Evaluación del actual gobierno por Standard & Poor´s
Standard & Poor´s es una entidad norteamericana calificadora del riesgo no sólo de entidades, compañías, etc., sino también de los países. Esta entidad calificadora, muy en boga últimamente entre los panameños gracias a la referencia e importancia que tanto el PRD como el actual gobierno le han dispensado, hace mención a la situación política económica de Panamá.
A pesar de haber expresado, en un escrito anterior, que estimamos no debemos someternos a estas entidades evaluadoras, que no son otra cosa que agentes de las entidades internacionales de crédito que califican a los países de acuerdo con el grado de apego de éstos al menú económico sometido, vamos, no obstante, a referirnos a la opinión que ha emitido esta entidad con relación al actual gobierno por hacer, indudablemente, fijaciones interesantes. Haciendo una traducción liberal del documento encontramos que éste dice lo siguiente: La Señora Mireya Moscoso (Partido Arnulfista), viuda del líder nacionalista y tres veces presidente, el Dr. Arnulfo Arias Madrid, gana el 2 de mayo de 1999 las elecciones presidenciales con el 45% de los votos válidos. Esta victoria convincente y sorpresiva, pues el Sr. Martín Torrijos (Partido Revolucionario Democrático PRD) liderizó los sondeos de opinión pública durante la mayoría de la campaña, pero se quedó corto al final con el 38% de los votos.
El PRD obtuvo 34 de 71 puestos en la Asamblea Nacional y también ganó casi el 45% de los gobiernos locales. Cuando todo parecía que el PRD estaba a punto de conformar una alianza de oposición que le daría el control de la Asamblea, negociaciones de último minuto condujeron a la formación de la coalición de la Bancada Popular que incluye casi todos fracciones no PRD. Mientras el PRD se muestra unido y disciplinado, la coalición de la Bancada Popular luce frágil y poco cohesiva.
Esta realidad está forzando la Administración Moscoso a negociar cada iniciativa legislativa individualmente. La reciente elección para las nominaciones de la Corte Suprema de Justicia y la ley "Chorizo" son dos indicaciones de la dificultad de la Administración Moscoso cuando trata de pasar legislación a través de la Asamblea Nacional e igualmente este hecho traba las reformas adoptadas por la anterior administración.
La transición entre la Administración de Pérez Balladares y Moscoso, que fue de marzo a septiembre de 1999, fue probadamente ponzoñosa. Por un lado, el Sr. Pérez Balladares empujó varios proyectos de legislación como la Sala Quinta y la ley de Intereses Preferenciales que disgustó no sólo a la Presidenta electa sino a gran cantidad de la opinión pública. Por el otro lado, la Sra. Moscoso sólo nombró su gabinete a principio de Agosto, perdiendo valioso tiempo. Por otra parte, la administración en función no compartió información sobre las operaciones internas del gobierno con la administración entrante, durante el período de transición. Esto contrasta con la experiencia argentina en la que el Presidente electo Fernando de la Rua, oficialmente inició a gobernar inmediatamente después que ganó las elecciones en Octubre de 1999, recibiendo cooperación de la Administración de Menem, antes de que tomara posición el 10 de diciembre de 1999.
Como consecuencia de esta brusca transición la Administración de la Sra. Moscoso ha adoptado, durante sus primeros meses de gobierno, una agenda "Anti-Pérez Balladares" tratando de deshacer lo actuado por la anterior administración y a la vez tomando más tiempo que el deseado para mantener los negocios de Estado. Esto ha desviado el foco sobre los principales objetivos. Por ello el año 2000 será el año clave en término de definir la agenda por lo que resta a esta administración.
La tortuosa transición y la peculiar ideología plataforma del arnulfismo (que se percibe como populista) sirven para explicar la ambivalencia de la Administración en cuanto a una reforma estructural. Hay señales de preocupación por la alza poco aconsejable de los aranceles de ciertos productos agrícolas, de acuerdo con promesa electoral, un alto al programa de privatización y la tentación inicial de golpear ligeramente el Fondo Fiduciario para financiar programas sociales, y tentativas de echar atrás contractuales aumentos en las tarifas eléctricas. En general, el gobierno ha demostrado poca consolidación a las políticas orientadas comercialmente.
Al menos, Standard & Poor´s ve riesgo político en Panamá más bajo que en algunos otros créditos como México y Perú. Standard & Poor´s espera una baja en las reformas estructurales durante la administración de Moscoso, pero no una revocación mayor que comprometería el progreso hecho por Panamá hasta el momento.
A pesar de haber expresado, en un escrito anterior, que estimamos no debemos someternos a estas entidades evaluadoras, que no son otra cosa que agentes de las entidades internacionales de crédito que califican a los países de acuerdo con el grado de apego de éstos al menú económico sometido, vamos, no obstante, a referirnos a la opinión que ha emitido esta entidad con relación al actual gobierno por hacer, indudablemente, fijaciones interesantes. Haciendo una traducción liberal del documento encontramos que éste dice lo siguiente: La Señora Mireya Moscoso (Partido Arnulfista), viuda del líder nacionalista y tres veces presidente, el Dr. Arnulfo Arias Madrid, gana el 2 de mayo de 1999 las elecciones presidenciales con el 45% de los votos válidos. Esta victoria convincente y sorpresiva, pues el Sr. Martín Torrijos (Partido Revolucionario Democrático PRD) liderizó los sondeos de opinión pública durante la mayoría de la campaña, pero se quedó corto al final con el 38% de los votos.
El PRD obtuvo 34 de 71 puestos en la Asamblea Nacional y también ganó casi el 45% de los gobiernos locales. Cuando todo parecía que el PRD estaba a punto de conformar una alianza de oposición que le daría el control de la Asamblea, negociaciones de último minuto condujeron a la formación de la coalición de la Bancada Popular que incluye casi todos fracciones no PRD. Mientras el PRD se muestra unido y disciplinado, la coalición de la Bancada Popular luce frágil y poco cohesiva.
Esta realidad está forzando la Administración Moscoso a negociar cada iniciativa legislativa individualmente. La reciente elección para las nominaciones de la Corte Suprema de Justicia y la ley "Chorizo" son dos indicaciones de la dificultad de la Administración Moscoso cuando trata de pasar legislación a través de la Asamblea Nacional e igualmente este hecho traba las reformas adoptadas por la anterior administración.
La transición entre la Administración de Pérez Balladares y Moscoso, que fue de marzo a septiembre de 1999, fue probadamente ponzoñosa. Por un lado, el Sr. Pérez Balladares empujó varios proyectos de legislación como la Sala Quinta y la ley de Intereses Preferenciales que disgustó no sólo a la Presidenta electa sino a gran cantidad de la opinión pública. Por el otro lado, la Sra. Moscoso sólo nombró su gabinete a principio de Agosto, perdiendo valioso tiempo. Por otra parte, la administración en función no compartió información sobre las operaciones internas del gobierno con la administración entrante, durante el período de transición. Esto contrasta con la experiencia argentina en la que el Presidente electo Fernando de la Rua, oficialmente inició a gobernar inmediatamente después que ganó las elecciones en Octubre de 1999, recibiendo cooperación de la Administración de Menem, antes de que tomara posición el 10 de diciembre de 1999.
Como consecuencia de esta brusca transición la Administración de la Sra. Moscoso ha adoptado, durante sus primeros meses de gobierno, una agenda "Anti-Pérez Balladares" tratando de deshacer lo actuado por la anterior administración y a la vez tomando más tiempo que el deseado para mantener los negocios de Estado. Esto ha desviado el foco sobre los principales objetivos. Por ello el año 2000 será el año clave en término de definir la agenda por lo que resta a esta administración.
La tortuosa transición y la peculiar ideología plataforma del arnulfismo (que se percibe como populista) sirven para explicar la ambivalencia de la Administración en cuanto a una reforma estructural. Hay señales de preocupación por la alza poco aconsejable de los aranceles de ciertos productos agrícolas, de acuerdo con promesa electoral, un alto al programa de privatización y la tentación inicial de golpear ligeramente el Fondo Fiduciario para financiar programas sociales, y tentativas de echar atrás contractuales aumentos en las tarifas eléctricas. En general, el gobierno ha demostrado poca consolidación a las políticas orientadas comercialmente.
Al menos, Standard & Poor´s ve riesgo político en Panamá más bajo que en algunos otros créditos como México y Perú. Standard & Poor´s espera una baja en las reformas estructurales durante la administración de Moscoso, pero no una revocación mayor que comprometería el progreso hecho por Panamá hasta el momento.
