Esperanzas de una ciudadanía (II)
En seguimiento a lo expuesto en escritos anteriores sobre los planes y programas de campaña de quienes resulten contendientes al cargo de Presidente de la República en las elecciones de 2009, expongo algunas áreas que pudiesen ser consideradas por ellos para combatir la pobreza y reforzar la institucionalidad democrática. Éstas, de manera muy resumida, son:
Serias deficiencias en salud pública, educación pública y servicios básicos. Los devastadores efectos de un clientelismo político, aparentemente, imbatible. La inefectiva disminución de la corrupción estatal. La impunidad que la aupa. Inefectividad legislativa para el control de la inmigración ilegal. Ausencia de seguridad jurídica. La deficiente administración de justicia. La excesiva interdependencia entre los tres Poderes del Estado. Los niveles crecientes de criminalidad. Potenciales problemas fronterizos con Colombia. La pobreza extrema en sectores geográficos específicos.
El exagerado tamaño del Estado, sin inclinación hacia su disminución y reestructuración eficiente del personal administrativo. Poco interés en la implementación efectiva de carreras públicas necesarias. Costos excesivos en contratos de alquileres públicos.
Intereses políticos que impiden consensuar cambios constitucionales integrales y parcial revisión al Código de Trabajo. La eliminación de privilegios a servidores públicos.
Deficiencias en infraestructuras, dada su planificación sin visón de largo plazo, dirigida a un desarrollo urbanístico eficiente y moderno. Ausencia de políticas fiscales que estimulen el desarrollo socio económico, en la inversión y el aumento del empleo, con mayor énfasis en la promoción de la actividad industrial.
La insostenibilidad de nuestro agro frente a los retos de la globalización, poco desarrollo del sector eléctrico y energías alternas. El deficiente suministro de agua potable. La incapacidad política en implementar un apropiado sistema de transporte público. Deficiente programa de desarrollo habitacional.
Demostrar capacidad en evitar los abusos del derecho de protesta que, además de violar derechos de terceros, generan imágenes de aparente ingobernabilidad. El reto de cómo ejecutar el control apropiado de multitudes y la aplicación de sanciones por violación de derechos, daños físicos a personas no participantes y retribución económica por daños a la propiedad pública y privada.
La exposición clara y específica de cómo sus planes de gobierno estarán dirigidos a soluciones concretas y al fortalecimiento de una patria que, con sus particulares contribuciones y seguimiento en el tiempo, será más justa, equitativa y capaz de brindarle los servicios y oportunidades de progreso, individual, a la que aspira toda la ciudadanía.
