Estabilidad en el sistema educativo
Hace ya varios años, cada vez que se inicia un nuevo año escolar, la preocupación generalizada es: ¿en qué momento se producirá el primer paro? Y esto hace más referencia a las escuelas oficiales que a las privadas. Al final de la jornada estas últimas concluyen a tiempo su horario regular, mientras que las primeras prolongan días o aplican fórmulas que, llámesele como se les quiera llamar, implican un déficit significativo en la formación de los estudiantes.
El problema parece radicar en los mecanismos de politización utilizado por las direcciones de los gremios magisteriales en la atención de problemas reivindicativos o de carácter social que afectan a distintos sectores.
Es imposible negarle a los educadores y a los propios estudiantes el ejercicio de una conciencia cívica, pero lo que resulta inaceptable dado los niveles democráticos alcanzados por el país, es que los estudiantes se conviertan en rehenes de prácticas extremas, que se aplican sin agotar otros mecanismos más democráticos o cívicos, que las tradicionales medidas de presión que representan las huelgas o los paros.
Al final, como se ha dicho, pagan los estudiantes, por lo deficiente de su formación; el país por contar con profesionales potencialmente mal formados, y la sociedad, porque quienes no están preparados para rendir, menos pueden aspirar a generar ingresos a partir de profesiones que desconocen, aunque tengan los títulos.
Claro que en esa responsabilidad va también la atención que las autoridades brinden a las demandas de los gremios, pero estos no pueden seguir con la práctica de afectar estratégicamente la formación de un muchacho, sin agotar otros escenarios que no pongan en juego la estabilidad del sistema educativo.
Gobierno, educadores, padres de familia y de hecho, los propios estudiantes, deben, a partir de este año, tratar de ensayar escenarios de consenso a fin de impedir que por reivindicaciones inmediatas se afecte a la larga el propio desarrollo del país.
El problema parece radicar en los mecanismos de politización utilizado por las direcciones de los gremios magisteriales en la atención de problemas reivindicativos o de carácter social que afectan a distintos sectores.
Es imposible negarle a los educadores y a los propios estudiantes el ejercicio de una conciencia cívica, pero lo que resulta inaceptable dado los niveles democráticos alcanzados por el país, es que los estudiantes se conviertan en rehenes de prácticas extremas, que se aplican sin agotar otros mecanismos más democráticos o cívicos, que las tradicionales medidas de presión que representan las huelgas o los paros.
Al final, como se ha dicho, pagan los estudiantes, por lo deficiente de su formación; el país por contar con profesionales potencialmente mal formados, y la sociedad, porque quienes no están preparados para rendir, menos pueden aspirar a generar ingresos a partir de profesiones que desconocen, aunque tengan los títulos.
Claro que en esa responsabilidad va también la atención que las autoridades brinden a las demandas de los gremios, pero estos no pueden seguir con la práctica de afectar estratégicamente la formación de un muchacho, sin agotar otros escenarios que no pongan en juego la estabilidad del sistema educativo.
Gobierno, educadores, padres de familia y de hecho, los propios estudiantes, deben, a partir de este año, tratar de ensayar escenarios de consenso a fin de impedir que por reivindicaciones inmediatas se afecte a la larga el propio desarrollo del país.
