Estado de Derecho y la AMP
En su momento apoyamos la iniciativa del gobierno de Mireya Moscoso de modificar algunas de las leyes promulgadas durante el gobierno de Ernesto Pérez Balladares para permitirle nombrar a los más altos ejecutivos en ciertas instituciones gubernamentales por considerarlo conveniente para las gestiones del gobierno.
Ahora tenemos que hacer un alto para censurar lo ocurrido esta semana en la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y para advertir sobre las consecuencias de utilizar este tipo de maniobra en las futuras actuaciones de un gobierno que está por cumplir sus cien días de gestión.
La AMP fue creada mediante el Decreto-Ley 7 de 1998 como la autoridad suprema del sector marítimo en Panamá y reemplazó a la Autoridad Portuaria Nacional, la cual requería un cambio de enfoque por la privatización de los principales puertos de la República y la transferencia del Canal. Su principal función es promover, coordinar y ejecutar la Estrategia Marítima Nacional, la cual, aunque debe ser el producto del cúmulo de las aportaciones de sucesivas administraciones, tiene que necesariamente ser consistente con las gestiones del gobierno de turno.
Por esa razón consideramos apropiado reformar la legislación vigente para que los nombramientos de los altos ejecutivos de la AMP sean concurrentes con el período presidencial y estén sujetos a la libre remoción del gobernante de turno, en vez de gozar de períodos fijos como los que se justifican para instituciones técnicas como el Ente Regulador de Servicios Públicos y la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC).
Esta semana, sin embargo, pareciera que la paciencia se colmó en los corredores del Palacio de las Garzas ya que, en vez de esperar la aprobación de la "Ley Chorizo" por parte de la Asamblea, se optó por orquestar una maratónica reunión de la Junta Directiva de la AMP, cuya mayoría de miembros fue nombrada por el gobierno de Pérez Balladares, en la cual se les convenció que aprobaran remover a Rubén Reyna, también designado por el gobierno anterior, por supuestas faltas administrativas. Es obvio que el peso de la Presidencia de la República se hizo sentir en la reunión, pues muchas de las irregularidades que supuestamente justifican la remoción fueron consideradas y aprobadas por esos mismos directores. Como si esta componenda fuera insuficiente, la toma de control de la AMP fue coordinada con unidades del Servicio de Protección Institucional (SPI), en un operativo con características militares.
Los gobernantes deben tener presente que el Gobierno tiene que cumplir las leyes vigentes para que su actuar goce de respeto, por lo cual está comprometiendo su propia supervivencia al ignorarlas, tergiversarlas o abusarlas.
Ahora tenemos que hacer un alto para censurar lo ocurrido esta semana en la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y para advertir sobre las consecuencias de utilizar este tipo de maniobra en las futuras actuaciones de un gobierno que está por cumplir sus cien días de gestión.
La AMP fue creada mediante el Decreto-Ley 7 de 1998 como la autoridad suprema del sector marítimo en Panamá y reemplazó a la Autoridad Portuaria Nacional, la cual requería un cambio de enfoque por la privatización de los principales puertos de la República y la transferencia del Canal. Su principal función es promover, coordinar y ejecutar la Estrategia Marítima Nacional, la cual, aunque debe ser el producto del cúmulo de las aportaciones de sucesivas administraciones, tiene que necesariamente ser consistente con las gestiones del gobierno de turno.
Por esa razón consideramos apropiado reformar la legislación vigente para que los nombramientos de los altos ejecutivos de la AMP sean concurrentes con el período presidencial y estén sujetos a la libre remoción del gobernante de turno, en vez de gozar de períodos fijos como los que se justifican para instituciones técnicas como el Ente Regulador de Servicios Públicos y la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC).
Esta semana, sin embargo, pareciera que la paciencia se colmó en los corredores del Palacio de las Garzas ya que, en vez de esperar la aprobación de la "Ley Chorizo" por parte de la Asamblea, se optó por orquestar una maratónica reunión de la Junta Directiva de la AMP, cuya mayoría de miembros fue nombrada por el gobierno de Pérez Balladares, en la cual se les convenció que aprobaran remover a Rubén Reyna, también designado por el gobierno anterior, por supuestas faltas administrativas. Es obvio que el peso de la Presidencia de la República se hizo sentir en la reunión, pues muchas de las irregularidades que supuestamente justifican la remoción fueron consideradas y aprobadas por esos mismos directores. Como si esta componenda fuera insuficiente, la toma de control de la AMP fue coordinada con unidades del Servicio de Protección Institucional (SPI), en un operativo con características militares.
Los gobernantes deben tener presente que el Gobierno tiene que cumplir las leyes vigentes para que su actuar goce de respeto, por lo cual está comprometiendo su propia supervivencia al ignorarlas, tergiversarlas o abusarlas.
