Exijamos justicia
La Corte Suprema de E.U. desestimó la demanda presentada por un grupo de empresarios panameños por la suma de 250 millones de dólares, a raíz del saqueo que sufrieron con motivo de la invasión del 20 de diciembre de 1989. Con anterioridad, otros tribunales habían desestimado las "pretensiones" de los empresarios, alegando que el presidente de E.U. tenía el derecho de proceder como lo hizo y que no hubo ninguna omisión de la cual pudiese ser responsable el gobierno de esa potencia.
Comentarios:
La invasión constituyó un acto de agresión del gobierno de E.U. contra Panamá. El Derecho Internacional contemporáneo obliga a todo agresor a indemnizar al país agredido. Los acuerdos internacionales que rigen en torno a situaciones bélicas como lo son la invasión y la ocupación militar claramente establecen que la potencia ocupante es responsable de los saqueos que generalmente se producen tras una invasión. Dicho criterio quedó incorporado a la legislación internacional porque el país invadido, cuyas fuerzas militares han sido vencidas y desmanteladas, no puede garantizar el orden público y, en consecuencia, la responsabilidad por saqueos y otros delitos recae sobre las fuerzas de ocupación.
Era de esperarse que los tribunales y la Corte Suprema de E.U. rechazaran la demanda porque esta potencia considera que está por encima del Derecho Internacional, motivo por el cual no lo acata, no lo reconoce y no lo respeta. La demanda ha debido ser llevada a la Corte Internacional de Justicia en La Haya por parte del gobierno de Panamá, no sólo por los perjuicios sufridos por los comerciantes sino por la totalidad de las pérdidas que sufrió la República de Panamá.
Uno comprende que el gobierno anterior no se hiciese eco de reclamaciones a E.U., pero mucha gente en Panamá que votó por el PRD mantenía ingenuamente alguna esperanza de que el actual gobierno le hiciera un planteamiento de Estado a E.U. para que se buscara alguna solución al menos amigable sobre los daños para no recurrir a la Corte Internacional. Pero no solamente ello no ha ocurrido, sino que, peor aún, el actual gobierno se ha desentendido total e irrevocablemente de los hechos de la invasión, dejando en total impunidad los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos por las fuerzas invasoras.
La clase política panameña está promoviendo la subordinación colonial a E.U. al no asumir como propios la defensa de los intereses de la nación, gravemente lesionados con la invasión y con el CMA. Se han hecho la vista gorda y no quieren dar la cara para no enemistarse con los detentadores del poder real en Panamá.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), que patrocinó a los empresarios demandantes, tiene el deber de seguir patrocinándolos, y todos los empresarios perjudicados tienen el derecho de exigirle al gobierno de Panamá que, en representación de sus intereses ya que no en nombre propio eleve una solicitud de demanda ante la Corte Internacional de Justicia contra el gobierno de E.U. por las pérdidas ocasionadas por el saqueo. La demanda total por los daños a la nación y al país en su conjunto, tendrá que aguardar a que surja un gobierno independiente, o al menos digno, que represente a la nación. Mientras tanto, no existe impedimento jurídico alguno para que el Estado panameño asuma la defensa de los intereses de los comerciantes ante la Corte Internacional de Justicia, y deseo instar de la manera más vehemente posible a los empresarios a tomar este curso de acción.
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La invasión constituyó un acto de agresión del gobierno de E.U. contra Panamá. El Derecho Internacional contemporáneo obliga a todo agresor a indemnizar al país agredido. Los acuerdos internacionales que rigen en torno a situaciones bélicas como lo son la invasión y la ocupación militar claramente establecen que la potencia ocupante es responsable de los saqueos que generalmente se producen tras una invasión. Dicho criterio quedó incorporado a la legislación internacional porque el país invadido, cuyas fuerzas militares han sido vencidas y desmanteladas, no puede garantizar el orden público y, en consecuencia, la responsabilidad por saqueos y otros delitos recae sobre las fuerzas de ocupación.
Era de esperarse que los tribunales y la Corte Suprema de E.U. rechazaran la demanda porque esta potencia considera que está por encima del Derecho Internacional, motivo por el cual no lo acata, no lo reconoce y no lo respeta. La demanda ha debido ser llevada a la Corte Internacional de Justicia en La Haya por parte del gobierno de Panamá, no sólo por los perjuicios sufridos por los comerciantes sino por la totalidad de las pérdidas que sufrió la República de Panamá.
Uno comprende que el gobierno anterior no se hiciese eco de reclamaciones a E.U., pero mucha gente en Panamá que votó por el PRD mantenía ingenuamente alguna esperanza de que el actual gobierno le hiciera un planteamiento de Estado a E.U. para que se buscara alguna solución al menos amigable sobre los daños para no recurrir a la Corte Internacional. Pero no solamente ello no ha ocurrido, sino que, peor aún, el actual gobierno se ha desentendido total e irrevocablemente de los hechos de la invasión, dejando en total impunidad los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos por las fuerzas invasoras.
La clase política panameña está promoviendo la subordinación colonial a E.U. al no asumir como propios la defensa de los intereses de la nación, gravemente lesionados con la invasión y con el CMA. Se han hecho la vista gorda y no quieren dar la cara para no enemistarse con los detentadores del poder real en Panamá.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), que patrocinó a los empresarios demandantes, tiene el deber de seguir patrocinándolos, y todos los empresarios perjudicados tienen el derecho de exigirle al gobierno de Panamá que, en representación de sus intereses ya que no en nombre propio eleve una solicitud de demanda ante la Corte Internacional de Justicia contra el gobierno de E.U. por las pérdidas ocasionadas por el saqueo. La demanda total por los daños a la nación y al país en su conjunto, tendrá que aguardar a que surja un gobierno independiente, o al menos digno, que represente a la nación. Mientras tanto, no existe impedimento jurídico alguno para que el Estado panameño asuma la defensa de los intereses de los comerciantes ante la Corte Internacional de Justicia, y deseo instar de la manera más vehemente posible a los empresarios a tomar este curso de acción.
