Exigen al IDAAN estudio ambiental
Una protesta pacífica realizaron ayer en el sector de Tinajita los moradores de las barriadas Santa Librada, Las Colinas y Los Pueblitos, que ven afectadas sus propiedades por el paso de la línea paralela que construye el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).
El vocero Félix Molanier indicó que la acción busca exigir que se cumpla con el requisito del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), por las implicaciones que tendrá este proyecto en la calidad de vida de los residentes.
Señala que las obras se encuentran avanzadas en un 80% y este estudio no se ha hecho. Agrega que pareciera que lo que le importa al gobierno es utilizar este proyecto para "politiquería"y entregar la obra antes que termine su mandato la actual administración, sin tomar en cuenta sus implicaciones.
Molanier denunció que la empresa constructora Consultores Profesionales de Ingeniería, S.A. (COPISA) recomendó al IDAAN dejar, por motivo de seguridad, un área libre de 15 metros, pero no se ha querido acatar la recomendación y sólo han dejado 7.80 metros, lo que representa un peligro para la población del área.
La comunidad de Santa Librada sostiene que este proyecto afectará al sector por las grandes excavaciones, perforaciones e instalación de enromes tuberías y la canalización de las obras.
Estos trabajos podrían poner en peligro la vida de los moradores y sus propiedades, que adquirieron hace más de 20 años.
Los afectados exigen un EIA por las implicaciones que tiene este proyecto en la comunidad. Por su parte, el director del IDAAN, Laurencio Guardia, señala que este proyecto consiste en la instalación de tuberías a lo largo de la línea de servidumbre de la entidad y por consiguiente la ley de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) no exige estudio.
Pero Molanier sostiene que la Ley No.41 del 1 de julio de 1998, de la ANAM, establece la realización del EIA, porque el proyecto afectará la calidad de vida y calidad ambiental de los moradores.
De igual forma la referida ley en su Título IV, capítulo II, artículo 22, 23 y 28, plantea claramente como requisito prioritario, el estudio de impacto Ambiental. Del mismo modo, el Decreto Ejecutivo No. 59 del 16 de marzo de 2000 señala en su Título II los proyectos que deben ingresar al proceso de evaluación de impacto ambiental, en el cual se incluyen los sistemas de agua potable y alcantarillados sanitarios del IDAAN.
Los moradores están solicitando que se les presente el estudio, pues desconocen los términos del proyecto, las viviendas que serán afectadas y los daños que causará.
Los afectados han solicitado al Comité Panameño por los Derechos Humanos que intervenga para que se les aclare cuál va a ser el impacto real de esta obra sobre su vida y propiedades.
Para lo relacionado con las indemnizaciones, funcionarios de Catastro y la Contraloría General de la República, efectúan los avalúos de las viviendas que se verán afectadas con la construcción de la línea paralela, y ya se ha procedido a entrevistar a algunas de las familias afectadas para llegar a un acuerdo satisfactorio.
Los residentes rechazan las forma como se hacen las evaluaciones de las viviendas, porque se les pretende dar un valor que no es el real. No están aceptando avalúos independientes.
El Consejo Municipal de San Miguelito solicitó al director del IDAAN, la realización del EIA, que se tomen lmedidas de seguridad, la programación de la obra, el plan de control de erosión, de contingencia, verificar las rajaduras de las viviendas y atender los problemas que genere la construcción de esta obra.
Por otro lado exigen que los residentes de estos sectores que deban ser desalojados, reciban una adecuada indemnización, que este acorde con el costo de sus viviendas y las aspiraciones de sus propietarios.
Los afectados señalan que se han enviado diversas notas a la ANAM, pero no se ha obtenido respuesta.
Molanier también calificó de versiones infundadas los señalamientos del IDAAN que señala que ellos viven en áreas de servidumbre, cuando esta es una barriada que fue construida por el Ministerio de Vivienda MIVI donde se delimitó las áreas en las que se podía construir.
Reconoce que si bien la barriada esta rodeada de precaristas que no tienen títulos de propiedad, existen unas 50 viviendas con inversiones y remodelaciones, en su mayoría pagadas por sus propietarios se verán afectadas.
El mayor número de viviendas afectadas se encuentra en la calle principal de la Urbanización Santa Librada en la primera, segunda y octava etapa.
El vocero Félix Molanier indicó que la acción busca exigir que se cumpla con el requisito del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), por las implicaciones que tendrá este proyecto en la calidad de vida de los residentes.
Señala que las obras se encuentran avanzadas en un 80% y este estudio no se ha hecho. Agrega que pareciera que lo que le importa al gobierno es utilizar este proyecto para "politiquería"y entregar la obra antes que termine su mandato la actual administración, sin tomar en cuenta sus implicaciones.
Molanier denunció que la empresa constructora Consultores Profesionales de Ingeniería, S.A. (COPISA) recomendó al IDAAN dejar, por motivo de seguridad, un área libre de 15 metros, pero no se ha querido acatar la recomendación y sólo han dejado 7.80 metros, lo que representa un peligro para la población del área.
La comunidad de Santa Librada sostiene que este proyecto afectará al sector por las grandes excavaciones, perforaciones e instalación de enromes tuberías y la canalización de las obras.
Estos trabajos podrían poner en peligro la vida de los moradores y sus propiedades, que adquirieron hace más de 20 años.
Los afectados exigen un EIA por las implicaciones que tiene este proyecto en la comunidad. Por su parte, el director del IDAAN, Laurencio Guardia, señala que este proyecto consiste en la instalación de tuberías a lo largo de la línea de servidumbre de la entidad y por consiguiente la ley de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) no exige estudio.
Pero Molanier sostiene que la Ley No.41 del 1 de julio de 1998, de la ANAM, establece la realización del EIA, porque el proyecto afectará la calidad de vida y calidad ambiental de los moradores.
De igual forma la referida ley en su Título IV, capítulo II, artículo 22, 23 y 28, plantea claramente como requisito prioritario, el estudio de impacto Ambiental. Del mismo modo, el Decreto Ejecutivo No. 59 del 16 de marzo de 2000 señala en su Título II los proyectos que deben ingresar al proceso de evaluación de impacto ambiental, en el cual se incluyen los sistemas de agua potable y alcantarillados sanitarios del IDAAN.
Los moradores están solicitando que se les presente el estudio, pues desconocen los términos del proyecto, las viviendas que serán afectadas y los daños que causará.
Los afectados han solicitado al Comité Panameño por los Derechos Humanos que intervenga para que se les aclare cuál va a ser el impacto real de esta obra sobre su vida y propiedades.
Para lo relacionado con las indemnizaciones, funcionarios de Catastro y la Contraloría General de la República, efectúan los avalúos de las viviendas que se verán afectadas con la construcción de la línea paralela, y ya se ha procedido a entrevistar a algunas de las familias afectadas para llegar a un acuerdo satisfactorio.
Los residentes rechazan las forma como se hacen las evaluaciones de las viviendas, porque se les pretende dar un valor que no es el real. No están aceptando avalúos independientes.
El Consejo Municipal de San Miguelito solicitó al director del IDAAN, la realización del EIA, que se tomen lmedidas de seguridad, la programación de la obra, el plan de control de erosión, de contingencia, verificar las rajaduras de las viviendas y atender los problemas que genere la construcción de esta obra.
Por otro lado exigen que los residentes de estos sectores que deban ser desalojados, reciban una adecuada indemnización, que este acorde con el costo de sus viviendas y las aspiraciones de sus propietarios.
Los afectados señalan que se han enviado diversas notas a la ANAM, pero no se ha obtenido respuesta.
Molanier también calificó de versiones infundadas los señalamientos del IDAAN que señala que ellos viven en áreas de servidumbre, cuando esta es una barriada que fue construida por el Ministerio de Vivienda MIVI donde se delimitó las áreas en las que se podía construir.
Reconoce que si bien la barriada esta rodeada de precaristas que no tienen títulos de propiedad, existen unas 50 viviendas con inversiones y remodelaciones, en su mayoría pagadas por sus propietarios se verán afectadas.
El mayor número de viviendas afectadas se encuentra en la calle principal de la Urbanización Santa Librada en la primera, segunda y octava etapa.
