Europa sin información de Latinoamérica
Al igual que en casi toda Europa, la prensa española se desborda con noticias sobre Irak y las reacciones de Washington y Lóndres, dejando poquísimo espacio para la información del resto del mundo.
La crisis boliviana es por el momento la única información sobre Latinoamérica que publican grandes periódicos como el "Independent" de Londres, la "Frankfurter Allgemeine" de Alemania, "El País" de Madrid o "La Vanguardia" de Barcelona.
"Ese tipo de información selecta de la actualidad latinoamericana deja a los lectores europeos sin percatarse de lo que verdaderamente esta ocurriendo en Latinoamérica, donde por primera vez en muchas décadas se ha impuesto la democracia y, por lo menos por el momento, la estabilidad política y social", afirma Carlos Rincón, profesor emérito de la Freie Universitaet de Berlín y profesor visitante en Harvard y la Universidad de Los Andes de Bogotá.
Para la "Berliner Zeitung" el problema es aún más generalizado a medida en que los medios informativos europeos cierran sus oficinas en Latinoamérica por las presiones económicas. "Más y más los medios informativos alemanes limitan sus oficinas en Latinoamérica por razones presupuestarias".
Un reciente estudio realizado por Anne Huffschmid y patrocinado por la Freie Universitaet, en Centro y Sudamérica revela que durante los últimos años varios medios informativos alemanes cerraron sus oficinas en Brasil y Argentina y que las pocas informaciones que llegan a los medios alemanes del continente son enviadas por corresponsales en México.
Eso no sólo se limita a Alemania sino también a algunos medios españoles como "La Vanguardia" cuyo corresponsal para la región, Joaquín Ibarz, hace años opera desde México. La diferencia está en que este es tan conocido por el mundo periodístico que sólo necesita levantar el teléfono para comunicarse con algunos de los más confiables periodistas en Latinoamérica para obtener, casi instantáneamente, buena información.
En el 2002 la cantidad de carga movida en contenedores, que se transporta en naves tamaño Panamax o menores, es mucho mayor que la transportada en naves Post-Panamax.
No obstante la fragilidad de los estudios de proyecciones de tránsito, la ACP ha gastado más de 70 millones de dólares en estudios para la ampliación del Canal, cuyos resultados no se conocen ni han sido divulgados para darle la oportunidad de opinar a profesionales de distintas disciplinas, de larga experiencia, lo cual es realmente lamentable. La realidad es que la ACP ha venido desestimando el valor de los aportes y de las contribuciones que pueden hacer aquellos compatriotas, aquellos panameños que han ganado experiencia en el Canal en posiciones que requerían una alta capacidad técnica. En su lugar la ACP pareciera encerrarse en un pequeño grupo de personas dentro de la organización, cuya relativa experiencia es bastante limitada y en fin de cuentas parecieran depender del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito de los Estados Unidos y de la llamada Junta de Asesores Internacionales.
Al cumplirse el primer Centenario de vida republicana, se hace imperativo que los panameños y las panameñas nos pronunciemos sobre cuestiones tan vitales como las siguientes:
¿Permite el Título XIV de la Constitución Política dedicado al Canal de Panamá, patrimonio inalienable de la nación panameña, que la administración de la ACP reviva el modelo de enclave que existía en los tiempos del Gobierno de la Zona del Canal?
Como se explica que la Administración del Canal de Panamá, se proponga recurrir a la rebaja de salarios a los trabajadores del Canal para invertir esos ahorros en obras de alto riesgo, y que no sólo es una causa de conflicto en las relaciones obrero-patronales sino que en la práctica implantaría dos escalas saláriales que significarían la restauración del rol de oro y del rol de plata, de tan ingrata recordación.
Se justifica dejar en las manos exclusivas de la ACP los estudios de los planes de expansión o modernización del Canal, sin darlos a conocer ni divulgarlos a la opinión pública, no obstante que los tratados o convenios internacionales o contratos que celebre el Órgano Ejecutivo además de ser objeto de aprobación por el Órgano Legislativo, por mandato constitucional serán sometidos a referéndum nacional.
La crisis boliviana es por el momento la única información sobre Latinoamérica que publican grandes periódicos como el "Independent" de Londres, la "Frankfurter Allgemeine" de Alemania, "El País" de Madrid o "La Vanguardia" de Barcelona.
"Ese tipo de información selecta de la actualidad latinoamericana deja a los lectores europeos sin percatarse de lo que verdaderamente esta ocurriendo en Latinoamérica, donde por primera vez en muchas décadas se ha impuesto la democracia y, por lo menos por el momento, la estabilidad política y social", afirma Carlos Rincón, profesor emérito de la Freie Universitaet de Berlín y profesor visitante en Harvard y la Universidad de Los Andes de Bogotá.
Para la "Berliner Zeitung" el problema es aún más generalizado a medida en que los medios informativos europeos cierran sus oficinas en Latinoamérica por las presiones económicas. "Más y más los medios informativos alemanes limitan sus oficinas en Latinoamérica por razones presupuestarias".
Un reciente estudio realizado por Anne Huffschmid y patrocinado por la Freie Universitaet, en Centro y Sudamérica revela que durante los últimos años varios medios informativos alemanes cerraron sus oficinas en Brasil y Argentina y que las pocas informaciones que llegan a los medios alemanes del continente son enviadas por corresponsales en México.
Eso no sólo se limita a Alemania sino también a algunos medios españoles como "La Vanguardia" cuyo corresponsal para la región, Joaquín Ibarz, hace años opera desde México. La diferencia está en que este es tan conocido por el mundo periodístico que sólo necesita levantar el teléfono para comunicarse con algunos de los más confiables periodistas en Latinoamérica para obtener, casi instantáneamente, buena información.
En el 2002 la cantidad de carga movida en contenedores, que se transporta en naves tamaño Panamax o menores, es mucho mayor que la transportada en naves Post-Panamax.
No obstante la fragilidad de los estudios de proyecciones de tránsito, la ACP ha gastado más de 70 millones de dólares en estudios para la ampliación del Canal, cuyos resultados no se conocen ni han sido divulgados para darle la oportunidad de opinar a profesionales de distintas disciplinas, de larga experiencia, lo cual es realmente lamentable. La realidad es que la ACP ha venido desestimando el valor de los aportes y de las contribuciones que pueden hacer aquellos compatriotas, aquellos panameños que han ganado experiencia en el Canal en posiciones que requerían una alta capacidad técnica. En su lugar la ACP pareciera encerrarse en un pequeño grupo de personas dentro de la organización, cuya relativa experiencia es bastante limitada y en fin de cuentas parecieran depender del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito de los Estados Unidos y de la llamada Junta de Asesores Internacionales.
Al cumplirse el primer Centenario de vida republicana, se hace imperativo que los panameños y las panameñas nos pronunciemos sobre cuestiones tan vitales como las siguientes:
¿Permite el Título XIV de la Constitución Política dedicado al Canal de Panamá, patrimonio inalienable de la nación panameña, que la administración de la ACP reviva el modelo de enclave que existía en los tiempos del Gobierno de la Zona del Canal?
Como se explica que la Administración del Canal de Panamá, se proponga recurrir a la rebaja de salarios a los trabajadores del Canal para invertir esos ahorros en obras de alto riesgo, y que no sólo es una causa de conflicto en las relaciones obrero-patronales sino que en la práctica implantaría dos escalas saláriales que significarían la restauración del rol de oro y del rol de plata, de tan ingrata recordación.
Se justifica dejar en las manos exclusivas de la ACP los estudios de los planes de expansión o modernización del Canal, sin darlos a conocer ni divulgarlos a la opinión pública, no obstante que los tratados o convenios internacionales o contratos que celebre el Órgano Ejecutivo además de ser objeto de aprobación por el Órgano Legislativo, por mandato constitucional serán sometidos a referéndum nacional.
