Esta comisión tiene la finalidad de reestructurar y modernizar el sistema judicial, en un plazo no mayor de 180 días.
La comisión estará integrada además por las procuradurías General de la Nación y de la Administración, la Defensoría del Pueblo y el Colegio Nacional de Abogados. El Comité Ecuménico será el garante de este pacto.
Los firmantes consideran que hay que dirigir los esfuerzos y recursos para lograr una reforma judicial integral que incluya cambios en la estructura de organización, en los procedimientos y en la normativa del sistema de justicia, para lograr un Órgano Judicial y un Ministerio Público independientes, eficientes, y competentes.
Proponen el establecimiento de la forma de escogencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que permita mayor transparencia en estos procesos de selección.
El informe final de la Comisión contendrá las Políticas de Estado para la reestructuración y modernización del Organo Judicial y del Ministerio Público. Se extendió una invitación a la Alianza Pro Justicia para que forme parte de la Comisión. La subcomisión de Credenciales continuó analizando las denuncias contra los magistrados de la Corte.
Los firmantes consideran que hay que dirigir los esfuerzos y recursos para lograr una reforma judicial integral que incluya cambios en la estructura de organización, en los procedimientos y en la normativa del sistema de justicia, para lograr un Órgano Judicial y un Ministerio Público independientes, eficientes, y competentes.
Proponen el establecimiento de la forma de escogencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que permita mayor transparencia en estos procesos de selección.
El informe final de la Comisión contendrá las Políticas de Estado para la reestructuración y modernización del Organo Judicial y del Ministerio Público. Se extendió una invitación a la Alianza Pro Justicia para que forme parte de la Comisión. La subcomisión de Credenciales continuó analizando las denuncias contra los magistrados de la Corte.
