Estertores en la ARI
Nosotros insistimos también en el tema de lo que pudiéramos denominar los problemas implícitos en la reversión del Canal y de la Zona, que continúan siendo actuales, porque como país, como nación y como totalidad, ni nos preocupamos por ellos oportunamente, ni les prestamos atención a las situaciones que ahora los circundan. Naturalmente que ello se plantea en el contexto de un país que acaba de pasar un siglo entero en medio de las características más negativas que pueden darse en una comunidad nacional latinoamericana, si vemos las cosas retrospectivamente. Este proceso fue acumulativo, pero en estos días está alcanzando su clímax, y todos estamos escandalizados y sin rumbo alguno. Y lo peor: sin proponernos de modo serio y real nada que pueda ordenar un poco nuestro tortuoso destino.
Reiteramos que es necesario repetir que jamás tuvimos una actitud general de meditación en torno a lo que deberíamos hacer, usando una planificación de responsabilidad ciudadana, para la llegada de lo que todos veíamos como una gran reivindicación.
Un alto funcionario, por allá por 1990, expresó que como faltaban diez años para recibir el Canal, no consideraba que en aquel tiempo se debía pensar en el tema, sino que procedía dejarlo a los próximos gobiernos. Andando un par de años, fue el Jefe del Comando Sur, General Jolwan, quien previno al gobierno panameño de que a él le correspondía la responsabilidad de hacer entrega escalonada de ese inmenso patrimonio (la Zona, en tierras y propiedades calculadas en el valor de 60 mil millones de dólares; y el Canal, calculado en nueve mil millones). Preguntó Jolwan si ya teníamos designados nuestros interlocutores, para firmar los acuerdos de ejecución de lo pactado. Tuvimos que correr a improvisar "soluciones" y se designó una Comisión, que tras un año de sesiones y trabajos, recomendó redactar dos leyes, una para el Canal y la otra para los demás bienes que revertían. Nunca se planificó debidamente cuáles podrían ser las mejores decisiones o soluciones. Se aprobaron dos leyes, con la improvisación conocida de siempre. Y la tesis genial fue la de vender esas tierras, edificios, instalaciones, etc.; y desde el 2000, "administrar el Canal", con su ley al estilo de las llamadas "instituciones autónomas" (Seguro Social, IDAAN, IRHE, INTEL, etc.). No hubo mejor prueba que la de tan fatal ceguera. Sin embargo, algunos pensaban que eso era lo mejor para ellos... aunque se trataba de una simple "sospecha". Incluso se llegó a solicitársele a una empresa contratada para planificar la distribución de tales áreas conforme a su posibilidad del mejor aprovechamiento o dedicación, que adelantara su trabajo para un máximo de seis meses, porque no se podía esperar que terminara en el lapso contratado: sino que se necesitaba el plan en seis meses, fuera como fuese, ya que había que iniciar la venta de tierras, de bienes, etc., etc., cuanto antes.
Se discutió en la Ley respectiva qué plazo de vida se le daba a la pomposa entidad denominada "Autoridad de la Región Interoceánica" (ARI), nombre poco apropiado. Unos cinco años, decían algunos, explicando "en cinco años vendemos todo eso". Otros manifestaban que 10 ó 15 años; y finalmente creo que se transó por 12 años o algo así.
Cuando todos sabíamos que la última base militar en revertir sería la de Howard Field, en 1999, con un inmenso aeropuerto, edificios para todo, instalaciones de toda clase, etc., lo que se hizo fue cerrar tal base y dejar que fuera depreciándose más y más. Todavía en semanas pasadas, cuando de momento recibimos el aviso del peligro de la neumonía asiática, las autoridades manifestaron que se podía utilizar el hospital de Howard, pero que era necesario invertir unos 300 mil balboas en reparaciones y deterioros. Tenemos que convenir que el asunto era maravilloso, porque cierto tiempo atrás se comenzó a hacerle propaganda a la idea de establecer en Howard un Area Económica Especial, casi como una copia de la base filipina de no sé cómo se llama, pero da igual, porque la propaganda dice que "la AEE de Howard se propone como un centro de negocios de clase mundial, donde se pretende lograr que las empresas de todas las partes del mundo se instalen y realicen operaciones ofreciendo sus servicios al mercado internacional". Otra maravilla.
En días pasados se publicó que la Junta Directiva de la ARI estaba "dividida" en cuanto a la creación de un Comité Ejecutivo, dentro de ella, de cinco miembros, para aprobar los contratos hasta por cinco millones de balboas. El Pulso de Panamá, breve columna de El Panamá América, reaccionó fuertemente, refiriéndose a "cuatro bellacos que tienen hablados ciertos globos de terrenos, quienes buscan coger los mangos bajitos". Rápidamente también la Junta Directiva de la ARI solicitó que en la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa, "se retirara del proyecto el Comité de los Cinco".
Sin duda que somos un país de planificadores... del desastre nacional. En no largo tiempo, tendremos elecciones "democráticas" (aunque el Tribunal Electoral se encuentre ocupadísimo en lo de las cédulas). Y todos iremos a votar, como siempre, porque "nos gusta y nos entusiasma". Tal es el cambio real, para salvar al país.
Como puntos de comparación, sólo la actividad de buceo ecológico en Isla Cocos, Costa Rica, genera unos B/. 600,000 anuales, mientras que el turismo ecológico en Galápagos genera B/. 33 millones anuales. Fuentes del Smithsonian aducen que el nivel de biodiversidad en Coiba es comparable con el de las islas Galápagos.
Otras fuentes allegadas a la Subcomisión de Ambiente, que ayer discutió un nuevo lenguaje para la propuesta final de primer debate, comentaron a El Panamá América que se intentó agregar esta prohibición, sin embargo, los comisionados sostuvieron que, dado el veto presidencial al proyecto de ley sin esta prohibición, no sería oportuno introducirlo.
Más allá de esta prohibición sobre el desarrollo de turismo de alto impacto, el proyecto de ley del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) introduce permiso para ciertas actividades que no parecen ser consistentes con protección ambiental o la preservación del Parque, a saber, la tala de árboles y quema de predios, la caza y la pesca indiscriminada, la colocación de vallas publicitarias, y sorprendentemente, la recolección o destrucción de recursos naturales, culturales, arqueológicos y turísticos.
Otro punto de desarrollo importante en la evolución de la legislación trata con el plan de manejo del Parque. En el proyecto original del legislador Torres, este plan sería efectuado por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y sometido a consulta pública.
Sin embargo, en el proyecto "consensuado", pero vetado por la presidencia, el plan de manejo sería elaborado y aprobado por la ANAM, previa consulta con un comité directivo - sin consulta pública.
En el proyecto del Ejecutivo, el plan de manejo se aprobará únicamente por el Consejo de Administración del Parque. Y es la composición misma del grupo directivo del parque que ha generado los principales comentarios.
El proyecto original de Torres y el proyecto "consensuado" incluían representación de la comunidad científica interesada en el parque y de representantes de los municipios colindantes al Parque. El nuevo proyecto propone representación principalmente por miembros del Ejecutivo, sin representación ni de la comunidad científica ni de las comunidades aledañas al Parque.
Fuentes allegadas a la subcomisión confirmaron anoche que se estaba activamente buscando una solución para la inclusión de asesoría científica directa a la administración del parque, elemento ausente en el nuevo proyecto presentado por el Ejecutivo.
Comentaristas ven este último proyecto especialmente peligroso para el mantenimiento del Parque como el eslabón más importante en el ecosistema del Pacífico Oriental, ya que el grupo directivo del proyecto del MEF tendría capacidad para otorgar concesiones para la explotación de los recursos de la isla o de otorgar proyectos de alto impacto sin consideración específica ni de la comunidad científica ni de las comunidades que podrían ser afectadas.
Reiteramos que es necesario repetir que jamás tuvimos una actitud general de meditación en torno a lo que deberíamos hacer, usando una planificación de responsabilidad ciudadana, para la llegada de lo que todos veíamos como una gran reivindicación.
Un alto funcionario, por allá por 1990, expresó que como faltaban diez años para recibir el Canal, no consideraba que en aquel tiempo se debía pensar en el tema, sino que procedía dejarlo a los próximos gobiernos. Andando un par de años, fue el Jefe del Comando Sur, General Jolwan, quien previno al gobierno panameño de que a él le correspondía la responsabilidad de hacer entrega escalonada de ese inmenso patrimonio (la Zona, en tierras y propiedades calculadas en el valor de 60 mil millones de dólares; y el Canal, calculado en nueve mil millones). Preguntó Jolwan si ya teníamos designados nuestros interlocutores, para firmar los acuerdos de ejecución de lo pactado. Tuvimos que correr a improvisar "soluciones" y se designó una Comisión, que tras un año de sesiones y trabajos, recomendó redactar dos leyes, una para el Canal y la otra para los demás bienes que revertían. Nunca se planificó debidamente cuáles podrían ser las mejores decisiones o soluciones. Se aprobaron dos leyes, con la improvisación conocida de siempre. Y la tesis genial fue la de vender esas tierras, edificios, instalaciones, etc.; y desde el 2000, "administrar el Canal", con su ley al estilo de las llamadas "instituciones autónomas" (Seguro Social, IDAAN, IRHE, INTEL, etc.). No hubo mejor prueba que la de tan fatal ceguera. Sin embargo, algunos pensaban que eso era lo mejor para ellos... aunque se trataba de una simple "sospecha". Incluso se llegó a solicitársele a una empresa contratada para planificar la distribución de tales áreas conforme a su posibilidad del mejor aprovechamiento o dedicación, que adelantara su trabajo para un máximo de seis meses, porque no se podía esperar que terminara en el lapso contratado: sino que se necesitaba el plan en seis meses, fuera como fuese, ya que había que iniciar la venta de tierras, de bienes, etc., etc., cuanto antes.
Se discutió en la Ley respectiva qué plazo de vida se le daba a la pomposa entidad denominada "Autoridad de la Región Interoceánica" (ARI), nombre poco apropiado. Unos cinco años, decían algunos, explicando "en cinco años vendemos todo eso". Otros manifestaban que 10 ó 15 años; y finalmente creo que se transó por 12 años o algo así.
Cuando todos sabíamos que la última base militar en revertir sería la de Howard Field, en 1999, con un inmenso aeropuerto, edificios para todo, instalaciones de toda clase, etc., lo que se hizo fue cerrar tal base y dejar que fuera depreciándose más y más. Todavía en semanas pasadas, cuando de momento recibimos el aviso del peligro de la neumonía asiática, las autoridades manifestaron que se podía utilizar el hospital de Howard, pero que era necesario invertir unos 300 mil balboas en reparaciones y deterioros. Tenemos que convenir que el asunto era maravilloso, porque cierto tiempo atrás se comenzó a hacerle propaganda a la idea de establecer en Howard un Area Económica Especial, casi como una copia de la base filipina de no sé cómo se llama, pero da igual, porque la propaganda dice que "la AEE de Howard se propone como un centro de negocios de clase mundial, donde se pretende lograr que las empresas de todas las partes del mundo se instalen y realicen operaciones ofreciendo sus servicios al mercado internacional". Otra maravilla.
En días pasados se publicó que la Junta Directiva de la ARI estaba "dividida" en cuanto a la creación de un Comité Ejecutivo, dentro de ella, de cinco miembros, para aprobar los contratos hasta por cinco millones de balboas. El Pulso de Panamá, breve columna de El Panamá América, reaccionó fuertemente, refiriéndose a "cuatro bellacos que tienen hablados ciertos globos de terrenos, quienes buscan coger los mangos bajitos". Rápidamente también la Junta Directiva de la ARI solicitó que en la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa, "se retirara del proyecto el Comité de los Cinco".
Sin duda que somos un país de planificadores... del desastre nacional. En no largo tiempo, tendremos elecciones "democráticas" (aunque el Tribunal Electoral se encuentre ocupadísimo en lo de las cédulas). Y todos iremos a votar, como siempre, porque "nos gusta y nos entusiasma". Tal es el cambio real, para salvar al país.
Como puntos de comparación, sólo la actividad de buceo ecológico en Isla Cocos, Costa Rica, genera unos B/. 600,000 anuales, mientras que el turismo ecológico en Galápagos genera B/. 33 millones anuales. Fuentes del Smithsonian aducen que el nivel de biodiversidad en Coiba es comparable con el de las islas Galápagos.
Otras fuentes allegadas a la Subcomisión de Ambiente, que ayer discutió un nuevo lenguaje para la propuesta final de primer debate, comentaron a El Panamá América que se intentó agregar esta prohibición, sin embargo, los comisionados sostuvieron que, dado el veto presidencial al proyecto de ley sin esta prohibición, no sería oportuno introducirlo.
Más allá de esta prohibición sobre el desarrollo de turismo de alto impacto, el proyecto de ley del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) introduce permiso para ciertas actividades que no parecen ser consistentes con protección ambiental o la preservación del Parque, a saber, la tala de árboles y quema de predios, la caza y la pesca indiscriminada, la colocación de vallas publicitarias, y sorprendentemente, la recolección o destrucción de recursos naturales, culturales, arqueológicos y turísticos.
Otro punto de desarrollo importante en la evolución de la legislación trata con el plan de manejo del Parque. En el proyecto original del legislador Torres, este plan sería efectuado por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y sometido a consulta pública.
Sin embargo, en el proyecto "consensuado", pero vetado por la presidencia, el plan de manejo sería elaborado y aprobado por la ANAM, previa consulta con un comité directivo - sin consulta pública.
En el proyecto del Ejecutivo, el plan de manejo se aprobará únicamente por el Consejo de Administración del Parque. Y es la composición misma del grupo directivo del parque que ha generado los principales comentarios.
El proyecto original de Torres y el proyecto "consensuado" incluían representación de la comunidad científica interesada en el parque y de representantes de los municipios colindantes al Parque. El nuevo proyecto propone representación principalmente por miembros del Ejecutivo, sin representación ni de la comunidad científica ni de las comunidades aledañas al Parque.
Fuentes allegadas a la subcomisión confirmaron anoche que se estaba activamente buscando una solución para la inclusión de asesoría científica directa a la administración del parque, elemento ausente en el nuevo proyecto presentado por el Ejecutivo.
Comentaristas ven este último proyecto especialmente peligroso para el mantenimiento del Parque como el eslabón más importante en el ecosistema del Pacífico Oriental, ya que el grupo directivo del proyecto del MEF tendría capacidad para otorgar concesiones para la explotación de los recursos de la isla o de otorgar proyectos de alto impacto sin consideración específica ni de la comunidad científica ni de las comunidades que podrían ser afectadas.
