Evaluación sanitaria ante un desastre natural
Evaluación sanitaria ante un desastre natural
Las pérdidas económicas, especialmente en el sector agropecuario, turismo, y comercio en general, pueden tener efectos paralizantes durante años.
César Quintero Sánchez
Médico y economista de la Salud
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EN EL TRANSCURSO DEL último decenio, casi no hubo año sin que uno o más países latinoamericanos padecieran extensas inundaciones. Estos fenómenos trastornan las economías, causan estragos en los servicios públicos y a menudo hacen que resulte necesaria la asistencia del gobierno central y de los entes internacionales.
La gravedad de estas inundaciones se ve frecuentemente acentuada cuando las causas naturales se combinan con la deforestación, la defectuosa construcción de diques, la ubicación de asentamientos humanos espontáneos en sitios de alto riesgo y otras alteraciones producidas por el hombre en el medio ambiente. Las inundaciones repentinas y violentas también pueden derivar de fenómenos como las crecientes del mar o ríos, provocadas por huracanes y los maremotos relacionados con los movimientos sísmicos. Cuando se producen inundaciones violentas y rápidas se pueden perder muchas vidas humanas.
El hecho de que no sean apropiadas la sincronización y la naturaleza misma del socorro, obedece, en parte nada pequeña, a la falta de un método adecuado para evaluar las necesidades existentes. Estas necesidades varían con su correspondencia a la etapa e índole del desastre; terremoto, erupción volcánica, tsunami o inundación.
Spirgi define las siguientes etapas: Etapa de impacto, cuando sucede la catástrofe; etapa de emergencia, que posee dos períodos el de aislamiento y el de convergencia de la asistencia; etapa de rehabilitación, con servicios de carácter temporal en las áreas de medidas ambientales, higiene pública y provisión de albergues y provisiones; etapa de reconstrucción; o fase de tiempo del retorno permanente a la normalidad.
Sabemos por experiencia que los efectos principales que en materia de salud produce una inundación abarcan cuatro áreas fundamentales: determinadas enfermedades transmisibles, saneamiento del medio ambiente, alimentación y nutrición y el control de los vectores. Por lo tanto, los equipos de evaluación local coordinados desde el nivel central o regional deberán estar compuesto en teoría, por un epidemiólogo o salubrista, una enfermera, un nutricionista y un experto en control vectorial por lo menos.
Entre las cuestiones básicas que requieren respuestas durante este primer planteamiento tendiente a evaluar la intensidad global del impacto provocado por la catástrofe, se encuentran la extensión del área geográfica damnificada, las consecuencias en viviendas, caminos, comunicaciones, agricultura y ganadería, y las características de la población de la zona afectada.
Estas características deben comprender no sólo la distribución por edad, sexo y si es posible la condición fisiológica, sino también aspectos sociales y etnológicos, tabúes y costumbres. El equipo de evaluación debe determinar, asimismo, el nivel presente de las existencias y suministros para el socorro y las posteriores etapas de rehabilitación y reconstrucción.
La atención integral a una zona impactada por un desastre importante es labor de un equipo multidisciplinario, capacitado y motivado, y sin lugar a dudas, la comunidad organizada local es el principal, inmediato y más importante participante para mitigar el impacto y salvar y conservar las vidas humanas.
Elementos como agua potable, agua servida, alimentos, comunicaciones, vivienda, vectores, eliminación de desechos sólidos, campos de evacuación y vigilancia epidemiológica, son de prioridad absoluta.
Recordemos que en una catástrofe pueden alterarse la prevalencia e incidencia de distintas enfermedades por variaciones de la morbilidad preexistente, cambios ecológicos resultantes de la catástrofe, desplazamientos de la población, cambios de densidad de la población, servicios públicos desorganizados e interrupción de servicios básicos de salud pública.