Estado de Derecho y autonomía
En Panamá, pese a la existencia de disposiciones jurídicas legales y constitucionales que reconocen la autonomía a ciertas instituciones, como la Universidad de Panamá y la Caja de Seguro Social (CSS), los gobiernos han venido defenestrando las misma y, como prueba cierta de lo afirmado, basta con recordar las recientes acciones desplegadas por miembros de la Fuerza Pública -antimotines- el pasado 11 y 23 de septiembre (sirven como medios de pruebas los respectivos videos, fotografías, noticias periodísticas, testigos oculares, etc.)
El 11 de septiembre no respetaron la autonomía de la CSS y entraron, a la fuerza, rompiendo vidrieras; a golpes y a portazos fueron avanzando e hicieron detenciones ilegales, al margen del derecho y de la Constitución. El Juez Octavo del Primer Circuito Judicial en lo Penal declaró, tras la interposición de sendos hábeas corpus, ilegales las detenciones hechas en contra de dirigentes obreros y estudiantiles. El 23 de este mes todos advertimos, por medio de noticias televisadas, cómo esos mismos elementos del orden ponían gruesas cadenas en las puertas de entrada y salida de la Universidad de Panamá. Como bien advirtió nuestro hermano Ramiro, “la Universidad fue encarcelada” y con ella estudiantes, funcionarios administrativos, profesores y particulares que se encontraban allí. Con esas cadenas también fue aprisionada el alma culta e intelectual de la Patria. En fechas pasadas, gobiernos militares y civiles, violentaron la autonomía universitaria. El gobierno actual se atrevió a hacer de la Universidad un rehén sin acusación ni proceso.
Doña Mireya Moscoso, Carlos Barés, director de la Policía Nacional; y el Licdo. Arnulfo Escalona (h), en complicidad con otras altas autoridades del gobierno, han venido haciendo gala de usar, sin reparo alguno, la llamada fuerza legítima. Fuerza que nuestro ordenamiento jurídico reconoce, no para que gobierno alguno la desnaturalice o irracionalice, sino para que, en determinadas situaciones, previstas por el mismo derecho y la Constitución, ésta pueda ser empleada. Es el caso de que el Derecho, por ejemplo, permite la fuerza legítima, en situaciones de la puesta en peligro de bienes jurídicos particulares y colectivos, y como consecuencia de un ordenamiento jurídico justo e, igualmente, y esto es conditio sine qua non, tras la celebración de un proceso justo. La fuerza legítima está autorizada, consiguientemente, para el Estado y debe estar enmarcada dentro de un ordenamiento jurídico, caracterizada por sus notas de unidad, coherencia y uniformidad.
Cuando el orden jurídico de un Estado adolece de estas caracterizaciones, advienen las acciones de gobierno que, de modo solapado, desconocen la normativa constitucional y pisotean los derechos humanos de los asociados. Mucha responsabilidad tiene, en consecuencia, el Órgano Judicial y el Ministerio Público, órgano y poder, respectivamente, que por Constitución y por Ley deben velar por la plena juridicidad y la eficacia del Estado de Derecho en un país. Permitir, por parte de estas instituciones, los desafueros y equívocos en los que ha venido incurriendo, de modo reiterativo, el Gobierno Nacional, es permitirles, sin ningún llamado de atención jurisdiccional, que sigan haciendo, a diestra y a siniestra, todo cuanto les plazca en detrimento y agravio del pueblo panameño. Bien dijo un periodista de una televisora local, cuando describía la puesta de cadena en la entrada principal de la Universidad de Panamá, “como en los viejos tiempos de los militares”.
En auténtico y bien conformado Estado de Derecho, atropellos, maltratos, carcelasos y detenciones ilegales, las torturas, no están permitidos ni patrocinados. No hay fundamento jurídico, lógico, metodológico, ni de ninguna otra especie que pueda patrocinar, permitir, autorizar o tutelar este tipo de acciones por parte de gobierno o autoridad alguna. Inclusive, aún en los mal llamados Estados de Facto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, deja salvaguardados derechos inalienables o consustanciales a la persona humana, entre ellos la dignidad e integridad personal. Esa integridad personal implica la protección de la vida en todas sus facetas o dimensiones. Abriga en su seno la integridad física y psíquica. Nadie puede ser sometido a tolerar, soportar, a permitir tratos crueles o degradantes, que mancillan la dignidad de lo que implica y traduce el “ser persona”.
En ese orden de ideas, resulta penoso para nosotros tener que referir que el Estado de Derecho sufre, se defenestra, se desmorona, terriblemente, allí en donde las autoridades, divorciadas de la racionalidad, hacen mal uso de la fuerza legítima para atropellar a jóvenes universitarios, hombres y mujeres que trabajan en la administración pública, y someterlos a la indignación, al maltrato y a las cárceles.
La fuerza legítima está instaurada y reconocida en nuestro ordenamiento legal como una institución de tutela, defensa y protección de los ciudadanos, de sus derechos y libertades, de sus garantías. No puede operar como tal allí en donde las proclamas y protestas, paros y huelgas, constituyen los mecanismos naturales a través de los cuales la sociedad civil, el pueblo panameño, los movimientos comunitarios y populares, las organizaciones sindicales, los gremios docentes, etc., expresan el denominado disenso democrático. El derecho a disentir de todo particular y el que tienen los pueblos del mundo civilizado a rebelarse contra toda forma de opresión son, hoy por hoy, derechos naturales incuestionables y que no pueden ser objeto de supresión, restricción o de limitación alguna.
Panamá, como Estado, violenta el principio o la doctrina de los actos propios, pues ha dado muestras claras y evidentes de ir en contra de sus propios postulados constitucionales, legales y convencionales. Todo ello hace que el Estado de Derecho, en el país, sea una reminiscencia grata para cuantos hemos creído en él y que lo seguiremos defendiendo, a capa y a espada, dado que éste es la garantía única y plena de la sobrevivencia ciudadana frente a los gobernantes que se creen omnímodos y absolutos cuando ejercen el poder político. Entre tanto no sepamos defender los derechos humanos, las garantías fundamentales, las instituciones democráticas del país, etc., cada día seremos menos ciudadanos. Estamos, poco a poco, lentamente, siendo reducidos a padecer una capitis deminutio máxima, como ocurría en el derecho romano. Los panameños tenemos, indefectiblemente, que defender nuestra dignidad y los atisbos incipientes de democracia; de lo contrario, iremos perdiendo, poco a poco, lentamente, nuestros derechos y libertades -deterioris conditionis-. No podemos permitir las constantes violaciones a la autonomía de las instituciones así reconocidas en la Constitución y en la Ley.
(stekrakri@hotmail.com)
En 1991, la OMS recibió la patente de la vacuna descubierta por Patarroyo, pero "no se ha aplicado", reveló su hijo.
El prefirió no profundizar en las razones, aunque estimó "si se tiene una eficacia de un 30% y se mueren entre 3 y 5 millones de personas al año, serían alrededor de un millón de muertes menos. Costos - beneficios, vale la pena".
Adelantó que se está diseñando una vacuna de segunda generación que está resultando efectiva en monos, por lo que se espera que se salte pronto a humanos.
Mientras ocurra tan importante hallazgo los estudiosos de todo el mundo continúan liderando esfuerzos en el tema.
Ortega señaló que recientemente se llevó a cabo una reunión del Instituto Conmemorativo Gorgas, en esta ciudad. Allí un prominente científico dedicado a la malaria, Steve Hoffman, "sorprendió a la audiencia".
El es defensor de la biología molecular como una metodología para lograr una vacuna, sin embargo, su conferencia magistral fue enfática, al afirmar que "tenemos que regresar a vacunas primitivas y básicas que consistirían en irradiar el parásito y utilizarlo contra el plasmodium".
A su juicio, la tecnología, en estos últimos 20 años, no ha servido para desarrollar una vacuna contra la malaria. "Los métodos moleculares no están ayudando".
Para Ortega lo que el científico intenta explicar es que "si a corto plazo no utilizamos métodos más sencillos en el desarrollo de una vacuna no lo vamos a obtener siguiendo los métodos moleculares".
Hoffman trabajó, hasta hace pocos meses, con la compañía que secuenció el genoma humano. Participó en la secuenciación del genoma de la malaria y del mosquito que la transmite.
Y es que Panamá, "si miramos los números, ha retrocedido cerca de 30 años en estadísticas de la enfermedad. Cifras similares a las actuales se observaron sólo para la década del "70.
En cuanto al proceso para detectar la malaria, Ortega detalló un aspecto muy particular.
Considera que esta enfermedad tiene un tipo especial de vigilancia. "Se contaba con el Sistema Nacional de Erradicación de la Malaria (SNEM) que se descentralizó y en parte se desmovilizó".
Es así, comenta, que las tablas al respecto mostraban una aparente desaparición del mal. "Ello probablemente le dijo a las autoridades de Salud que no necesitaban el mismo sistema de vigilancia. Lógicamente cuando se actúa de esta forma con una enfermedad transmitida por vectores lo que sucede es un incremento de la frecuencia del mosquito y los casos".
Ortega señaló que ellos iban a las comunidades distantes y preguntaban por las personas con fiebres y escalofríos. "Se les proveía del tratamiento, se les tomaban muestras para determinar si se trataba de malaria, pero esas muestras va a un lugar para ser evaluadas microscópicamente y emitir el diagnóstico.
Subrayó que un sistema de este tipo en el que "se da indiscriminadamente tratamiento puede pasar que el parásito se hace resistente y la droga ya no sirve".
Este modelo se utiliza en la mayoría de las provincias y "no es malo", aclaró, si lo puedes sostener por mucho tiempo y apoyarlo en diagnóstico rápido. Debe combinarse la atención médica con la eliminación del vector".
En Kuna Yala y Darién ya está ocurriendo este fenómeno, aseguró, el parásito se hizo resistente y se requiere un plan más específico. Justamente es en ello que trabaja el MINSA.
Actualmente se estudia la utilización de un método que ya dio resultados en Bocas del Toro. "Es rápido. El trabajador de Control de Vectores lo lleva en el bolsillo. Toma una cinta con la muestra de sangre que es luego introducida en un cubo. La sangre sube y en cinco minutos se tiene respuesta. El individuo con malaria tiene el parásito en la sangre".
Es un sistema que se desarrolló en Estados Unidos por un grupo de investigadores. Este se llama Opti- Mal. "Con él se sabe si es vivax o falciparum y se suministra el cuidado correspondiente de inmediato". Sus costos son razonables, aduce Ortega, siempre y cuando se usen en forma dirigida.
Aún se están llevando a cabo los análisis por parte del MINSA para saber si podría ser aplicable por Control de Vectores.
José Ellington, Gobernador de la Comarca Ngöbe Buglé: "la presencia de la malaria nos tiene muy preocupados".
Esta región no escapa al brote de malaria de Kuna Yala. El representante de los indígenas estuvo hace pocos días en un congreso en el sector de Caloveborita. "La alarma era notoria. Los residentes de las comunidades del corregimiento de Llano Bonito dejaron de asistir a la reunión precisamente porque allá es que hay problema. Los indígenas van a seguir viajando a Costa Rica y regresarán más enfermos".
Ellington solicitó a las autoridades tradicionales que sugieran a los padres no llevarse a sus niños, que es la población de mayor riesgo. "Les pedí que viajen solos".
Caridad Herrera, directora de Salud de la región Comarcal Ngöbe Buglé: "En lo que va del año tenemos 1,647 casos, sólo en la Comarca".
Pero las medidas de prevención no han parado desde que se detectó el aumento vertiginoso, hace unas semanas. "Se ha reforzado el rociado intradomiciliario, se está medicando a la población y eliminando los criaderos del mosquito. Igualmente se han nombrado 20 promotores de Salud y los números han empezado a bajar".
El 11 de septiembre no respetaron la autonomía de la CSS y entraron, a la fuerza, rompiendo vidrieras; a golpes y a portazos fueron avanzando e hicieron detenciones ilegales, al margen del derecho y de la Constitución. El Juez Octavo del Primer Circuito Judicial en lo Penal declaró, tras la interposición de sendos hábeas corpus, ilegales las detenciones hechas en contra de dirigentes obreros y estudiantiles. El 23 de este mes todos advertimos, por medio de noticias televisadas, cómo esos mismos elementos del orden ponían gruesas cadenas en las puertas de entrada y salida de la Universidad de Panamá. Como bien advirtió nuestro hermano Ramiro, “la Universidad fue encarcelada” y con ella estudiantes, funcionarios administrativos, profesores y particulares que se encontraban allí. Con esas cadenas también fue aprisionada el alma culta e intelectual de la Patria. En fechas pasadas, gobiernos militares y civiles, violentaron la autonomía universitaria. El gobierno actual se atrevió a hacer de la Universidad un rehén sin acusación ni proceso.
Doña Mireya Moscoso, Carlos Barés, director de la Policía Nacional; y el Licdo. Arnulfo Escalona (h), en complicidad con otras altas autoridades del gobierno, han venido haciendo gala de usar, sin reparo alguno, la llamada fuerza legítima. Fuerza que nuestro ordenamiento jurídico reconoce, no para que gobierno alguno la desnaturalice o irracionalice, sino para que, en determinadas situaciones, previstas por el mismo derecho y la Constitución, ésta pueda ser empleada. Es el caso de que el Derecho, por ejemplo, permite la fuerza legítima, en situaciones de la puesta en peligro de bienes jurídicos particulares y colectivos, y como consecuencia de un ordenamiento jurídico justo e, igualmente, y esto es conditio sine qua non, tras la celebración de un proceso justo. La fuerza legítima está autorizada, consiguientemente, para el Estado y debe estar enmarcada dentro de un ordenamiento jurídico, caracterizada por sus notas de unidad, coherencia y uniformidad.
Cuando el orden jurídico de un Estado adolece de estas caracterizaciones, advienen las acciones de gobierno que, de modo solapado, desconocen la normativa constitucional y pisotean los derechos humanos de los asociados. Mucha responsabilidad tiene, en consecuencia, el Órgano Judicial y el Ministerio Público, órgano y poder, respectivamente, que por Constitución y por Ley deben velar por la plena juridicidad y la eficacia del Estado de Derecho en un país. Permitir, por parte de estas instituciones, los desafueros y equívocos en los que ha venido incurriendo, de modo reiterativo, el Gobierno Nacional, es permitirles, sin ningún llamado de atención jurisdiccional, que sigan haciendo, a diestra y a siniestra, todo cuanto les plazca en detrimento y agravio del pueblo panameño. Bien dijo un periodista de una televisora local, cuando describía la puesta de cadena en la entrada principal de la Universidad de Panamá, “como en los viejos tiempos de los militares”.
En auténtico y bien conformado Estado de Derecho, atropellos, maltratos, carcelasos y detenciones ilegales, las torturas, no están permitidos ni patrocinados. No hay fundamento jurídico, lógico, metodológico, ni de ninguna otra especie que pueda patrocinar, permitir, autorizar o tutelar este tipo de acciones por parte de gobierno o autoridad alguna. Inclusive, aún en los mal llamados Estados de Facto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, deja salvaguardados derechos inalienables o consustanciales a la persona humana, entre ellos la dignidad e integridad personal. Esa integridad personal implica la protección de la vida en todas sus facetas o dimensiones. Abriga en su seno la integridad física y psíquica. Nadie puede ser sometido a tolerar, soportar, a permitir tratos crueles o degradantes, que mancillan la dignidad de lo que implica y traduce el “ser persona”.
En ese orden de ideas, resulta penoso para nosotros tener que referir que el Estado de Derecho sufre, se defenestra, se desmorona, terriblemente, allí en donde las autoridades, divorciadas de la racionalidad, hacen mal uso de la fuerza legítima para atropellar a jóvenes universitarios, hombres y mujeres que trabajan en la administración pública, y someterlos a la indignación, al maltrato y a las cárceles.
La fuerza legítima está instaurada y reconocida en nuestro ordenamiento legal como una institución de tutela, defensa y protección de los ciudadanos, de sus derechos y libertades, de sus garantías. No puede operar como tal allí en donde las proclamas y protestas, paros y huelgas, constituyen los mecanismos naturales a través de los cuales la sociedad civil, el pueblo panameño, los movimientos comunitarios y populares, las organizaciones sindicales, los gremios docentes, etc., expresan el denominado disenso democrático. El derecho a disentir de todo particular y el que tienen los pueblos del mundo civilizado a rebelarse contra toda forma de opresión son, hoy por hoy, derechos naturales incuestionables y que no pueden ser objeto de supresión, restricción o de limitación alguna.
Panamá, como Estado, violenta el principio o la doctrina de los actos propios, pues ha dado muestras claras y evidentes de ir en contra de sus propios postulados constitucionales, legales y convencionales. Todo ello hace que el Estado de Derecho, en el país, sea una reminiscencia grata para cuantos hemos creído en él y que lo seguiremos defendiendo, a capa y a espada, dado que éste es la garantía única y plena de la sobrevivencia ciudadana frente a los gobernantes que se creen omnímodos y absolutos cuando ejercen el poder político. Entre tanto no sepamos defender los derechos humanos, las garantías fundamentales, las instituciones democráticas del país, etc., cada día seremos menos ciudadanos. Estamos, poco a poco, lentamente, siendo reducidos a padecer una capitis deminutio máxima, como ocurría en el derecho romano. Los panameños tenemos, indefectiblemente, que defender nuestra dignidad y los atisbos incipientes de democracia; de lo contrario, iremos perdiendo, poco a poco, lentamente, nuestros derechos y libertades -deterioris conditionis-. No podemos permitir las constantes violaciones a la autonomía de las instituciones así reconocidas en la Constitución y en la Ley.
(stekrakri@hotmail.com)
En 1991, la OMS recibió la patente de la vacuna descubierta por Patarroyo, pero "no se ha aplicado", reveló su hijo.
El prefirió no profundizar en las razones, aunque estimó "si se tiene una eficacia de un 30% y se mueren entre 3 y 5 millones de personas al año, serían alrededor de un millón de muertes menos. Costos - beneficios, vale la pena".
Adelantó que se está diseñando una vacuna de segunda generación que está resultando efectiva en monos, por lo que se espera que se salte pronto a humanos.
Mientras ocurra tan importante hallazgo los estudiosos de todo el mundo continúan liderando esfuerzos en el tema.
Ortega señaló que recientemente se llevó a cabo una reunión del Instituto Conmemorativo Gorgas, en esta ciudad. Allí un prominente científico dedicado a la malaria, Steve Hoffman, "sorprendió a la audiencia".
El es defensor de la biología molecular como una metodología para lograr una vacuna, sin embargo, su conferencia magistral fue enfática, al afirmar que "tenemos que regresar a vacunas primitivas y básicas que consistirían en irradiar el parásito y utilizarlo contra el plasmodium".
A su juicio, la tecnología, en estos últimos 20 años, no ha servido para desarrollar una vacuna contra la malaria. "Los métodos moleculares no están ayudando".
Para Ortega lo que el científico intenta explicar es que "si a corto plazo no utilizamos métodos más sencillos en el desarrollo de una vacuna no lo vamos a obtener siguiendo los métodos moleculares".
Hoffman trabajó, hasta hace pocos meses, con la compañía que secuenció el genoma humano. Participó en la secuenciación del genoma de la malaria y del mosquito que la transmite.
Y es que Panamá, "si miramos los números, ha retrocedido cerca de 30 años en estadísticas de la enfermedad. Cifras similares a las actuales se observaron sólo para la década del "70.
En cuanto al proceso para detectar la malaria, Ortega detalló un aspecto muy particular.
Considera que esta enfermedad tiene un tipo especial de vigilancia. "Se contaba con el Sistema Nacional de Erradicación de la Malaria (SNEM) que se descentralizó y en parte se desmovilizó".
Es así, comenta, que las tablas al respecto mostraban una aparente desaparición del mal. "Ello probablemente le dijo a las autoridades de Salud que no necesitaban el mismo sistema de vigilancia. Lógicamente cuando se actúa de esta forma con una enfermedad transmitida por vectores lo que sucede es un incremento de la frecuencia del mosquito y los casos".
Ortega señaló que ellos iban a las comunidades distantes y preguntaban por las personas con fiebres y escalofríos. "Se les proveía del tratamiento, se les tomaban muestras para determinar si se trataba de malaria, pero esas muestras va a un lugar para ser evaluadas microscópicamente y emitir el diagnóstico.
Subrayó que un sistema de este tipo en el que "se da indiscriminadamente tratamiento puede pasar que el parásito se hace resistente y la droga ya no sirve".
Este modelo se utiliza en la mayoría de las provincias y "no es malo", aclaró, si lo puedes sostener por mucho tiempo y apoyarlo en diagnóstico rápido. Debe combinarse la atención médica con la eliminación del vector".
En Kuna Yala y Darién ya está ocurriendo este fenómeno, aseguró, el parásito se hizo resistente y se requiere un plan más específico. Justamente es en ello que trabaja el MINSA.
Actualmente se estudia la utilización de un método que ya dio resultados en Bocas del Toro. "Es rápido. El trabajador de Control de Vectores lo lleva en el bolsillo. Toma una cinta con la muestra de sangre que es luego introducida en un cubo. La sangre sube y en cinco minutos se tiene respuesta. El individuo con malaria tiene el parásito en la sangre".
Es un sistema que se desarrolló en Estados Unidos por un grupo de investigadores. Este se llama Opti- Mal. "Con él se sabe si es vivax o falciparum y se suministra el cuidado correspondiente de inmediato". Sus costos son razonables, aduce Ortega, siempre y cuando se usen en forma dirigida.
Aún se están llevando a cabo los análisis por parte del MINSA para saber si podría ser aplicable por Control de Vectores.
José Ellington, Gobernador de la Comarca Ngöbe Buglé: "la presencia de la malaria nos tiene muy preocupados".
Esta región no escapa al brote de malaria de Kuna Yala. El representante de los indígenas estuvo hace pocos días en un congreso en el sector de Caloveborita. "La alarma era notoria. Los residentes de las comunidades del corregimiento de Llano Bonito dejaron de asistir a la reunión precisamente porque allá es que hay problema. Los indígenas van a seguir viajando a Costa Rica y regresarán más enfermos".
Ellington solicitó a las autoridades tradicionales que sugieran a los padres no llevarse a sus niños, que es la población de mayor riesgo. "Les pedí que viajen solos".
Caridad Herrera, directora de Salud de la región Comarcal Ngöbe Buglé: "En lo que va del año tenemos 1,647 casos, sólo en la Comarca".
Pero las medidas de prevención no han parado desde que se detectó el aumento vertiginoso, hace unas semanas. "Se ha reforzado el rociado intradomiciliario, se está medicando a la población y eliminando los criaderos del mosquito. Igualmente se han nombrado 20 promotores de Salud y los números han empezado a bajar".
