Estamos de vuelta y un fallo polémico
Nota previa: Después de un intervalo de dos martes, para los que no envié mi habitual escrito, vuelvo a esta reflexión semanal, sobre temas de interés general. Creo oportuno explicar a los lectores que la decisión de suspender mis colaboraciones fue motivada por la aparición en la edición correspondiente al día 4 de agosto pasado, de una nota suscrita por "La Redacción" del diario, o sea, sin responsable identificado, que consideré injusta e inmerecida. Como lo expresé a los dueños y directores de El Panamá América, en una carta que les dirigí el pasado 7 de agosto, como político estoy sujeto al escrutinio de mis actuaciones públicas, por las que asumo plena responsabilidad, pero no puedo aceptar que se me juzgue en forma anónima, porque ello me impide responder al agraviante.
En respuesta a mi nota, el director del diario, Octavio Amat, me respondió en los siguientes términos: "A nombre del diario El Panamá América, por la persona de nuestra presidenta, Doña Rosario Arias de Galindo y el suscrito, permítame reiterarle que deploramos la publicación de la nota en referencia, hecha bajo el nombre de la Redacción de El Panamá América, cuyo contenido expresa la opinión de una fuente no identificada acerca de su nombramiento como embajador en la OEA y su trayectoria como político". "En este caso, la nota no expresa la opinión del diario..."
Con su respuesta, que restablece la línea de respeto y consideración que ha caracterizado nuestra relación con los responsables del periódico, el asunto ha quedado en el pasado y pasamos a otro tema.
Un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, que no contó con el voto unánime de los magistrados, echó por tierra la salvaguarda legal que garantizaba que el presupuesto de la Universidad de Panamá, por lo menos, se mantuviera a un nivel igual al del año precedente, al declarar inconstitucional la norma de su Ley Orgánica que así lo establecía. Esa decisión, como era de esperar, ha generado enorme preocupación en la comunidad universitaria y es previsible que se sigan produciendo protestas encaminadas a rechazarla.
Desde el punto de vista estrictamente legal, una vez que la máxima corporación judicial del país se ha pronunciado en materia de constitucionalidad no cabe recurso alguno. Eventualmente, pudiera volver a aprobarse por la Asamblea Legislativa la restitución de la norma en la Ley Orgánica de la Universidad, pero ello tendría poca utilidad práctica, por cuanto podría volver a ser impugnada y nuevamente declarada inconstitucional.
Como consecuencia del fallo de la Corte, en principio, el presupuesto para el año 2001 podría ser fijado en una cifra inferior al del actual. Esto, sin duda, trastornaría el normal funcionamiento de la Universidad. Sin embargo, no parece razonable dar por sentado que eso ocurrirá.
Creo importante aclarar que si bien el fallo de la Corte abre la posibilidad para que se apruebe un presupuesto por monto inferior al vigente, ello no necesariamente será así. Además, no hay que olvidar que en la práctica una cosa es el monto nominal del presupuesto y otra los recortes durante su ejecución.
En mi opinión, la protesta de la Universidad está plenamente justificada, pero la solución al problema no está en rechazar el fallo de la Corte, sino en buscar un compromiso por parte de las autoridades nacionales, entiéndase el "rgano Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, para qué lograr de éstas la promesa de que el presupuesto del próximo año atenderá al incremento normal de los gastos de la institución y, por otra parte, que el monto nominal aprobado no será recortado durante su ejecución.
De poco sirven los presupuestos nominales aumentados, si durante el transcurso del año son recortadas las cifras aprobadas, extremo que era y sigue siendo posible, aunque no se hubiera producido el fallo de la Corte Suprema.
En respuesta a mi nota, el director del diario, Octavio Amat, me respondió en los siguientes términos: "A nombre del diario El Panamá América, por la persona de nuestra presidenta, Doña Rosario Arias de Galindo y el suscrito, permítame reiterarle que deploramos la publicación de la nota en referencia, hecha bajo el nombre de la Redacción de El Panamá América, cuyo contenido expresa la opinión de una fuente no identificada acerca de su nombramiento como embajador en la OEA y su trayectoria como político". "En este caso, la nota no expresa la opinión del diario..."
Con su respuesta, que restablece la línea de respeto y consideración que ha caracterizado nuestra relación con los responsables del periódico, el asunto ha quedado en el pasado y pasamos a otro tema.
Un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, que no contó con el voto unánime de los magistrados, echó por tierra la salvaguarda legal que garantizaba que el presupuesto de la Universidad de Panamá, por lo menos, se mantuviera a un nivel igual al del año precedente, al declarar inconstitucional la norma de su Ley Orgánica que así lo establecía. Esa decisión, como era de esperar, ha generado enorme preocupación en la comunidad universitaria y es previsible que se sigan produciendo protestas encaminadas a rechazarla.
Desde el punto de vista estrictamente legal, una vez que la máxima corporación judicial del país se ha pronunciado en materia de constitucionalidad no cabe recurso alguno. Eventualmente, pudiera volver a aprobarse por la Asamblea Legislativa la restitución de la norma en la Ley Orgánica de la Universidad, pero ello tendría poca utilidad práctica, por cuanto podría volver a ser impugnada y nuevamente declarada inconstitucional.
Como consecuencia del fallo de la Corte, en principio, el presupuesto para el año 2001 podría ser fijado en una cifra inferior al del actual. Esto, sin duda, trastornaría el normal funcionamiento de la Universidad. Sin embargo, no parece razonable dar por sentado que eso ocurrirá.
Creo importante aclarar que si bien el fallo de la Corte abre la posibilidad para que se apruebe un presupuesto por monto inferior al vigente, ello no necesariamente será así. Además, no hay que olvidar que en la práctica una cosa es el monto nominal del presupuesto y otra los recortes durante su ejecución.
En mi opinión, la protesta de la Universidad está plenamente justificada, pero la solución al problema no está en rechazar el fallo de la Corte, sino en buscar un compromiso por parte de las autoridades nacionales, entiéndase el "rgano Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, para qué lograr de éstas la promesa de que el presupuesto del próximo año atenderá al incremento normal de los gastos de la institución y, por otra parte, que el monto nominal aprobado no será recortado durante su ejecución.
De poco sirven los presupuestos nominales aumentados, si durante el transcurso del año son recortadas las cifras aprobadas, extremo que era y sigue siendo posible, aunque no se hubiera producido el fallo de la Corte Suprema.
