A exigir el saneamiento de los polígonos
Desde su llegada a Panamá en 1903, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos libraron dos guerras mundiales; sostuvieron guerras locales en Corea y Vietnam; se involucraron en conflictos de baja itensidad en múltiples lugares de América Latina y participaron en contiendas breves, de altísima intensidad, como la Guerra del Golfo Pérsico.
En cada etapa del proceso, y entre cada una de ellas, el territorio panameño ocupado por sus Fuerzas, sirvió de retaguardia de esas actividades, ofreciendo servicios de comunicaciones, apoyo logístico, investigación y ensayo de equipo y armamento militar, entrenamiento de tropas y prácticas en campos de tiro y áreas de bombardeo.
Este es el marco en que cabe entender el problema de la explosiva contaminación ambiental en nuestro territorio, ya que la misma no fue productos de la defensa del Canal.
La situación se complica, además, por el hecho de que los artefactos explosivos son difícilmente localizables y quedan sembrados por años, listos para detonar bajo el arado del campesino, al paso de transeúnte o ante la manipulación curiosa de los niños.
Esta situación sigue representado un grave riesgo para la vida, salud y seguridad humanas, y limita las posibilidades del desarrollo económico y social de nuestro pueblo.
Un documento informativo de Humans Rights Watch de enero de 1999 señaló que "los Estados Unidos probó muchos sistemas de armamento en Panamá, dejando materiales explosivos son detonar y posiblemente minas en el país, y tiene la obligación de limpiar los campos de pruebas y debe hacer todo lo que esté a su alcance para retirar todos lo explosivos que siguen en el terreno." Como es conocido, los Estados Unidos dejaron a su retiro de Panamá 3,175 hectáreas contaminadas con explosivos y desechos tóxicos en ciertas áreas, como ha sido confirmado por un informe preparado por una importante firma forense estadounidense.
El gobierno anterior fue enfático en exigir a los Estados Unidos el cumplimiento de su obligación de saneamiento establecida en los Tratados Torrijos - Carter. Al respecto, no aceptó que los Estados Unidos habían cumplido con relación a la remoción de las amenazas y que sus obligaciones subsistían después de la terminación del Tratado.
Señaló que la transferencia de áreas a Panamá no relevaba a los Estados Unidos de su responsabilidad de sanear, ni de compensar a las víctimas o sus herederos, en caso de explosión de las municiones que aún permanecen activas.
Durante su discurso de instalación, en las Naciones Unidas, en la Cumbre Iberoamericana y cada vez que tiene oportunidad, la presidenta Mireya Moscoso asegura que nuestro país exigirá la limpieza de la contaminación de los polígonos de tiro y las áreas que fueron utilizadas por las fuerzas armadas de los Estados Unidos en nuestro territorio. Seguramente la Presidenta supone que el Ministerio de Relaciones Exteriores hace lo necesario para lograr el cumplimiento de esa responsabilidad residual, pero nada más alejado de la realidad.
Dicho Ministerio optó por no continuar la exigencia mediante los mecanismos establecidos en los Tratados Torrijos Carter y esperar la fecha de su vencimiento para, supuestamente por la vía diplomática, presentar el reclamo panameño, lo cual no se ha hecho, ya que lo planteado sólo alcanza la administración de las áreas, como ha sido conocido recientemente.
Lo moralmente justo y legalmente obligatorio, es que quienes sembraron las minas, dejaron explosivos y contaminaron el medio ambiente, asuman la responsabilidad y los costos del saneamiento.
Al respecto, debemos continuar exigiendo a los Estado Unidos el saneamiento de las áreas afectadas, que perfectamente puede ser realizado por empresas privadas, y a costo de dichos país. Nuestra exigencia debe basarse en el hecho que los Estados Unidos no cumplió con lo establecido en los Tratados Torrijos - Carter, y por lo tanto, tienen aún una responsabilidad residual. Que así lo exija el Ministerio de Relaciones Exteriores ¿o esperamos a que se dé la próxima víctima?
La Presidenta Moscoso debe aclarar si la débil conducta de la Cancillería representa la posición real de su gobierno, o si ella concretará una conducta más patriótica a este respecto.
En cada etapa del proceso, y entre cada una de ellas, el territorio panameño ocupado por sus Fuerzas, sirvió de retaguardia de esas actividades, ofreciendo servicios de comunicaciones, apoyo logístico, investigación y ensayo de equipo y armamento militar, entrenamiento de tropas y prácticas en campos de tiro y áreas de bombardeo.
Este es el marco en que cabe entender el problema de la explosiva contaminación ambiental en nuestro territorio, ya que la misma no fue productos de la defensa del Canal.
La situación se complica, además, por el hecho de que los artefactos explosivos son difícilmente localizables y quedan sembrados por años, listos para detonar bajo el arado del campesino, al paso de transeúnte o ante la manipulación curiosa de los niños.
Esta situación sigue representado un grave riesgo para la vida, salud y seguridad humanas, y limita las posibilidades del desarrollo económico y social de nuestro pueblo.
Un documento informativo de Humans Rights Watch de enero de 1999 señaló que "los Estados Unidos probó muchos sistemas de armamento en Panamá, dejando materiales explosivos son detonar y posiblemente minas en el país, y tiene la obligación de limpiar los campos de pruebas y debe hacer todo lo que esté a su alcance para retirar todos lo explosivos que siguen en el terreno." Como es conocido, los Estados Unidos dejaron a su retiro de Panamá 3,175 hectáreas contaminadas con explosivos y desechos tóxicos en ciertas áreas, como ha sido confirmado por un informe preparado por una importante firma forense estadounidense.
El gobierno anterior fue enfático en exigir a los Estados Unidos el cumplimiento de su obligación de saneamiento establecida en los Tratados Torrijos - Carter. Al respecto, no aceptó que los Estados Unidos habían cumplido con relación a la remoción de las amenazas y que sus obligaciones subsistían después de la terminación del Tratado.
Señaló que la transferencia de áreas a Panamá no relevaba a los Estados Unidos de su responsabilidad de sanear, ni de compensar a las víctimas o sus herederos, en caso de explosión de las municiones que aún permanecen activas.
Durante su discurso de instalación, en las Naciones Unidas, en la Cumbre Iberoamericana y cada vez que tiene oportunidad, la presidenta Mireya Moscoso asegura que nuestro país exigirá la limpieza de la contaminación de los polígonos de tiro y las áreas que fueron utilizadas por las fuerzas armadas de los Estados Unidos en nuestro territorio. Seguramente la Presidenta supone que el Ministerio de Relaciones Exteriores hace lo necesario para lograr el cumplimiento de esa responsabilidad residual, pero nada más alejado de la realidad.
Dicho Ministerio optó por no continuar la exigencia mediante los mecanismos establecidos en los Tratados Torrijos Carter y esperar la fecha de su vencimiento para, supuestamente por la vía diplomática, presentar el reclamo panameño, lo cual no se ha hecho, ya que lo planteado sólo alcanza la administración de las áreas, como ha sido conocido recientemente.
Lo moralmente justo y legalmente obligatorio, es que quienes sembraron las minas, dejaron explosivos y contaminaron el medio ambiente, asuman la responsabilidad y los costos del saneamiento.
Al respecto, debemos continuar exigiendo a los Estado Unidos el saneamiento de las áreas afectadas, que perfectamente puede ser realizado por empresas privadas, y a costo de dichos país. Nuestra exigencia debe basarse en el hecho que los Estados Unidos no cumplió con lo establecido en los Tratados Torrijos - Carter, y por lo tanto, tienen aún una responsabilidad residual. Que así lo exija el Ministerio de Relaciones Exteriores ¿o esperamos a que se dé la próxima víctima?
La Presidenta Moscoso debe aclarar si la débil conducta de la Cancillería representa la posición real de su gobierno, o si ella concretará una conducta más patriótica a este respecto.
