Estado de derecho y seguridad jurídica
Contrario a lo que se ha venido diciendo, durante muchas décadas, la seguridad jurídica lejos de ser un valor del derecho es un principio o postulado esencial de la política legislativa o jurídica de un Estado. Los valores jurídicos, desde la perspectiva ontològica, trascienden al hombre y siembran en la conciencia jurídica el sentimiento de aspirar a que el Derecho, como ordenamiento coercitivo, sea congruente con los altos y caros principios que deben estar siempre presentes en la norma jurídica: justicia, libertad, orden, bien común, igualdad, etc. Preocupación, desde luego, para todo Estado, es que su ordenamiento jurídico obedezca a características de validez, vigencia y eficacia. Bien ha dicho Norberto Bobbio cuando sostiene que los problemas de la norma jurídica se reducen a tres: el problema de su justicia, de su validez y de su eficacia normativa.
Por otra parte, la seguridad jurídica siempre traduce una pretensión del Estado consistente en que su ordenamiento jurídico se adecue a las notas antes dichas: justicia, validez y eficacia. Desde esta perspectiva tridimensional del Derecho -el Derecho como valor, como norma y como plexo social- es que, en la actualidad, se venga planteando que la verdadera positividad del Derecho no consiste tanto en su validez como en su adecuación a los altos postulados normológicos de la Constitución y de los pactos o cConvenios internacionales en materia de derechos humanos. Ya en un ensayo anterior, sobre Estado de Derecho y Constitución, advertíamos lo indispensable que es que nuestros jueces apliquen la norma fundamental cuando exista contradicción entre la Ley y la Constitución. Un ordenamiento jurídico no puede reputarse que lo es cuando soslaya u omite las especiales consideraciones a la dignidad humana. Sin respeto o consideración a la dignidad humana no puede existir orden jurídico legítimo.
Ahora bien, llama la atención, poderosamente, que luego de varios lustros de venir las naciones y pueblos pobres del mundo padeciendo las injusticias sociales encausadas por las privatizaciones, venga el Banco Mundial, recientemente, a afirmar que es necesario reformular o replantearse, a nivel de los estados, el carácter de esas privatizaciones que han dejado como secuelas patéticas, entre otros réditos: más pobreza, ahondamiento de la brecha que separa a ricos y a pobres; hambre, desnutrición, enfermedades, desempleo, etc. “Nunca es tarde cuando la dicha es buena”, reza el adagio popular; sin embargo, cuánto ha costado a nuestra gente el carácter férreo de las privatizaciones de los servicios públicos, como el de la energía eléctrica, la telefonía, la seguridad social -en otros países se ha dado-, etc.
El Banco Mundial ha enviado un mensaje claro: no es cierto que tras el solapado argumento de la seguridad jurídica esos contratos leyes suscritos entre la Nación y las empresas internacionales que ganaron las licitaciones, tenga un pueblo, toda una nación, que soportar, casi por término indefinido y cuando no, por un largo término, la explotación perversa, eminentemente mercantilista, lucrativa, de los servicios públicos que se encuentran, dicho sea de paso, tan ligados o vinculados a la plena eficacia y vigencia de los derechos humanos. En consecuencia, en nombre de la seguridad jurídica no puede pretenderse asesinar, cocinar a una nación, lacerarla, explotarla, lastimarla, como se ha venido haciendo, a diestra y a siniestra, por esas empresas.
La seguridad jurídica trasciende a un nivel de verdadera justicia social, pues divorciarla de ella equivale a acentuar un positivismo jurídico perverso, recalcitrante que sigue predicando, sin pausa ni reflexión, que “dura es la ley, pero es la ley”. Si se acaba el hombre la ley no tiene razón de ser. Esta es una verdad que ha sido soslayada por gobiernos abyectos y cómplices de las privatizaciones inmisericordiosas, que han sembrado en nuestros pueblos hambre, luto y dolor.
El gobierno, en consecuencia, debe y tiene que iniciar una revisión, plena, total, completa, de las cláusulas que se hacen contener en los contratos leyes a través de los cuales se dieron las privatizaciones, básicamente, de los servicios públicos de la energía eléctrica y la telefonía.
En un Estado de Derecho, tal y como lo concebimos, la seguridad jurídica no significará jamás una cadena que amordaza el desarrollo social de los pueblos y mucho menos un candado que cierra, definitivamente, toda posibilidad de renegociar aquello que nos oprime, agobia y destruye. El Gobierno argentino ha dado un paso adelante: tiene hasta el mes de diciembre de este año para revisar los contratos de las privatizaciones. Atrévase Doña Mireya Moscoso a dar un paso igual Tome en cuenta a los distintos sectores de las fuerzas vivas del país, a las mentes inteligentes, capaces, buenas y nobles en participar para engrandecer a nuestra gente. Sólo así se puede hacer Patria.
Bien ha dicho Villoro Torranzo: seguridad jurídica equivale a uniformidad, estabilidad y constancia en la expedición, interpretación, aplicación y ejecución de la Ley, pero ello no puede ser posible, agregamos por nuestra parte, nunca, si la Ley es vista como un garrote o freno que golpea e imposibilita la dignidad de cada hombre y la de los pueblos.
(stekrakri@hotmail.com)
Por otra parte, la seguridad jurídica siempre traduce una pretensión del Estado consistente en que su ordenamiento jurídico se adecue a las notas antes dichas: justicia, validez y eficacia. Desde esta perspectiva tridimensional del Derecho -el Derecho como valor, como norma y como plexo social- es que, en la actualidad, se venga planteando que la verdadera positividad del Derecho no consiste tanto en su validez como en su adecuación a los altos postulados normológicos de la Constitución y de los pactos o cConvenios internacionales en materia de derechos humanos. Ya en un ensayo anterior, sobre Estado de Derecho y Constitución, advertíamos lo indispensable que es que nuestros jueces apliquen la norma fundamental cuando exista contradicción entre la Ley y la Constitución. Un ordenamiento jurídico no puede reputarse que lo es cuando soslaya u omite las especiales consideraciones a la dignidad humana. Sin respeto o consideración a la dignidad humana no puede existir orden jurídico legítimo.
Ahora bien, llama la atención, poderosamente, que luego de varios lustros de venir las naciones y pueblos pobres del mundo padeciendo las injusticias sociales encausadas por las privatizaciones, venga el Banco Mundial, recientemente, a afirmar que es necesario reformular o replantearse, a nivel de los estados, el carácter de esas privatizaciones que han dejado como secuelas patéticas, entre otros réditos: más pobreza, ahondamiento de la brecha que separa a ricos y a pobres; hambre, desnutrición, enfermedades, desempleo, etc. “Nunca es tarde cuando la dicha es buena”, reza el adagio popular; sin embargo, cuánto ha costado a nuestra gente el carácter férreo de las privatizaciones de los servicios públicos, como el de la energía eléctrica, la telefonía, la seguridad social -en otros países se ha dado-, etc.
El Banco Mundial ha enviado un mensaje claro: no es cierto que tras el solapado argumento de la seguridad jurídica esos contratos leyes suscritos entre la Nación y las empresas internacionales que ganaron las licitaciones, tenga un pueblo, toda una nación, que soportar, casi por término indefinido y cuando no, por un largo término, la explotación perversa, eminentemente mercantilista, lucrativa, de los servicios públicos que se encuentran, dicho sea de paso, tan ligados o vinculados a la plena eficacia y vigencia de los derechos humanos. En consecuencia, en nombre de la seguridad jurídica no puede pretenderse asesinar, cocinar a una nación, lacerarla, explotarla, lastimarla, como se ha venido haciendo, a diestra y a siniestra, por esas empresas.
La seguridad jurídica trasciende a un nivel de verdadera justicia social, pues divorciarla de ella equivale a acentuar un positivismo jurídico perverso, recalcitrante que sigue predicando, sin pausa ni reflexión, que “dura es la ley, pero es la ley”. Si se acaba el hombre la ley no tiene razón de ser. Esta es una verdad que ha sido soslayada por gobiernos abyectos y cómplices de las privatizaciones inmisericordiosas, que han sembrado en nuestros pueblos hambre, luto y dolor.
El gobierno, en consecuencia, debe y tiene que iniciar una revisión, plena, total, completa, de las cláusulas que se hacen contener en los contratos leyes a través de los cuales se dieron las privatizaciones, básicamente, de los servicios públicos de la energía eléctrica y la telefonía.
En un Estado de Derecho, tal y como lo concebimos, la seguridad jurídica no significará jamás una cadena que amordaza el desarrollo social de los pueblos y mucho menos un candado que cierra, definitivamente, toda posibilidad de renegociar aquello que nos oprime, agobia y destruye. El Gobierno argentino ha dado un paso adelante: tiene hasta el mes de diciembre de este año para revisar los contratos de las privatizaciones. Atrévase Doña Mireya Moscoso a dar un paso igual Tome en cuenta a los distintos sectores de las fuerzas vivas del país, a las mentes inteligentes, capaces, buenas y nobles en participar para engrandecer a nuestra gente. Sólo así se puede hacer Patria.
Bien ha dicho Villoro Torranzo: seguridad jurídica equivale a uniformidad, estabilidad y constancia en la expedición, interpretación, aplicación y ejecución de la Ley, pero ello no puede ser posible, agregamos por nuestra parte, nunca, si la Ley es vista como un garrote o freno que golpea e imposibilita la dignidad de cada hombre y la de los pueblos.
(stekrakri@hotmail.com)
