Exabrupto
Un lamentable exabrupto ha sido la decisión de los miembros de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Legislativa. Haber decidido archivar los expedientes que les entregó el Fiscal Electoral solicitándoles el levantamiento de la inmunidad a un grupo de diputados y dos suplentes para investigarlos por acusaciones de haber cometido delitos electorales, no se puede excusar.
En primer lugar, han sacrificado el fondo por la forma. Valerse de la muy pueril explicación de que el Fiscal no tiene facultad para requerirles directamente el levantamiento de la inmunidad a los sindicados, no fue más que un acto de encubrimiento de posibles delincuentes. Si, como se ha alegado, el Fiscal formuló su petición por vía errónea, lo que procedía entonces era devolverle los expedientes para que recurriera por la vía apropiada. Además, hacemos la salvedad de que el Fiscal Electoral no tiene por qué pedirle a nadie que le solicite a ellos que deben actuar puesto que la Fiscalía Electoral es una institución autónoma que puede y debe investigar delitos electorales con toda facultad para dirigirse directamente a quienes sea necesario en cumplimiento de sus funciones. La Comisión de Credenciales, por tanto, no tiene derecho alguno ni moral ni legalmente para ordenar el archivo de unos expedientes sobre los que nada resolvió ni a favor ni en contra de lo pedido.
El Fiscal tiene pleno derecho para requerirle a la Comisión de Credenciales de la Asamblea la devolución de todos los expedientes que les tienen secuestrados, puesto que pertenecen a su despacho.
Convenimos con el principio de la presunción de inocencia, pero cuando hay 14 expedientes por denuncias de delitos electorales cometidos en diversas partes del país, formuladas por diversas personas, distantes las unas de las otras, tenemos que aceptar que por muy ángeles que sean algunos de los del grupo de sindicatos, no todos están libres de pecado. En consecuencia, lo que se ha hecho ha sido optar por proteger a unos colegas por un mal entendido compañerismo, puesto que en el grupo de expedientes aludidos, necesariamente tiene que haber culpables.
Con su actitud, los señores miembros de la Comisión de Credenciales de la Asamblea han demostrado que adversan abiertamente las buenas intenciones del Presidente de la República de actuar con transparencia. Se han burlado de un pueblo que clama justicia y, particularmente, se han burlado del señor Presidente. Eso no se le hace a un amigo y copartidario que aboga por transparencia y nos condujo a pensar que comenzaríamos a vivir nuevamente en un estado de derecho y que con sus palabras y sus hechos había empezado a cumplir con sus promesas de combatir la corrupción.
Loa señores de la Comisión han actuado peor aún que los propios sindicados que dentro de ellos pudieran merecer castigo: le han cerrado el paso a la justicia.
Lo que se ha hecho desvanece las esperanzas de un pueblo que creyó en una patria nueva. Lo sucedido constituye un baldón para sus protagonistas, cuya actitud ha estado muy lejana de encajar en modelo alguno de transparencia, dignidad y señorío.
En primer lugar, han sacrificado el fondo por la forma. Valerse de la muy pueril explicación de que el Fiscal no tiene facultad para requerirles directamente el levantamiento de la inmunidad a los sindicados, no fue más que un acto de encubrimiento de posibles delincuentes. Si, como se ha alegado, el Fiscal formuló su petición por vía errónea, lo que procedía entonces era devolverle los expedientes para que recurriera por la vía apropiada. Además, hacemos la salvedad de que el Fiscal Electoral no tiene por qué pedirle a nadie que le solicite a ellos que deben actuar puesto que la Fiscalía Electoral es una institución autónoma que puede y debe investigar delitos electorales con toda facultad para dirigirse directamente a quienes sea necesario en cumplimiento de sus funciones. La Comisión de Credenciales, por tanto, no tiene derecho alguno ni moral ni legalmente para ordenar el archivo de unos expedientes sobre los que nada resolvió ni a favor ni en contra de lo pedido.
El Fiscal tiene pleno derecho para requerirle a la Comisión de Credenciales de la Asamblea la devolución de todos los expedientes que les tienen secuestrados, puesto que pertenecen a su despacho.
Convenimos con el principio de la presunción de inocencia, pero cuando hay 14 expedientes por denuncias de delitos electorales cometidos en diversas partes del país, formuladas por diversas personas, distantes las unas de las otras, tenemos que aceptar que por muy ángeles que sean algunos de los del grupo de sindicatos, no todos están libres de pecado. En consecuencia, lo que se ha hecho ha sido optar por proteger a unos colegas por un mal entendido compañerismo, puesto que en el grupo de expedientes aludidos, necesariamente tiene que haber culpables.
Con su actitud, los señores miembros de la Comisión de Credenciales de la Asamblea han demostrado que adversan abiertamente las buenas intenciones del Presidente de la República de actuar con transparencia. Se han burlado de un pueblo que clama justicia y, particularmente, se han burlado del señor Presidente. Eso no se le hace a un amigo y copartidario que aboga por transparencia y nos condujo a pensar que comenzaríamos a vivir nuevamente en un estado de derecho y que con sus palabras y sus hechos había empezado a cumplir con sus promesas de combatir la corrupción.
Loa señores de la Comisión han actuado peor aún que los propios sindicados que dentro de ellos pudieran merecer castigo: le han cerrado el paso a la justicia.
Lo que se ha hecho desvanece las esperanzas de un pueblo que creyó en una patria nueva. Lo sucedido constituye un baldón para sus protagonistas, cuya actitud ha estado muy lejana de encajar en modelo alguno de transparencia, dignidad y señorío.
