Exigen que se cumpla ley del Parque Camino de Cruces
Si bien se ha logrado suspender el trámite de venta del lote CL-35 que incluye una pequeña porción del Parque Natural Camino de Cruces (PNCC) para efectuar la verificación del polígono, es necesario que ésta se realice respetando las normas vigentes y de una forma responsable que no afecte la ecología.
Así lo señalan los moradores de Clayton al dejar claro que "no buscan obstaculizar el desarrollo, siempre y cuando se dé en forma responsable y de acuerdo con nuestra legislación vigente".
Plantean que las normas vigentes establecen que para el desarrollo debe privar el cuidado del entorno ecológico que forma parte de la cuenca hidrográfica del Canal, una de las mayores fuentes generadoras de riqueza económica, atractivo turístico de nuestra nación y herencia para las futuras generaciones de los panameños.
Los residentes del sector exigen que la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) cumpla su función protectora y de custodia de las áreas protegidas, que se delimiten los puntos del polígono correspondiente al área boscosa de Clayton y se incorpore el mismo dentro de los limites del parque, tal como lo prevé el artículo 3 de la Ley 30 del 30 de diciembre de 1992.
Pero el problema que inicialmente se originó por la venta del lote CL-35 ha tomado un nuevo giro, pues los moradores al confirmar en el terreno la veracidad de sus aseveraciones, han descubierto que no se trata sólo de la venta de un lote para el desarrollo de una actividad cualquiera, sino que existen otros proyectos aún más preocupantes.
Se trata de la construcción de dos vías de acceso a la autopista Arraijan-Panamá. Una de las vías irá directamente a Clayton y la otra hacia el Corredor Norte, para lo que ya se han hecho trochas y tala de arboles dentro del área no prevista según la ley, por lo que exigen que se detenga hasta tanto no se cumpla con los requisitos de estudio de impacto ambiental que este tipo de obras requieren.
Para el presidente de la Asociación de Propietarios y Residentes de Clayton, Gabriel Mattatal (APRECLA), es necesario que se reevalue el uso de suelo de los terrenos contiguos al Parque Nacional Camino de Cruces y se delimite y establezca un área de amortiguamiento del parque, a fin de minimizar el impacto que el desarrollo desmedido pueda provocar en el futuro.
Igualmente, exige que se cumpla con la ley en el sentido que deben realizar las consultas populares previas a cualquier afectación humana a las áreas protegidas del país, cosa que no se ha hecho en ningún momento.
Raisa Banfield, arquitecta y residente del área, denunció que la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) y el Ministerio de Obras Públicas (MOP) con estos accesos, partirán en cuatro secciones el parque.
Ciertamente. En un recorrido efectuado por residentes y especialistas en la materia para revisar lo relacionado al lote CL-35, se observó que a este lote lo divide una calle que se bifurca en dos y que aparece dentro de los planos.
No hay necesidad de sacrificar el parque, dice Banfield. "Cuando se observan los desarrollos que se van a efectuar se divide el parque en cuatro partes". Por un lado, se interrumpirán las rutas naturales de tránsito de especies animales que utilizan el corredor natural que comprende el Parque Metropolitano, Camino de Cruces y Soberanía.
Se promoverá la erosión del suelo en las áreas afectadas por la construcción de estas carreteras y se afectará la producción de lluvias que son vitales para el funcionamiento del Canal.
Toda esta situación, asegura Mattatal, se ha desarrollado sin que las autoridades competentes, como la ANAM, hayan realizado la debida incorporación de las áreas boscosas de Clayton al Parque Nacional Camino de Cruces, como tampoco se han realizado las consultas que este tipo de desarrollo exige, ni con estudios de impacto ambiental que establece la legislación.
Uno de los argumentos de las autoridades es que desde la autopista Panamá-Arraijan se puede llegar a Clayton y la otra para servir a la comunidad de Camino de Cruces, pero sostiene que no hay justificación lógica.
En el recorrido se observaron en el área boscosa del parque las estacas que marcan el lugar donde pasarán las calles.
Banfield explicó que es la segunda sorpresa que reciben los residentes de Clayton, pues la primera fue la adjudicación del terreno de 15 hectáreas, a un precio de 3 millones de dólares.
Por su parte, el administrador de la ARI, Alfredo Arias, en notas enviadas el 11 de noviembre de 2003 y el 2 de febrero de 2004 aclaró al presidente de la Asociación de Propietarios y Residentes de Clayton, Gabriel Mattatal, que el "lote CL-35 se encuentra a más de 500 metros de los límites del Parque Nacional Camino de Cruces".
Sin embargo, Banfields sostiene que el problema no es sólo que no esté dentro del Parque, sino que no tendrá el área de amortiguamiento y cuando se construya la carretera se terminará de destruir el hábitat y la fauna del parque.
Para el Dr. Alexis Baúles, consultor especialista en teledimención, las autoridades no han tomado en cuenta que el limite del parque fue legalmente extendido y creen que es el que existía antes que las bases revirtieran a Panamá.
Explica que tal como señala la ARI, este es el limite que se definió cuando por ley se creó el parque, pero aclara que en el artículo tercero se establece que cuando las tierras de la antigua Zona del Canal revirtieran, toda esta área pasará automáticamente a formar parte del PNCC.
Considera que la ARI conoce la situación que ha llevado al punto de la discordia. Estas incongruencias o errores ocurren porque la base cartográfica es deficiente, por lo que es necesario venir a campo y verificar para corregirlo.
Señala que la idea es que se conserve el bosque y que se utilice de manera ecológica y sostenible y no que se establezca allí una industria o que se construya una carretera.
La Ley 30 de diciembre de 1992 establece entre sus fines proteger y mantener la zona de bosques que existe entre el Parque Natural Metropolitano y el Parque Soberanía, con el objeto de garantizar a través del Corredor Ecológico el flujo biológico que permita la conservación a largo plazo de la biodiversidad y la supervivencia de las especies.
Mantener el régimen y caudal de los ríos y quebradas, proteger y conservar el patrimonio cultural e histórico de nuestra nación, máxime cuando en esta área está el Camino de Cruces, elemento importante de nuestra historia.
La norma también prohibe realizar o establecer dentro del parque asentamientos humanos y practicar actividades agrícolas, comerciales o industriales.
Se permitirá la construcción de obras civiles, sólo en los casos que contribuyan a la conservación del parque, y se exceptúan infraestructuras viales como el Corredor Norte y la Autopista Panamá-Arraiján, pero establece que deberán incluir estudios de evaluación y mitigación de impacto ambiental. Además, sus diseños deberán permitir el libre flujo de las zonas boscosas, es decir, que debería estar sobre palafitos para que los animales pasen por debajo.
De estos proyectos no se tiene conocimiento de que existan estudios ambientales.
Así lo señalan los moradores de Clayton al dejar claro que "no buscan obstaculizar el desarrollo, siempre y cuando se dé en forma responsable y de acuerdo con nuestra legislación vigente".
Plantean que las normas vigentes establecen que para el desarrollo debe privar el cuidado del entorno ecológico que forma parte de la cuenca hidrográfica del Canal, una de las mayores fuentes generadoras de riqueza económica, atractivo turístico de nuestra nación y herencia para las futuras generaciones de los panameños.
Los residentes del sector exigen que la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) cumpla su función protectora y de custodia de las áreas protegidas, que se delimiten los puntos del polígono correspondiente al área boscosa de Clayton y se incorpore el mismo dentro de los limites del parque, tal como lo prevé el artículo 3 de la Ley 30 del 30 de diciembre de 1992.
Pero el problema que inicialmente se originó por la venta del lote CL-35 ha tomado un nuevo giro, pues los moradores al confirmar en el terreno la veracidad de sus aseveraciones, han descubierto que no se trata sólo de la venta de un lote para el desarrollo de una actividad cualquiera, sino que existen otros proyectos aún más preocupantes.
Se trata de la construcción de dos vías de acceso a la autopista Arraijan-Panamá. Una de las vías irá directamente a Clayton y la otra hacia el Corredor Norte, para lo que ya se han hecho trochas y tala de arboles dentro del área no prevista según la ley, por lo que exigen que se detenga hasta tanto no se cumpla con los requisitos de estudio de impacto ambiental que este tipo de obras requieren.
Para el presidente de la Asociación de Propietarios y Residentes de Clayton, Gabriel Mattatal (APRECLA), es necesario que se reevalue el uso de suelo de los terrenos contiguos al Parque Nacional Camino de Cruces y se delimite y establezca un área de amortiguamiento del parque, a fin de minimizar el impacto que el desarrollo desmedido pueda provocar en el futuro.
Igualmente, exige que se cumpla con la ley en el sentido que deben realizar las consultas populares previas a cualquier afectación humana a las áreas protegidas del país, cosa que no se ha hecho en ningún momento.
Raisa Banfield, arquitecta y residente del área, denunció que la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) y el Ministerio de Obras Públicas (MOP) con estos accesos, partirán en cuatro secciones el parque.
Ciertamente. En un recorrido efectuado por residentes y especialistas en la materia para revisar lo relacionado al lote CL-35, se observó que a este lote lo divide una calle que se bifurca en dos y que aparece dentro de los planos.
No hay necesidad de sacrificar el parque, dice Banfield. "Cuando se observan los desarrollos que se van a efectuar se divide el parque en cuatro partes". Por un lado, se interrumpirán las rutas naturales de tránsito de especies animales que utilizan el corredor natural que comprende el Parque Metropolitano, Camino de Cruces y Soberanía.
Se promoverá la erosión del suelo en las áreas afectadas por la construcción de estas carreteras y se afectará la producción de lluvias que son vitales para el funcionamiento del Canal.
Toda esta situación, asegura Mattatal, se ha desarrollado sin que las autoridades competentes, como la ANAM, hayan realizado la debida incorporación de las áreas boscosas de Clayton al Parque Nacional Camino de Cruces, como tampoco se han realizado las consultas que este tipo de desarrollo exige, ni con estudios de impacto ambiental que establece la legislación.
Uno de los argumentos de las autoridades es que desde la autopista Panamá-Arraijan se puede llegar a Clayton y la otra para servir a la comunidad de Camino de Cruces, pero sostiene que no hay justificación lógica.
En el recorrido se observaron en el área boscosa del parque las estacas que marcan el lugar donde pasarán las calles.
Banfield explicó que es la segunda sorpresa que reciben los residentes de Clayton, pues la primera fue la adjudicación del terreno de 15 hectáreas, a un precio de 3 millones de dólares.
Por su parte, el administrador de la ARI, Alfredo Arias, en notas enviadas el 11 de noviembre de 2003 y el 2 de febrero de 2004 aclaró al presidente de la Asociación de Propietarios y Residentes de Clayton, Gabriel Mattatal, que el "lote CL-35 se encuentra a más de 500 metros de los límites del Parque Nacional Camino de Cruces".
Sin embargo, Banfields sostiene que el problema no es sólo que no esté dentro del Parque, sino que no tendrá el área de amortiguamiento y cuando se construya la carretera se terminará de destruir el hábitat y la fauna del parque.
Para el Dr. Alexis Baúles, consultor especialista en teledimención, las autoridades no han tomado en cuenta que el limite del parque fue legalmente extendido y creen que es el que existía antes que las bases revirtieran a Panamá.
Explica que tal como señala la ARI, este es el limite que se definió cuando por ley se creó el parque, pero aclara que en el artículo tercero se establece que cuando las tierras de la antigua Zona del Canal revirtieran, toda esta área pasará automáticamente a formar parte del PNCC.
Considera que la ARI conoce la situación que ha llevado al punto de la discordia. Estas incongruencias o errores ocurren porque la base cartográfica es deficiente, por lo que es necesario venir a campo y verificar para corregirlo.
Señala que la idea es que se conserve el bosque y que se utilice de manera ecológica y sostenible y no que se establezca allí una industria o que se construya una carretera.
La Ley 30 de diciembre de 1992 establece entre sus fines proteger y mantener la zona de bosques que existe entre el Parque Natural Metropolitano y el Parque Soberanía, con el objeto de garantizar a través del Corredor Ecológico el flujo biológico que permita la conservación a largo plazo de la biodiversidad y la supervivencia de las especies.
Mantener el régimen y caudal de los ríos y quebradas, proteger y conservar el patrimonio cultural e histórico de nuestra nación, máxime cuando en esta área está el Camino de Cruces, elemento importante de nuestra historia.
La norma también prohibe realizar o establecer dentro del parque asentamientos humanos y practicar actividades agrícolas, comerciales o industriales.
Se permitirá la construcción de obras civiles, sólo en los casos que contribuyan a la conservación del parque, y se exceptúan infraestructuras viales como el Corredor Norte y la Autopista Panamá-Arraiján, pero establece que deberán incluir estudios de evaluación y mitigación de impacto ambiental. Además, sus diseños deberán permitir el libre flujo de las zonas boscosas, es decir, que debería estar sobre palafitos para que los animales pasen por debajo.
De estos proyectos no se tiene conocimiento de que existan estudios ambientales.
