¿Está en peligro la seguridad de Panamá?
Hace unas pocas semanas por Panamá estuvieron de visita dos asesores del Congreso de los Estados Unidos con el propósito manifiesto de realizar reuniones con dirigentes políticos del país. Su agenda contenía temas estrechamente relacionados entre sí: el narcotráfico, los "problemas" que se han venido suscitando en la frontera con esa hermana nación, la seguridad del Canal y, por supuesto, las opiniones de distintos sectores en torno a la posibilidad de una permanencia militar norteamericana en nuestro país, sobre la base de defender a Panamá y al Canal de los peligros, que según ellos, nos acechan.
Acudimos a la visita que nos solicitaron a través de funcionarios de la Asamblea Legislativa para conocer de primera mano sus preocupaciones y propósitos y para manifestarle nuestras posiciones y puntos de vista.
Sobre lo último, es decir el tema militar, señalamos que era caso cerrado, por lo menos para nuestro partido, el PRD. Le agregamos que el CMA había fracasado, especialmente, cuando los negociadores de los Estados Unidos insertaban el sensitivo tema militar, con claros propósitos de establecer una compleja base militar y con el objetivo de crear una red regional de operaciones, sustrayéndole contenidos y desnaturalizando la propuesta de Panamá en torno a la creación de un foro internacional de lucha contra las drogas.
En cuanto a los otros temas expuestos por los asesores del Congreso, que naturalmente venían "casados", les señalamos que las guerrillas en Colombia son un problema interno de vieja data de los colombianos, y que en esos precisos momentos, por iniciativa del presidente Pastrana, se desarrollaban negociaciones para alcanzar la paz, y que la seguridad del Canal de Panamá no dependía ni de la presencia militar de los Estados Unidos ni de que Panamá tuviera un sofisticado ejército, según las opiniones de expertos militares de los propios Estados Unidos.
Debo agregar que, como un extraño y aleatorio escenario, unos días antes de la entrevista con los asesores del Congreso en la frontera se realizó una o varias entrevistas de periodistas de la televisión panameña con un grupo armado, que dijo pertenecer a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, mejor conocidas con las siglas FARC. Posteriormente, después de realizar investigaciones prolijas, confirmamos que los grupos entrevistados por los medios televisivos locales que merodearon para esos días las áreas fronterizas, no eran de las FARC ni de los grupos paramilitares, sino que podría tratarse de una fuerza de tarea compuesta por panameños y centroamericanos, organizados para atraer la atención pública nacional e internacional, pero especialmente, para llamar la atención dentro de los sectores de opinión política en los Estados Unidos.
Es indudable que en los Estados Unidos existe la real y genuina preocupación por el problema del narcotráfico y del lavado de dinero. Ese sentir es general en el pueblo y en las instituciones políticas norteamericanas. También hay serias demandas para que este flagelo sea combatido de forma contundente, para lo cual es necesario involucrar en un gran foro internacional a todas las naciones posibles. Lo que no ha de extrañar es que también exista el eterno aprovechamiento de ciertos sectores de poder en los Estados Unidos que, de forma oportunista, desean darle un contenido distinto a esta problemática para obtener objetivos políticos.
Los norteamericanos aconsejan a los países latinoamericanos lo que debemos hacer o dejar de hacer para que se suspenda, o en el mejor de los casos, disminuya el flujo de las drogas hacía el mercado de consumo del norte. Sin embargo, es poco lo que percibimos que hacen en su sociedad para acabar o disminuir con el consumo. Quizás las autoridades y la sociedad civil norteamericana, y también nuestros países, pudieran pensar en aplicar duras medidas contra los narcotraficantes como hacen algunos países, especialmente en China Popular o Taiwan. En ambos países cuando usted llega al aeropuerto se encuentra con grandes letreros que anuncian la pena que les espera a quienes trafiquen con drogas: la muerte. O en Cuba, donde la pena máxima se le aplicó a dos generales, uno de ellos condecorado como héroe nacional, y a un mayor del ejército, al habérseles comprobado su participación en esas actividades delictivas, las cuales debieran ser catalogadas como delitos de lesa humanidad.
En las últimas semanas el tema de las guerrillas, del narcotráfico y la seguridad de nuestro país ha cobrado inusitada preocupación en esos sectores de Norteamérica y ha tomado mayor presencia en las noticias en Miami y en los medios nacionales, con las últimas visitas que han hecho congresistas y senadores a las máximas figuras del futuro gobierno. Ha sido notorio que para estos visitantes reunirse con los dirigentes del actual gobierno no ha sido de su prioridad, pues más bien han concentrado su atención en los futuros gobernantes. Para tranquilidad de muchos, algunos dirigentes del próximo gobierno, incluyendo a la presidenta electa, han sostenido que los Tratados Torrijos-Carter serán cumplidos y que al final del siglo no habrá bases militares en el país.
Sin embargo, es de crucial importancia destacar, que esa no es la discusión que traen los norteamericanos al tapete, pues hasta ellos mismos dicen que hay que cumplir y terminar con el calendario que establecen los tratados.
Lo que llama la atención son las declaraciones del futuro canciller, Lic. José Miguel Alemán y de otros líderes que formarán gobierno con la Sra. Moscoso, donde se insinúa que después del año dos mil se podrían otorgar facilidades a las fuerzas armadas norteamericanas, en algún aeropuerto importante de Panamá, que le permitan realizar operaciones en la región. Y es allí donde estriba la esencia del asunto. El CMA falleció precisamente por que los negociadores de los Estados Unidos, apartándose sustancialmente de la propuesta panameña, querían realizar desde Panamá misiones denominadas de apoyo logístico, de búsqueda y rescate y solicitaban a Panamá realizar otras misiones en la región lo cual significaba, para el más ingenuo de los mortales, darles prerrogativas militares que no queríamos ni deseábamos y que mucho menos nos habían dado el resto de los países de la región latinoamericana. Y es que resulta peligroso para los intereses de los panameños y para la estabilidad del país, darle a las fuerzas armadas norteamericanas facultades que, como dice la columnista Betty Brenann del periódico La Prensa, "podrían usarse como les dé la gana", lo cual sí expondría la seguridad de Panamá, su gobernabilidad y su estabilidad política.
Resulta infantil y desfachatada la argumentación, en estos precisos momentos de cambio de gobierno, que los mismos protagonistas norteamericanos que en el pasado han hostigado los compromisos canaleros, vuelvan a recurrir a los desgastados argumentos sobre la seguridad del canal, agregando ahora otros nuevos argumentos como el caso de la empresa hongkonesa Hutchison Wampoa, que se ganó en un acto público las operaciones de los puertos revertidos, acusando al gobierno saliente de entregar por medios corruptos esos puertos y poner la seguridad del Canal bajo el control de la China Popular. Se omite, malintencionadamente, que en esta empresa también hay capital británico; que operan otros puertos importantes en el mundo, incluyendo el de Long Beach California, que fue también una base naval de la Armada norteamericana.
No queremos, todavía, llegar a la conclusión de que estos caballeros, en contubernio con conocidos personajes políticos de la localidad, que se caracterizan por sus genuflexiones a favor de todo lo que pidan los norteamericanos, desean enturbiar las aguas panameñas para volver a crear situaciones que siempre fueron causas de permanentes conflictos entre ambas naciones, como lo ha sido el tema de la presencia militar norteamericana en nuestros suelos. Ojalá todos ellos entiendan que el tratado Torrijos-Carter es el mejor instrumento para superar los conflictos. Y ojalá lo entiendan también los futuros nuevos gobernantes, pues esos mismos tratados, en la medida que se cumplan y respeten, son la mejor garantía de la estabilidad y seguridad nacionales. Por eso, la preocupación extrema que sienten estas figuras que últimamente nos visitan sobre la seguridad de los panameños y el Canal, nos traen a la mente ese dicho popular ; "no nos ayude tanto compadre".
Acudimos a la visita que nos solicitaron a través de funcionarios de la Asamblea Legislativa para conocer de primera mano sus preocupaciones y propósitos y para manifestarle nuestras posiciones y puntos de vista.
Sobre lo último, es decir el tema militar, señalamos que era caso cerrado, por lo menos para nuestro partido, el PRD. Le agregamos que el CMA había fracasado, especialmente, cuando los negociadores de los Estados Unidos insertaban el sensitivo tema militar, con claros propósitos de establecer una compleja base militar y con el objetivo de crear una red regional de operaciones, sustrayéndole contenidos y desnaturalizando la propuesta de Panamá en torno a la creación de un foro internacional de lucha contra las drogas.
En cuanto a los otros temas expuestos por los asesores del Congreso, que naturalmente venían "casados", les señalamos que las guerrillas en Colombia son un problema interno de vieja data de los colombianos, y que en esos precisos momentos, por iniciativa del presidente Pastrana, se desarrollaban negociaciones para alcanzar la paz, y que la seguridad del Canal de Panamá no dependía ni de la presencia militar de los Estados Unidos ni de que Panamá tuviera un sofisticado ejército, según las opiniones de expertos militares de los propios Estados Unidos.
Debo agregar que, como un extraño y aleatorio escenario, unos días antes de la entrevista con los asesores del Congreso en la frontera se realizó una o varias entrevistas de periodistas de la televisión panameña con un grupo armado, que dijo pertenecer a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, mejor conocidas con las siglas FARC. Posteriormente, después de realizar investigaciones prolijas, confirmamos que los grupos entrevistados por los medios televisivos locales que merodearon para esos días las áreas fronterizas, no eran de las FARC ni de los grupos paramilitares, sino que podría tratarse de una fuerza de tarea compuesta por panameños y centroamericanos, organizados para atraer la atención pública nacional e internacional, pero especialmente, para llamar la atención dentro de los sectores de opinión política en los Estados Unidos.
Es indudable que en los Estados Unidos existe la real y genuina preocupación por el problema del narcotráfico y del lavado de dinero. Ese sentir es general en el pueblo y en las instituciones políticas norteamericanas. También hay serias demandas para que este flagelo sea combatido de forma contundente, para lo cual es necesario involucrar en un gran foro internacional a todas las naciones posibles. Lo que no ha de extrañar es que también exista el eterno aprovechamiento de ciertos sectores de poder en los Estados Unidos que, de forma oportunista, desean darle un contenido distinto a esta problemática para obtener objetivos políticos.
Los norteamericanos aconsejan a los países latinoamericanos lo que debemos hacer o dejar de hacer para que se suspenda, o en el mejor de los casos, disminuya el flujo de las drogas hacía el mercado de consumo del norte. Sin embargo, es poco lo que percibimos que hacen en su sociedad para acabar o disminuir con el consumo. Quizás las autoridades y la sociedad civil norteamericana, y también nuestros países, pudieran pensar en aplicar duras medidas contra los narcotraficantes como hacen algunos países, especialmente en China Popular o Taiwan. En ambos países cuando usted llega al aeropuerto se encuentra con grandes letreros que anuncian la pena que les espera a quienes trafiquen con drogas: la muerte. O en Cuba, donde la pena máxima se le aplicó a dos generales, uno de ellos condecorado como héroe nacional, y a un mayor del ejército, al habérseles comprobado su participación en esas actividades delictivas, las cuales debieran ser catalogadas como delitos de lesa humanidad.
En las últimas semanas el tema de las guerrillas, del narcotráfico y la seguridad de nuestro país ha cobrado inusitada preocupación en esos sectores de Norteamérica y ha tomado mayor presencia en las noticias en Miami y en los medios nacionales, con las últimas visitas que han hecho congresistas y senadores a las máximas figuras del futuro gobierno. Ha sido notorio que para estos visitantes reunirse con los dirigentes del actual gobierno no ha sido de su prioridad, pues más bien han concentrado su atención en los futuros gobernantes. Para tranquilidad de muchos, algunos dirigentes del próximo gobierno, incluyendo a la presidenta electa, han sostenido que los Tratados Torrijos-Carter serán cumplidos y que al final del siglo no habrá bases militares en el país.
Sin embargo, es de crucial importancia destacar, que esa no es la discusión que traen los norteamericanos al tapete, pues hasta ellos mismos dicen que hay que cumplir y terminar con el calendario que establecen los tratados.
Lo que llama la atención son las declaraciones del futuro canciller, Lic. José Miguel Alemán y de otros líderes que formarán gobierno con la Sra. Moscoso, donde se insinúa que después del año dos mil se podrían otorgar facilidades a las fuerzas armadas norteamericanas, en algún aeropuerto importante de Panamá, que le permitan realizar operaciones en la región. Y es allí donde estriba la esencia del asunto. El CMA falleció precisamente por que los negociadores de los Estados Unidos, apartándose sustancialmente de la propuesta panameña, querían realizar desde Panamá misiones denominadas de apoyo logístico, de búsqueda y rescate y solicitaban a Panamá realizar otras misiones en la región lo cual significaba, para el más ingenuo de los mortales, darles prerrogativas militares que no queríamos ni deseábamos y que mucho menos nos habían dado el resto de los países de la región latinoamericana. Y es que resulta peligroso para los intereses de los panameños y para la estabilidad del país, darle a las fuerzas armadas norteamericanas facultades que, como dice la columnista Betty Brenann del periódico La Prensa, "podrían usarse como les dé la gana", lo cual sí expondría la seguridad de Panamá, su gobernabilidad y su estabilidad política.
Resulta infantil y desfachatada la argumentación, en estos precisos momentos de cambio de gobierno, que los mismos protagonistas norteamericanos que en el pasado han hostigado los compromisos canaleros, vuelvan a recurrir a los desgastados argumentos sobre la seguridad del canal, agregando ahora otros nuevos argumentos como el caso de la empresa hongkonesa Hutchison Wampoa, que se ganó en un acto público las operaciones de los puertos revertidos, acusando al gobierno saliente de entregar por medios corruptos esos puertos y poner la seguridad del Canal bajo el control de la China Popular. Se omite, malintencionadamente, que en esta empresa también hay capital británico; que operan otros puertos importantes en el mundo, incluyendo el de Long Beach California, que fue también una base naval de la Armada norteamericana.
No queremos, todavía, llegar a la conclusión de que estos caballeros, en contubernio con conocidos personajes políticos de la localidad, que se caracterizan por sus genuflexiones a favor de todo lo que pidan los norteamericanos, desean enturbiar las aguas panameñas para volver a crear situaciones que siempre fueron causas de permanentes conflictos entre ambas naciones, como lo ha sido el tema de la presencia militar norteamericana en nuestros suelos. Ojalá todos ellos entiendan que el tratado Torrijos-Carter es el mejor instrumento para superar los conflictos. Y ojalá lo entiendan también los futuros nuevos gobernantes, pues esos mismos tratados, en la medida que se cumplan y respeten, son la mejor garantía de la estabilidad y seguridad nacionales. Por eso, la preocupación extrema que sienten estas figuras que últimamente nos visitan sobre la seguridad de los panameños y el Canal, nos traen a la mente ese dicho popular ; "no nos ayude tanto compadre".
