobernantes y a los aspirantes que para construir la democracia hay que tratar de evitar no la discreción, sino el secretismo, el pacto secreto, el hecho de que haya esferas, que haya bienes, fondos, procedimientos que aprovechándose de la complejidad de la burocracia, se hurten al control de los ciudadanos y a la comprensión de los mismos?
La tarea no resulta nada fácil y mucho menos cuando hay personas que alcanzan un puesto público y siguen pensando no con mentalidad ya de gobierno, o sea, del conjunto de la sociedad, sino con la mentalidad de "su partido" y en función de sus más bajos intereses personales. Además, cuando se utilizan los recursos públicos para pisotear la dignidad de la persona.
Las sistemáticas actuaciones que se vienen desarrollando en contra de los más elementales principios que deben guiar a un verdadero Estado de Derecho son muy preocupantes. El discurso gubernamental es cada vez más extremista y amenazador de las libertades democráticas de todos los ciudadanos. Interesados y preocupados más por esconderse del pueblo y por esconderle a este sus actuaciones como funcionarios públicos, buscan afanosamente usar los poderes para limitar la libertad de expresión y el derecho a la información y caen en el abuso.
El caso de Punta Mala es fundamentalmente eso: el abuso de autoridad, la extralimitación de funciones, la censura, la represión de las ideas, el querer castigar la libertad de expresión. Hace tres siglos, John Stuart Mill expresó claramente: "No son las mentes de los herejes las más deterioradas por la población...Mayor es el daño que se inflige a quienes no son herejes, cuyo desarrollo mental se trunca y su razón se amedrenta por temor a la herejía. No puede ser un gran pensador un hombre que no reconozca que, en tanto que pensador, su deber primordial es seguir los dictados de su intelecto a cualquiera sea la conclusión que lo conduzca. La verdad se enaltece más con los errores de quien, con debido estudio y preparación, piensa por sí mimo, que con las opiniones verídicas de aquellos que las sostienen únicamente porque no se toman la molestia de pensar."
(mabernal@sinfo.net)
Cada día resulta más inadmisible en nuestro país, la facilidad con la que ciertos funcionarios pisotean la libertad de expresión, el derecho a la información, olvidando así que los Derechos Humanos no serán sometidos, convenga o no convenga a quienes gobiernan. Así lo reafirma la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, al señalar que: " La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública...Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opiciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre."
La facilidad y la rapidez con la que las autoridades han pretendido convertir en un "crimen" y en un "atentado contra la personalidad interna del Estado", toda labor informativa cuando ésta busca acceder a la información en poder del Estado es una prueba fehaciente que para ellas -las autoridades- la libertad de expresión y el derecho a la información no son derechos fundamentales, sino una concesión del Estado, una gracia de los gobernantes. La proclividad a querer aplicar leyes represivas -so pretexto de proteger el honor de los funcionarios públicos que actúan en carácter oficial- les otorga un "derecho" a la protección del que no disponemos los demás integrantes de la sociedad. Pretenden hacernos olvidar que los funcionarios públicos merecen menos -no más- protección de informes y comentarios periodísticos que los ciudadanos comunes. Olvidan así ellos también que, al haber llegado a las posiciones oficiales, se convierten en los sirvientes del pueblo, no en sus amos como pretenden.
¿Qué tendremos que hacer los habitantes de Panamá para hacerle entender a los gobernantes -actuales y futuros- que la democracia y la prosperidad económica son imposibles sin el rendimiento de cuentas por parte de los líderes políticos, la transparencia en las transacciones comerciales y la vigorosa discusión pública de temas y opciones? ¿Cómo explicarle y hacerle entender a los gobernantes y a los aspirantes que para construir la democracia hay que tratar de evitar no la discreción, sino el secretismo, el pacto secreto, el hecho de que haya esferas, que haya bienes, fondos, procedimientos que aprovechándose de la complejidad de la burocracia, se hurten al control de los ciudadanos y a la comprensión de los mismos?
La tarea no resulta nada fácil y mucho menos cuando hay personas que alcanzan un puesto público y siguen pensando no con mentalidad ya de gobierno, o sea, del conjunto de la sociedad, sino con la mentalidad de "su partido" y en función de sus más bajos intereses personales. Además, cuando se utilizan los recursos públicos para pisotear la dignidad de la persona.
Las sistemáticas actuaciones que se vienen desarrollando en contra de los más elementales principios que deben guiar a un verdadero Estado de Derecho son muy preocupantes. El discurso gubernamental es cada vez más extremista y amenazador de las libertades democráticas de todos los ciudadanos. Interesados y preocupados más por esconderse del pueblo y por esconderle a este sus actuaciones como funcionarios públicos, buscan afanosamente usar los poderes para limitar la libertad de expresión y el derecho a la información y caen en el abuso.
El caso de Punta Mala es fundamentalmente eso: el abuso de autoridad, la extralimitación de funciones, la censura, la represión de las ideas, el querer castigar la libertad de expresión. Hace tres siglos, John Stuart Mill expresó claramente: "No son las mentes de los herejes las más deterioradas por la población...Mayor es el daño que se inflige a quienes no son herejes, cuyo desarrollo mental se trunca y su razón se amedrenta por temor a la herejía. No puede ser un gran pensador un hombre que no reconozca que, en tanto que pensador, su deber primordial es seguir los dictados de su intelecto a cualquiera sea la conclusión que lo conduzca. La verdad se enaltece más con los errores de quien, con debido estudio y preparación, piensa por sí mimo, que con las opiniones verídicas de aquellos que las sostienen únicamente porque no se toman la molestia de pensar."
(mabernal@sinfo.net)
