Ética y legalidad

Una cosa es mantener un comportamiento ajeno a principios, y otra muy distinta violar la ley. Es verdad que el país aspira a que la clase política (que no es más que el conjunto de profesionales, empresarios, trabajadores, líderes comunitarios, hacedores de opinión y generadores de influencias, que deriva sus ingresos principales de los pagos legales que recibe del Estado) tenga una conducta ética, que piense lo que dice y diga lo que piensa, que haga lo que dice, y que diga lo que verdaderamente hace. Si se dan estas concordancias entre lo que se piensa, se dice y se hace, automáticamente se estarían corrigiendo muchos rumbos, pues la sociedad no confiaría responsabilidades públicas a los que solo buscan aprovecharse personalmente de los puestos públicos. No obstante, hay que reconocer que las valoraciones éticas pueden tener un rango de variaciones tan amplio que a veces nos deja intranquilos, pues no es posible certificar la condena ética de ciertos actos con absoluta certeza. Es muy diferente con respecto a la ley. La violación de la ley, y especialmente la violación de la ley penal, no es materia de opiniones caprichosas, sino que está bajo el criterio de las autoridades. Del Gobierno se espera que colabore con las autoridades administrativas y judiciales para perseguir las irregularidades y el delito, aunque los señalados sean sus aliados políticos. Encubrir el delito es también un delito y no meramente una desviación en el terreno de la ética.