EU, ¿juez de corruptos?
En primer lugar está por definirse si Estados Unidos como nación, o cualquier otro país del mundo, tiene competencia y solvencia para erigirse en un árbitro para decidir quién es o no corrupto a escala internacional. La corrupción, en sus diversas modalidades, se sanciona a través de las leyes de cada Estado, en cumplimiento de las etapas del debido proceso. En esa perspectiva, Estados Unidos o cualquier país, sí tiene potestad para rechazar el ingreso de un ciudadano sentenciado por actos de corrupción. Pero si se actúa fuera de este mecanismo, u otro elemento auxiliar para la captura policial o la extradición de una persona requerida por la justicia, la lucha contra la corrupción ingresaría a niveles indeseables de empantamiento legal y político.
Por otro lado, debemos admitir sin cinismo, sino con realismo, que pocos ciudadanos de los países se libran de acusaciones de corrupción. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, por ejemplo, ventila si la quiebra de la gigantesca empresa energética Enron reviste perfiles de ilicitud en sus tratos con funcionarios públicos. Algunos medios de comunicación de ese país vinculan al vicepresidente Dick Cheney con altos funcionarios de Enron, a tal punto que los líderes parlamentarios demócratas presionan para obtener amplia información sobre tales relaciones antes y después que George W. Bush llegara a la Casa Blanca.
¿Es aconsejable con estos antecedentes que el gobierno republicano sea certificador de la moralidad o inmoralidad de funcionarios de otras partes? ¿No se reciclará otra polémica internacional como la de la certificación del apoyo o negligencia en el combate contra el narcotráfico? Lo más sensato y aconsejable es abstenerse de posturas antipáticas y fortalecer la cooperación internacional para identificar y sancionar ejemplarmente a quienes delinquen por vía del soborno, coimas, latrocinio fiscal, lavado de dinero, etc. Hay que dar pasos prudentes y seguros, sin arrogancias de ninguna especie. Porque, como dice el refrán, en asuntos de corrupción se generaliza mucho, pero pocos pueden tirar la primera piedra.
Por otro lado, debemos admitir sin cinismo, sino con realismo, que pocos ciudadanos de los países se libran de acusaciones de corrupción. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, por ejemplo, ventila si la quiebra de la gigantesca empresa energética Enron reviste perfiles de ilicitud en sus tratos con funcionarios públicos. Algunos medios de comunicación de ese país vinculan al vicepresidente Dick Cheney con altos funcionarios de Enron, a tal punto que los líderes parlamentarios demócratas presionan para obtener amplia información sobre tales relaciones antes y después que George W. Bush llegara a la Casa Blanca.
¿Es aconsejable con estos antecedentes que el gobierno republicano sea certificador de la moralidad o inmoralidad de funcionarios de otras partes? ¿No se reciclará otra polémica internacional como la de la certificación del apoyo o negligencia en el combate contra el narcotráfico? Lo más sensato y aconsejable es abstenerse de posturas antipáticas y fortalecer la cooperación internacional para identificar y sancionar ejemplarmente a quienes delinquen por vía del soborno, coimas, latrocinio fiscal, lavado de dinero, etc. Hay que dar pasos prudentes y seguros, sin arrogancias de ninguna especie. Porque, como dice el refrán, en asuntos de corrupción se generaliza mucho, pero pocos pueden tirar la primera piedra.
