Evaluando nuestra educación
La transparencia en la gestión pública y una cultura de rendición de cuentas son elementos fundamentales para el funcionamiento eficiente de un Estado democrático. En tal sentido, en Panamá es necesario que generemos una cultura de evaluación de desempeños. Por ejemplo, en relación con el Producto Interno Bruto, destinamos uno de los porcentajes más altos de América Latina al presupuesto para el sector educativo. Sin embargo, no estamos obteniendo los mismos resultados que países que, comparativamente hablando, invierten menos que nosotros en educación. ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué estamos haciendo mal o qué podríamos hacer mejor?
En el Diálogo por la Transformación Integral del Sistema Educativo Nacional, convocado por la Señora Presidenta, se llegó a conclusiones interesantes en torno a la necesidad de un Sistema Nacional de Evaluación operativo e integral, a través del cual pudiéramos evaluar objetivamente el rendimiento de nuestros estudiantes, el desempeño de los docentes y en general, la eficiencia de nuestro sistema educativo. Para el diseño de políticas educativas exitosas, debemos definir los objetivos que queremos alcanzar, es decir, qué queremos que aprendan nuestros estudiantes (estándares) y definir mecanismos para evaluar si nuestros docentes están enseñando lo que necesitamos que enseñen y nuestros estudiantes aprendiendo lo que necesitan aprender.
Conscientes de la importancia de este tema, la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, que me honro en presidir, ha solicitado el apoyo del Programa para la Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe (PREAL) para definir un programa de acción que nos permita promover la puesta en funcionamiento de un sistema eficiente de evaluación educativa a nivel nacional y examinar la pertinencia de recomendar la participación de Panamá en pruebas internacionales de evaluación. El lunes 18 de noviembre pasado, tuvimos una primera reunión de aproximación al tema con dos expertos del PREAL que fue muy positiva e informativa, en la cual surgió el interés de convocar a una nueva reunión, esta vez con el Ministerio de Educación, para conocer en detalle los esfuerzos que el actual gobierno está realizando en materia de estándares y evaluación educativa.
A mi juicio, este aspecto de los acuerdos del Diálogo reviste de particular importancia y el Gobierno debe darle la prioridad que merece. Estoy inclinado a considerar que es conveniente que se legisle sobre el sistema nacional de evaluación educativa, como una forma de definir una estructura que tenga legitimidad y continuidad, o sea, que no vaya a ser desconocida o colocada en el ostracismo por una nueva Administración.
Además, me parece que es igualmente conveniente que contemos con una evaluación externa que tenga el valor agregado de permitir compararnos con otros países en el orbe, los cuales, en alguna manera, compiten con nosotros por la consecución de inversiones que generen los tan ansiados empleos. Panamá debe plantearse seriamente sumarse a algunas de las múltiples iniciativas internacionales existentes. En lo personal, considero que tomar la decisión de hacerlo y dar los primeros pasos en esa dirección, sería una herencia importante que la actual Administración legaría a las futuras generaciones de panameños.
Al final de cuentas, ambas iniciativas, la evaluación nacional y la internacional, no son excluyentes. Más bien diría que se complementan. Con el sistema nacional de evaluación educativa, tendríamos la oportunidad de fiscalizarnos nosotros mismos según nuestras propias prioridades, lo cual quedaría incompleto si no tuviéramos la oportunidad de compararnos con otros países, de acuerdo a estándares internacionalmente reconocidos. Adicionalmente, la posibilidad de participar en la elaboración de una prueba internacional, daría a los expertos nacionales una experiencia necesaria para el mejor desempeño de su labor en nuestra Patria.
Al asumir la Presidencia de la Comisión de Educación, me fijé una agenda ambiciosa. Reconozco que mucho se ha hecho y que mucho queda por hacerse.
Además, la situación educativa es compleja y requiere de la acción simultánea en diversos frentes. Pero en agosto del próximo año, me sentiré más que satisfecho si, como único logro de mi gestión, está el haber ayudado a crear conciencia nacional de la necesidad de evaluar nuestro sistema educativo, motivando a las autoridades del Ministerio de Educación y a los diferentes actores involucrados a poner en efectivo funcionamiento un sistema nacional de evaluación educativa y que además, se hayan iniciado gestiones para participar en alguna de las más reconocidas pruebas internacionales actualmente existentes. Con sólo lograr eso, habremos dado un enorme paso en la dirección correcta.
A diferencia del resto del país, donde no hay parámetros para la selección de la importante figura, en el distrito capital existe todo un perfil del corregidor, según informa el director de Legal y Justicia del Municipio de Panamá, Juan García.
"La actual administración de la comuna capitalina ha dispuesto un perfil para que el cargo sea ocupado por personas idóneas, como que residan en el lugar donde serán designados, así como ser abogados o cursar los últimos años en la carrera de Derecho", indicó.
De hecho, agregó García, 17 de los 19 corregidores son abogados, mientras que los dos restantes estudian Leyes, acción que procura que estos funcionarios conozcan las disposiciones establecidas en el Código Administrativo.
El funcionario municipal reconoció que la designación y remoción de los corregidores es facultad del alcalde, pues no hay término establecido en la ley para ejercer el cargo. No obstante, aclaró que es competencia de cada municipio procurar la capacitación de sus funcionarios.
Añadió que para evitar las arbitrariedades, se ha creado la figura del coordinador de corregidores, quien se encarga de realizar visitas carcelarias y examinar los casos que han llegado a los penales producto de decisiones adoptadas por los corregidores del distrito.
El coordinador también evalúa porqué razón se aplicó la sanción y de cuánto es.
"Estamos constantemente presentado instrucciones y charlas para que se pueda brindar una adecuada justicia, claro está que siempre hay una parte que gana y otra que pierde y en los últimos casos, quienes lo hacen presentan sus descargos, aún cuando no tengan la razón", argumentó García queriendo eximir de toda culpa a los corregidores capitalinos, que tampoco escapan de las denuncias.
Aún cuando el Municipio de Panamá cuenta con normas claras para que sus corregidores tengan una buena ejecutoria, Juan García reconoce que el actual Código Administrativo, creado hace más de 85 años, precisa reformar muchos de sus enunciados que ya son obsoletos.
Esta opinión es ampliamente compartida por Castillo y Bolaños. Para la primera, no es posible que mientras en la esfera penal el juez está facultado para suspenderle la pena al presunto responsable de cometer un delito, en el ámbito administrativo, y pese a ser una falta y no delito, no es posible suspender la pena.
"En Panamá tampoco aparece la figura del trabajo comunitario que compense las faltas cuyas penas conllevan a privación de la libertad", acotó Magali Castillo.
No obstante todo lo anterior, hay diversas razones ajenas a las normas e incluso a la formación del corregidor que inciden en la mala ejecutoria que pudiera darse dentro de una corregiduría. Según la directora de la Alianza Ciudadana Pro Justicia es notable la falta de colaboración que brinda la Policía Nacional.
También aparece como un inconveniente el problema de los recursos económicos con que cuentan los municipios del país y que impiden su organización. Los diferentes corregimientos de San Miguelito son prueba de ello, debido a la gran cantidad de casos que deben atender por la alta densidad poblacional. La activista dice haber notado, además, que el ciudadano que acude a una corregiduría desconoce sus derechos, lo que incide en la forma como se administra la justicia.
"Es importante ilustrar al ciudadano sobre sus derechos, porque muchas veces acude a las instancias en busca de justicia y lo que encuentra es un funcionario drástico, que por desconocimiento de las funciones que realiza, ultraja los derechos de ese ciudadano", apuntó.
Los casos que aborda un corregidor del campo son muy distintos a las que atiende uno de la ciudad. El primero, por ejemplo, resuelve litigios relacionados con problemas de tierra, violencia intrafamiliar y los comunes conflictos vecinales.
Pero, pese a las críticas y deficiencias que se le endilgan a este funcionario, ejerce un papel como mediador con mayor fuerza que el funcionario de la capital. "Se diferencia del citadino por ser más mediador, busca la solución pacífica de los conflictos", refirió Magali Castillo.
El corregidor que actúa con injusticia no es impune, aunque así lo pareciera. De acuerdo con Jorge Fabián Gutiérrez, director de Orientación y Protección de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, la justicia prevé sanciones contra este funcionario público cuando cometa alguna falta.
Gutiérrez convidó a los ciudadanos para que acudan a esa instancia para recibir orientación de dónde deben presentar la denuncia, si han sido ultrajados en sus derechos por algún corregidor.
Aclaró que la Defensoría no puede aplicar sanciones, porque la ley no la faculta para ello, pero sí puede emitir una condena moral por su mala conducta. Ilustró que desde su despacho las denuncias que más se reciben son por desalojo, "aunque también se reciben muchas denuncias por abuso contra la libertad".
"Vemos que cuando se da la falta es porque el funcionario atendió un caso que no era de su competencia y ejecuta acciones que exceden las faltas. Por eso se requiere urgentemente una capacitación de estos funcionarios en igualdad de términos", recomendó.
En el Diálogo por la Transformación Integral del Sistema Educativo Nacional, convocado por la Señora Presidenta, se llegó a conclusiones interesantes en torno a la necesidad de un Sistema Nacional de Evaluación operativo e integral, a través del cual pudiéramos evaluar objetivamente el rendimiento de nuestros estudiantes, el desempeño de los docentes y en general, la eficiencia de nuestro sistema educativo. Para el diseño de políticas educativas exitosas, debemos definir los objetivos que queremos alcanzar, es decir, qué queremos que aprendan nuestros estudiantes (estándares) y definir mecanismos para evaluar si nuestros docentes están enseñando lo que necesitamos que enseñen y nuestros estudiantes aprendiendo lo que necesitan aprender.
Conscientes de la importancia de este tema, la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, que me honro en presidir, ha solicitado el apoyo del Programa para la Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe (PREAL) para definir un programa de acción que nos permita promover la puesta en funcionamiento de un sistema eficiente de evaluación educativa a nivel nacional y examinar la pertinencia de recomendar la participación de Panamá en pruebas internacionales de evaluación. El lunes 18 de noviembre pasado, tuvimos una primera reunión de aproximación al tema con dos expertos del PREAL que fue muy positiva e informativa, en la cual surgió el interés de convocar a una nueva reunión, esta vez con el Ministerio de Educación, para conocer en detalle los esfuerzos que el actual gobierno está realizando en materia de estándares y evaluación educativa.
A mi juicio, este aspecto de los acuerdos del Diálogo reviste de particular importancia y el Gobierno debe darle la prioridad que merece. Estoy inclinado a considerar que es conveniente que se legisle sobre el sistema nacional de evaluación educativa, como una forma de definir una estructura que tenga legitimidad y continuidad, o sea, que no vaya a ser desconocida o colocada en el ostracismo por una nueva Administración.
Además, me parece que es igualmente conveniente que contemos con una evaluación externa que tenga el valor agregado de permitir compararnos con otros países en el orbe, los cuales, en alguna manera, compiten con nosotros por la consecución de inversiones que generen los tan ansiados empleos. Panamá debe plantearse seriamente sumarse a algunas de las múltiples iniciativas internacionales existentes. En lo personal, considero que tomar la decisión de hacerlo y dar los primeros pasos en esa dirección, sería una herencia importante que la actual Administración legaría a las futuras generaciones de panameños.
Al final de cuentas, ambas iniciativas, la evaluación nacional y la internacional, no son excluyentes. Más bien diría que se complementan. Con el sistema nacional de evaluación educativa, tendríamos la oportunidad de fiscalizarnos nosotros mismos según nuestras propias prioridades, lo cual quedaría incompleto si no tuviéramos la oportunidad de compararnos con otros países, de acuerdo a estándares internacionalmente reconocidos. Adicionalmente, la posibilidad de participar en la elaboración de una prueba internacional, daría a los expertos nacionales una experiencia necesaria para el mejor desempeño de su labor en nuestra Patria.
Al asumir la Presidencia de la Comisión de Educación, me fijé una agenda ambiciosa. Reconozco que mucho se ha hecho y que mucho queda por hacerse.
Además, la situación educativa es compleja y requiere de la acción simultánea en diversos frentes. Pero en agosto del próximo año, me sentiré más que satisfecho si, como único logro de mi gestión, está el haber ayudado a crear conciencia nacional de la necesidad de evaluar nuestro sistema educativo, motivando a las autoridades del Ministerio de Educación y a los diferentes actores involucrados a poner en efectivo funcionamiento un sistema nacional de evaluación educativa y que además, se hayan iniciado gestiones para participar en alguna de las más reconocidas pruebas internacionales actualmente existentes. Con sólo lograr eso, habremos dado un enorme paso en la dirección correcta.
A diferencia del resto del país, donde no hay parámetros para la selección de la importante figura, en el distrito capital existe todo un perfil del corregidor, según informa el director de Legal y Justicia del Municipio de Panamá, Juan García.
"La actual administración de la comuna capitalina ha dispuesto un perfil para que el cargo sea ocupado por personas idóneas, como que residan en el lugar donde serán designados, así como ser abogados o cursar los últimos años en la carrera de Derecho", indicó.
De hecho, agregó García, 17 de los 19 corregidores son abogados, mientras que los dos restantes estudian Leyes, acción que procura que estos funcionarios conozcan las disposiciones establecidas en el Código Administrativo.
El funcionario municipal reconoció que la designación y remoción de los corregidores es facultad del alcalde, pues no hay término establecido en la ley para ejercer el cargo. No obstante, aclaró que es competencia de cada municipio procurar la capacitación de sus funcionarios.
Añadió que para evitar las arbitrariedades, se ha creado la figura del coordinador de corregidores, quien se encarga de realizar visitas carcelarias y examinar los casos que han llegado a los penales producto de decisiones adoptadas por los corregidores del distrito.
El coordinador también evalúa porqué razón se aplicó la sanción y de cuánto es.
"Estamos constantemente presentado instrucciones y charlas para que se pueda brindar una adecuada justicia, claro está que siempre hay una parte que gana y otra que pierde y en los últimos casos, quienes lo hacen presentan sus descargos, aún cuando no tengan la razón", argumentó García queriendo eximir de toda culpa a los corregidores capitalinos, que tampoco escapan de las denuncias.
Aún cuando el Municipio de Panamá cuenta con normas claras para que sus corregidores tengan una buena ejecutoria, Juan García reconoce que el actual Código Administrativo, creado hace más de 85 años, precisa reformar muchos de sus enunciados que ya son obsoletos.
Esta opinión es ampliamente compartida por Castillo y Bolaños. Para la primera, no es posible que mientras en la esfera penal el juez está facultado para suspenderle la pena al presunto responsable de cometer un delito, en el ámbito administrativo, y pese a ser una falta y no delito, no es posible suspender la pena.
"En Panamá tampoco aparece la figura del trabajo comunitario que compense las faltas cuyas penas conllevan a privación de la libertad", acotó Magali Castillo.
No obstante todo lo anterior, hay diversas razones ajenas a las normas e incluso a la formación del corregidor que inciden en la mala ejecutoria que pudiera darse dentro de una corregiduría. Según la directora de la Alianza Ciudadana Pro Justicia es notable la falta de colaboración que brinda la Policía Nacional.
También aparece como un inconveniente el problema de los recursos económicos con que cuentan los municipios del país y que impiden su organización. Los diferentes corregimientos de San Miguelito son prueba de ello, debido a la gran cantidad de casos que deben atender por la alta densidad poblacional. La activista dice haber notado, además, que el ciudadano que acude a una corregiduría desconoce sus derechos, lo que incide en la forma como se administra la justicia.
"Es importante ilustrar al ciudadano sobre sus derechos, porque muchas veces acude a las instancias en busca de justicia y lo que encuentra es un funcionario drástico, que por desconocimiento de las funciones que realiza, ultraja los derechos de ese ciudadano", apuntó.
Los casos que aborda un corregidor del campo son muy distintos a las que atiende uno de la ciudad. El primero, por ejemplo, resuelve litigios relacionados con problemas de tierra, violencia intrafamiliar y los comunes conflictos vecinales.
Pero, pese a las críticas y deficiencias que se le endilgan a este funcionario, ejerce un papel como mediador con mayor fuerza que el funcionario de la capital. "Se diferencia del citadino por ser más mediador, busca la solución pacífica de los conflictos", refirió Magali Castillo.
El corregidor que actúa con injusticia no es impune, aunque así lo pareciera. De acuerdo con Jorge Fabián Gutiérrez, director de Orientación y Protección de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, la justicia prevé sanciones contra este funcionario público cuando cometa alguna falta.
Gutiérrez convidó a los ciudadanos para que acudan a esa instancia para recibir orientación de dónde deben presentar la denuncia, si han sido ultrajados en sus derechos por algún corregidor.
Aclaró que la Defensoría no puede aplicar sanciones, porque la ley no la faculta para ello, pero sí puede emitir una condena moral por su mala conducta. Ilustró que desde su despacho las denuncias que más se reciben son por desalojo, "aunque también se reciben muchas denuncias por abuso contra la libertad".
"Vemos que cuando se da la falta es porque el funcionario atendió un caso que no era de su competencia y ejecuta acciones que exceden las faltas. Por eso se requiere urgentemente una capacitación de estos funcionarios en igualdad de términos", recomendó.
