Ese día de los temblores
El Istmo de Panamá está ubicado en una microplaca tectónica llamada Bloque de Panamá. Un vistazo al mapa de sismicidad del país, que registra la cantidad y localización de sismos entre 1982 a la fecha, muestra una densa concentración de temblores a lo largo de la frontera panameña con Costa Rica, específicamente entre las provincias de Puntarenas (Costa Rica) y Chiriquí (Panamá). Esta densificación de sismos se hace mayor a lo largo de la división de las aguas estipuladas por el Fallo White como límite internacional entre ambos países, afectando dos hermosos y productivos valles: El Valle de Coto-Colorado en Puntarenas, y el Valle de Chiriquí Viejo en la provincia chiricana.
El riesgo sísmico en Chiriquí es elevado, ya que la extensión de la Zona de Fractura de Panamá prosigue tierra adentro del Golfo de Chiriquí. Esta zona ha sido sacudida por severos movimientos, entre ellos el sismo del 26 de junio de 1871, el del 18 de julio de 1934 y el del 1 de julio de 1979. Además, en 1934 y 1962 la costa de Puerto Armuelles fue golpeada por tsunamis, olas gigantes inducidas por sismo. También el 31 de julio de 2002, una extensa zona del distrito de Barú fue afectada por un fuerte temblor, ocasionando pérdidas materiales en la zona bananera y áreas aledañas.
El Reglamento Estructural Panameño, REP-94 , califica a las zonas de Chiriquí y Darién como de alto riesgo, lo que obliga a tomar consideraciones especiales en cuanto a diseño, construcción y control de calidad de obras civiles en sitio.
En todo el interior de Panamá persisten prácticas constructivas perniciosas, tales como la utilización de balasto de río para mezclas pobres de concreto, fundaciones sin refuerzo, reemplazo de columnas estructurales por columnas de bloque para economizar el uso de formaletas, viviendas sin vigas de amarre e instalaciones eléctricas deficientes.
Los suelos, en su mayoría, en el área densamente habitada del occidente panameño son de origen aluvial, formados por inundaciones prehistóricas de los ríos, con suelos de arcillas y limos suaves que mantienen el nivel del agua subterránea muy cerca de la superficie, con estratos arenosos intercalados entre ellos, susceptibles a sufrir licuefacción bajo un sismo severo. La licuefacción es la transformación del estado sólido de los suelos a un estado semilíquido; es decir, que el suelo firme se transforma en una pasta aguada, vibrante e inestable, tal y como ocurrió con el sismo de 1991 en Bocas del Toro, afectando una extensa área que sufrió licuefacción en alrededor de 300 kilómetros cuadrados en esa provincia y en la vecina provincia costarricense de Limón, originando los colapsos de edificios, puentes y carreteras por hundimiento y volteo, así como la muerte de innumerables personas.
El occidente de Panamá, al igual que otras áreas potencialmente expuestas de nuestro país, enfrenta un variado panorama de riesgos asociados al sismo. El mayor es el de perder vidas a la sombra del contubernio de nuestras autoridades nacionales, provinciales y municipales con la ignorancia, la omisión y la estulticia. Sólo hay que recordar que Nicaragua y Guatemala fueron devastados por sismos y que únicamente entonces, las autoridades apoyaron la redacción de códigos de construcción antisísmicos y su aplicación efectiva.
Panamá tiene un magnífico código de construcción antisísmica, con carácter de Ley de la República, en cuya redacción han intervenido distinguidos ingenieros del país, como César Kiamco, Víctor Cano, Ernesto Ng Jordán, George Berman; el Dr. Oscar Ramírez y el Lic. Jaime Toral del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, entre otros que de manera altruista y desprendida han plasmado el fruto de su talento y conocimiento para salvaguardar, en la medida de lo posible, las vidas de panameños mediante reglamentaciones conducentes a construcciones sismorresistentes y seguras.
El Sistema de Ingeniería Municipal es el eslabón débil de la cadena, y éste debe ser reformado para que accedan a él profesionales bien remunerados y con vocación de servicio. El Sistema Nacional de Protección Civil, la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional pueden trabajar de la mano con los alcaldes municipales y las gobernaciones en la creación de un plan básico y elemental de manejo de desastres que le permita a la población un acceso rápido a los hospitales, a los bancos de sangre; y el restablecimiento efectivo de los servicios de comunicaciones, agua y energía eléctrica, así como el acceso a albergues y refugios temporales.
Cada funcionario con rango y autoridad debe conocer la función a desempeñar en el desastre y conocer a quién dirigirse en la emergencia. Los ensayos de evacuaciones y desalojos de escuelas, colegios y hospitales deben programarse de manera bianual. Todo panameño que curse estudios secundarios y universitarios puede superar un curso básico de primeros auxilios. Esto lo podemos hacer con nuestros recursos nacionales. No debe haber espacio para que la potencial tragedia sea manejada por la improvisación y la ignorancia. Recordemos que la ingeniería sísmica es una disciplina empírica basada en la experiencia, a menudo dolorosa que las lecciones de otros sismos dejan por todo el mundo. En este sentido, debemos dejar de ser un país de improvisaciones y entender que la correcta ejecución de un plan básico de manejo de desastres es una prioridad nacional.
El riesgo sísmico en Chiriquí es elevado, ya que la extensión de la Zona de Fractura de Panamá prosigue tierra adentro del Golfo de Chiriquí. Esta zona ha sido sacudida por severos movimientos, entre ellos el sismo del 26 de junio de 1871, el del 18 de julio de 1934 y el del 1 de julio de 1979. Además, en 1934 y 1962 la costa de Puerto Armuelles fue golpeada por tsunamis, olas gigantes inducidas por sismo. También el 31 de julio de 2002, una extensa zona del distrito de Barú fue afectada por un fuerte temblor, ocasionando pérdidas materiales en la zona bananera y áreas aledañas.
El Reglamento Estructural Panameño, REP-94 , califica a las zonas de Chiriquí y Darién como de alto riesgo, lo que obliga a tomar consideraciones especiales en cuanto a diseño, construcción y control de calidad de obras civiles en sitio.
En todo el interior de Panamá persisten prácticas constructivas perniciosas, tales como la utilización de balasto de río para mezclas pobres de concreto, fundaciones sin refuerzo, reemplazo de columnas estructurales por columnas de bloque para economizar el uso de formaletas, viviendas sin vigas de amarre e instalaciones eléctricas deficientes.
Los suelos, en su mayoría, en el área densamente habitada del occidente panameño son de origen aluvial, formados por inundaciones prehistóricas de los ríos, con suelos de arcillas y limos suaves que mantienen el nivel del agua subterránea muy cerca de la superficie, con estratos arenosos intercalados entre ellos, susceptibles a sufrir licuefacción bajo un sismo severo. La licuefacción es la transformación del estado sólido de los suelos a un estado semilíquido; es decir, que el suelo firme se transforma en una pasta aguada, vibrante e inestable, tal y como ocurrió con el sismo de 1991 en Bocas del Toro, afectando una extensa área que sufrió licuefacción en alrededor de 300 kilómetros cuadrados en esa provincia y en la vecina provincia costarricense de Limón, originando los colapsos de edificios, puentes y carreteras por hundimiento y volteo, así como la muerte de innumerables personas.
El occidente de Panamá, al igual que otras áreas potencialmente expuestas de nuestro país, enfrenta un variado panorama de riesgos asociados al sismo. El mayor es el de perder vidas a la sombra del contubernio de nuestras autoridades nacionales, provinciales y municipales con la ignorancia, la omisión y la estulticia. Sólo hay que recordar que Nicaragua y Guatemala fueron devastados por sismos y que únicamente entonces, las autoridades apoyaron la redacción de códigos de construcción antisísmicos y su aplicación efectiva.
Panamá tiene un magnífico código de construcción antisísmica, con carácter de Ley de la República, en cuya redacción han intervenido distinguidos ingenieros del país, como César Kiamco, Víctor Cano, Ernesto Ng Jordán, George Berman; el Dr. Oscar Ramírez y el Lic. Jaime Toral del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, entre otros que de manera altruista y desprendida han plasmado el fruto de su talento y conocimiento para salvaguardar, en la medida de lo posible, las vidas de panameños mediante reglamentaciones conducentes a construcciones sismorresistentes y seguras.
El Sistema de Ingeniería Municipal es el eslabón débil de la cadena, y éste debe ser reformado para que accedan a él profesionales bien remunerados y con vocación de servicio. El Sistema Nacional de Protección Civil, la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional pueden trabajar de la mano con los alcaldes municipales y las gobernaciones en la creación de un plan básico y elemental de manejo de desastres que le permita a la población un acceso rápido a los hospitales, a los bancos de sangre; y el restablecimiento efectivo de los servicios de comunicaciones, agua y energía eléctrica, así como el acceso a albergues y refugios temporales.
Cada funcionario con rango y autoridad debe conocer la función a desempeñar en el desastre y conocer a quién dirigirse en la emergencia. Los ensayos de evacuaciones y desalojos de escuelas, colegios y hospitales deben programarse de manera bianual. Todo panameño que curse estudios secundarios y universitarios puede superar un curso básico de primeros auxilios. Esto lo podemos hacer con nuestros recursos nacionales. No debe haber espacio para que la potencial tragedia sea manejada por la improvisación y la ignorancia. Recordemos que la ingeniería sísmica es una disciplina empírica basada en la experiencia, a menudo dolorosa que las lecciones de otros sismos dejan por todo el mundo. En este sentido, debemos dejar de ser un país de improvisaciones y entender que la correcta ejecución de un plan básico de manejo de desastres es una prioridad nacional.
