Espectáculo bochornoso
CADA DÍA MÁS en Panamá, las cosas que se dicen o se hacen, responden y obedecen a motivos y razones opuestos a los confesados por quienes nos gobiernan. Cada día aumenta la pérdida de confianza del ciudadano común en sus dirigentes políticos y, cada día la pérdida de autoridad de la llamada clase política en general, es mayor. Se ha perdido tanto la autoridad del principio como el principio de la autoridad.
Hace poco señalaba, en estas mismas páginas que: "La atrofia de la conciencia constitucional se ha apoderado del cuerpo social nacional. La absurda y alarmante indiferencia de los ciudadanos ante los atropellos contra las más elementales libertades públicas, ha pasado a ser la principal causa de la atracción fatal de las autoridades hacia un Estado policiaco".
El bochornoso espectáculo montado por la Fiscalía Cuarta Superior Especial ha puesto en evidencia, una vez más, la corrupción, la rutina, la burocracia y la mediocridad, a la que nos vemos sometidos los hombres y mujeres de nuestro país que abogamos por mejores acciones humanas “"éticamente orientadas".
Es un hecho público y notorio que la tendencia que prevalece de parte de los actuales gobernantes, y que no encuentra oposición entre la mayoría de los que aspiran a gobernar, es la de poder legalizar la represión de las garantías fundamentales y de las libertades democráticas que deben acompañar a todo Estado de Derecho. Por ello y para ello, los tres órganos del Estado y sus apéndices están dispuestos a llegar "hasta las últimas consecuencias", sin importarles cuáles sean éstas.
La investigación iniciada el 6 de octubre de 2006, como consecuencia de las decenas de fallecidos por insuficiencia renal, bronconeumonía y complicaciones infecciosas causadas por el dietilenglicol, ha arrojado más de 26 mil folios distribuidos en 28 tomos y más de 80 anexos.
Toda la población panameña ha podido observar temprana y pasivamente la abulia de las autoridades correspondientes, que no son sólo las del Ministerio Público, en "averiguar con toda claridad y exactitud las cualidades y circunstancias de lo ocurrido". Más hemos aprendido sobre el caso a través del New York Times. Basta adelantarnos a indicar que, todavía, no se conoce quiénes son los verdaderos dueños de la empresa MEDICOM, S.A., la cual a través de la empresa española RASFER INTERNACIONAL, obtuvo del proveedor chino CNSC FORTUNE WAY COMOPANY el producto químico fatal.
Exponer como "chivos expiatorios" a los tres ciudadanos que han ocupado en los últimos 8 años la Dirección General de la Caja de Seguro Social -para satisfacer las "demandas punitivas" de algunos sectores de la opinión pública- además de ser un espectáculo bochornoso, levanta un sinnúmero de interrogantes e inquietudes.
En efecto, cabe preguntarse: ¿Por qué durante todo el tiempo que lleva la "investigación", jamás se citó a declarar a quienes hoy se les impone una medida de detención preventiva? ¿Por qué se les quiere responsabilizar de no haber dotado a los laboratorios de la Caja de Seguro Social de las infraestructuras, equipos, insumos y recursos humanos capacitados, si sabido es que para hacerlo el procedimiento establecido exige decisiones previas de otras instancias, entre las cuales la Junta Directiva, la Contraloría General, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Asamblea Nacional? ¿Por qué se afirma desde el inicio del proveído de la Fiscalía que los tres directores son culpables, sabiendo la Fiscalía su obligación de respetar el derecho a la presunción de inocencia, el cual debe ser garantizado por el representante del Estado y el no respetarlo es un abuso estatal? ¿Por qué se recurre a la medida cautelar de mayor gravedad -detención preventiva- si no se ha probado que todas las demás resultaban inadecuadas?
La detención preventiva, con allanamiento de morada, el despliegue innecesario de fuerza, acompañado del espectáculo mediático se dan a escasas horas de iniciarse la reunión de la Asamblea General de la OEA en nuestro país. En dicho evento, al Ministro de Salud le habían asignado un papel estelar y, todo indica que había que reforzar su "carisma" y el de su Presidente, amigo, copartidario y socio con estas detenciones. Así, los cancilleres, ministros de Salud el continente y el largo etcétera de invitados y de medios de comunicación foráneos, pasarían a ser testigos presenciales de que en Panamá "sí se puede" arrestar "monos gordos", como calificó irrespetuosamente un medio de comunicación a los ciudadanos Juan Jované, Rolando Villalaz y René Luciani.
Mucha razón le asiste a la profesora Aura Emérita Guerra cuando manifestó al respecto que: "Desde las aulas universitarias y en todos los cursos de capacitación dados a jueces y fiscales, se les ha instruido en una formación procesal garantista de conocimiento, aplicación y defensa de los derechos fundamentales, de tal manera que no se concibe una actuación procesal o judicial que se distancie de estos principios que no solo tienen rango constitucional, sino también forman parte de los convenios, pactos y protocolos de Derechos Humanos ratificados por Panamá e incorporados a la legislación interna".
Las sociedades rudimentarias ofrecían a sus dioses sacrificios humanos y de animales para aplacar sus iras. El circo romano nutría a sus fieras con los cristianos para que el César de turno y la plebe disfrutasen del espectáculo. Poco o nada tenemos que envidiarles, gracias a la actuación de nuestras autoridades. ¡Que siga el espectáculo! ¡Que viva el bochorno! ¡Martín Torrijos... Presidente!
Hace poco señalaba, en estas mismas páginas que: "La atrofia de la conciencia constitucional se ha apoderado del cuerpo social nacional. La absurda y alarmante indiferencia de los ciudadanos ante los atropellos contra las más elementales libertades públicas, ha pasado a ser la principal causa de la atracción fatal de las autoridades hacia un Estado policiaco".
El bochornoso espectáculo montado por la Fiscalía Cuarta Superior Especial ha puesto en evidencia, una vez más, la corrupción, la rutina, la burocracia y la mediocridad, a la que nos vemos sometidos los hombres y mujeres de nuestro país que abogamos por mejores acciones humanas “"éticamente orientadas".
Es un hecho público y notorio que la tendencia que prevalece de parte de los actuales gobernantes, y que no encuentra oposición entre la mayoría de los que aspiran a gobernar, es la de poder legalizar la represión de las garantías fundamentales y de las libertades democráticas que deben acompañar a todo Estado de Derecho. Por ello y para ello, los tres órganos del Estado y sus apéndices están dispuestos a llegar "hasta las últimas consecuencias", sin importarles cuáles sean éstas.
La investigación iniciada el 6 de octubre de 2006, como consecuencia de las decenas de fallecidos por insuficiencia renal, bronconeumonía y complicaciones infecciosas causadas por el dietilenglicol, ha arrojado más de 26 mil folios distribuidos en 28 tomos y más de 80 anexos.
Toda la población panameña ha podido observar temprana y pasivamente la abulia de las autoridades correspondientes, que no son sólo las del Ministerio Público, en "averiguar con toda claridad y exactitud las cualidades y circunstancias de lo ocurrido". Más hemos aprendido sobre el caso a través del New York Times. Basta adelantarnos a indicar que, todavía, no se conoce quiénes son los verdaderos dueños de la empresa MEDICOM, S.A., la cual a través de la empresa española RASFER INTERNACIONAL, obtuvo del proveedor chino CNSC FORTUNE WAY COMOPANY el producto químico fatal.
Exponer como "chivos expiatorios" a los tres ciudadanos que han ocupado en los últimos 8 años la Dirección General de la Caja de Seguro Social -para satisfacer las "demandas punitivas" de algunos sectores de la opinión pública- además de ser un espectáculo bochornoso, levanta un sinnúmero de interrogantes e inquietudes.
En efecto, cabe preguntarse: ¿Por qué durante todo el tiempo que lleva la "investigación", jamás se citó a declarar a quienes hoy se les impone una medida de detención preventiva? ¿Por qué se les quiere responsabilizar de no haber dotado a los laboratorios de la Caja de Seguro Social de las infraestructuras, equipos, insumos y recursos humanos capacitados, si sabido es que para hacerlo el procedimiento establecido exige decisiones previas de otras instancias, entre las cuales la Junta Directiva, la Contraloría General, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Asamblea Nacional? ¿Por qué se afirma desde el inicio del proveído de la Fiscalía que los tres directores son culpables, sabiendo la Fiscalía su obligación de respetar el derecho a la presunción de inocencia, el cual debe ser garantizado por el representante del Estado y el no respetarlo es un abuso estatal? ¿Por qué se recurre a la medida cautelar de mayor gravedad -detención preventiva- si no se ha probado que todas las demás resultaban inadecuadas?
La detención preventiva, con allanamiento de morada, el despliegue innecesario de fuerza, acompañado del espectáculo mediático se dan a escasas horas de iniciarse la reunión de la Asamblea General de la OEA en nuestro país. En dicho evento, al Ministro de Salud le habían asignado un papel estelar y, todo indica que había que reforzar su "carisma" y el de su Presidente, amigo, copartidario y socio con estas detenciones. Así, los cancilleres, ministros de Salud el continente y el largo etcétera de invitados y de medios de comunicación foráneos, pasarían a ser testigos presenciales de que en Panamá "sí se puede" arrestar "monos gordos", como calificó irrespetuosamente un medio de comunicación a los ciudadanos Juan Jované, Rolando Villalaz y René Luciani.
Mucha razón le asiste a la profesora Aura Emérita Guerra cuando manifestó al respecto que: "Desde las aulas universitarias y en todos los cursos de capacitación dados a jueces y fiscales, se les ha instruido en una formación procesal garantista de conocimiento, aplicación y defensa de los derechos fundamentales, de tal manera que no se concibe una actuación procesal o judicial que se distancie de estos principios que no solo tienen rango constitucional, sino también forman parte de los convenios, pactos y protocolos de Derechos Humanos ratificados por Panamá e incorporados a la legislación interna".
Las sociedades rudimentarias ofrecían a sus dioses sacrificios humanos y de animales para aplacar sus iras. El circo romano nutría a sus fieras con los cristianos para que el César de turno y la plebe disfrutasen del espectáculo. Poco o nada tenemos que envidiarles, gracias a la actuación de nuestras autoridades. ¡Que siga el espectáculo! ¡Que viva el bochorno! ¡Martín Torrijos... Presidente!
