Examen de dopaje en el transporte público
El proyecto de ley presentado por el Procurador General de la Nación, doctor José Antonio Sossa, que exige pruebas de dopaje a los conductores del transporte colectivo y selectivo (buses y taxis) se yergue como una contribución valiosa al creciente problema del incremento de muertes por accidentes de tránsito. Si se examinaran las circunstancias en que se producen los accidentes se advertirá que hay motivos más que suficientes para sospechar que los conductores padecían serias alteraciones sicológicas al momento de producirse.
Estudios médicos internacionales certifican que la persona que consume alucinógenos y sustancias sicotrópicas, frecuentemente, padece de alteraciones mentales que le impiden, entre otras cosas, calcular con certeza las distancias; que sensaciones extrañas estimulan la violencia y la conducta desordenada y extravagante, como practicar competencias de velocidad con buses rivales en avenidas y calles, o cambiar súbitamente de carril en las vías de alta velocidad, sin reparar mientes en el respeto a otros vehículos y conductores. Hay accidentes, constantemente, que indican que una persona en normal estado de equilibrio mental no puede actuar de esa manera.
Lo grave es que situaciones de tránsito como las que describimos perjudican no solamente al consumidor de drogas sino que pone en delicado riesgo la vida de otras personas inocentes al trajín irregular de los vehículos. Por tanto se trata de una iniciativa legislativa que persigue la protección de la comunidad contra la irresponsabilidad flagrante y renovada de transportistas que no están capacitados sicológicamente para asumir la responsabilidad del transporte público. En ese sentido, además del control antidopaje, es pertinente que se tome en cuenta, también, la realización de test sicológicos a quienes pretendan obtener la licencia de conducir para transporte colectivo. El test sicológico debiera ser un requisito insoslayable para garantizar la madurez del conductor en su respeto estricto a las señales de tránsito y en las reacciones de su conducta ante situaciones críticas de consecuencias para terceros. Los legisladores van a recibir las presiones de federaciones, sindicatos, etc., para desviar el proyecto de ley del Ministerio Público, que recoge un clamor nacional ante el incremento de accidentes de tránsito. La opinión pública debe prepararse para respaldar esta iniciativa en la que los intereses políticos no pueden situarse por encima de razones de auténtica seguridad social.
Estudios médicos internacionales certifican que la persona que consume alucinógenos y sustancias sicotrópicas, frecuentemente, padece de alteraciones mentales que le impiden, entre otras cosas, calcular con certeza las distancias; que sensaciones extrañas estimulan la violencia y la conducta desordenada y extravagante, como practicar competencias de velocidad con buses rivales en avenidas y calles, o cambiar súbitamente de carril en las vías de alta velocidad, sin reparar mientes en el respeto a otros vehículos y conductores. Hay accidentes, constantemente, que indican que una persona en normal estado de equilibrio mental no puede actuar de esa manera.
Lo grave es que situaciones de tránsito como las que describimos perjudican no solamente al consumidor de drogas sino que pone en delicado riesgo la vida de otras personas inocentes al trajín irregular de los vehículos. Por tanto se trata de una iniciativa legislativa que persigue la protección de la comunidad contra la irresponsabilidad flagrante y renovada de transportistas que no están capacitados sicológicamente para asumir la responsabilidad del transporte público. En ese sentido, además del control antidopaje, es pertinente que se tome en cuenta, también, la realización de test sicológicos a quienes pretendan obtener la licencia de conducir para transporte colectivo. El test sicológico debiera ser un requisito insoslayable para garantizar la madurez del conductor en su respeto estricto a las señales de tránsito y en las reacciones de su conducta ante situaciones críticas de consecuencias para terceros. Los legisladores van a recibir las presiones de federaciones, sindicatos, etc., para desviar el proyecto de ley del Ministerio Público, que recoge un clamor nacional ante el incremento de accidentes de tránsito. La opinión pública debe prepararse para respaldar esta iniciativa en la que los intereses políticos no pueden situarse por encima de razones de auténtica seguridad social.
