Exijamos a todos la reestructuración de la deuda
A finales del mes de enero, uno de los candidatos a presidente en Panamá planteó, como parte de su propuesta programática, la conveniencia de reestructurar la deuda pública. El alto endeudamiento público es ciertamente uno de los problemas más serios que afronta el país. Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, al final del tercer trimestre de 2003 la deuda pública ascendía a B/ 8,862 millones. Del total, unos B/ 6,500 millones correspondían a la deuda externa, equivalente al 51% del Producto Interno Bruto (PIB) de Panamá. En comparación, y según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la deuda externa regional asciende a 39% del PIB de América Latina.
Las consecuencias a corto plazo de este elevado endeudamiento son graves: para el año 2004 el presupuesto del gobierno de Panamá asigna B/ 1,217 millones para servir la deuda, lo que equivaldrá a 20% del gasto público. De ese total, se han asignado B/ 666 millones para pagar los intereses de la deuda, lo que sería más de 5% del PIB proyectado para el año, un porcentaje mucho más alto que el promedio regional reciente.
Para reducir el peso de este gran lastre financiero, las opciones más viables y racionales en el corto plazo parecen ser la reestructuración de la deuda, y también el gestionar la anulación de una parte de dicha deuda. Sin embargo, mis estimados colegas, Marco Fernández y Guillermo Chapman, han condenado, en términos enérgicos, la propuesta de la reestructuración. Señalan, en primer término, que la misma es imposible, por estar la deuda disgregada en bonos y préstamos unilaterales, que son controlados por numerosos acreedores.
Ello en verdad complica la ejecución de la medida, pero no la imposibilita. El gobierno podría expedir nuevos bonos con plazos de vencimiento más prolongados, en reemplazo de los ya existentes. Y también podría renegociar, o canjear, la deuda contraída con bancos privados o entidades multilaterales, por bonos similares a los "bonos Brady", de manera que se extendiese el plazo de pago y disminuyese el servicio de la deuda, liberando así recursos para obras sociales e infraestructura.
También advierten los mencionados economistas que esta propuesta ahuyentará la inversión externa. Yo les recuerdo que, como consecuencia del ya citado endeudamiento, del programa neoliberal iniciado en los años 80, y de la crisis de finales de la década pasada, Panamá afronta una gran deuda social. La misma se traduce en un índice de desocupación urbana cercano al 16% (que es casi el doble del promedio latinoamericano) y en el deterioro alarmante de las calles y gran parte del resto de la infraestructura del país. Si no afrontamos esta "deuda social" nos abocaremos a corto plazo, como ha ocurrido en otros países de América Latina, a una crisis social y política muy seria. Y nada espanta más la inversión que la inestabilidad social y política.
¿Dónde obtener, en el corto plazo, los ingresos fiscales necesarios para afrontar dicha deuda social? Contamos con cinco posibilidades importantes: una reforma tributaria justa y racional; la erradicación de la corrupción, el despilfarro y la ineficiencia gubernamentales; un aprovechamiento racional de las áreas devueltas al país en virtud del Tratado de 1977; la promoción de inversiones privadas (o mixtas) que aprovechen nuestras ventajas comparativas (entre las que se destaca el ensanche o modernización del Canal); y la reestructuración de la deuda pública.
En conclusión, el alto endeudamiento público que aqueja a Panamá es un problema grave y urgente, ante el cual la reestructuración de la deuda parece ser una salida viable, y es una propuesta que debemos evaluar objetivamente, no con criterios dogmáticos, superficiales o meramente electoreros. Por lo anterior, llamo a mis colegas, y a otros formadores de opinión pública en Panamá a que, en lugar de criticar a un candidato por proponer la reestructuración de la deuda pública, exijamos a todos los aspirantes a la presidencia de la República que también lo hagan.
Las consecuencias a corto plazo de este elevado endeudamiento son graves: para el año 2004 el presupuesto del gobierno de Panamá asigna B/ 1,217 millones para servir la deuda, lo que equivaldrá a 20% del gasto público. De ese total, se han asignado B/ 666 millones para pagar los intereses de la deuda, lo que sería más de 5% del PIB proyectado para el año, un porcentaje mucho más alto que el promedio regional reciente.
Para reducir el peso de este gran lastre financiero, las opciones más viables y racionales en el corto plazo parecen ser la reestructuración de la deuda, y también el gestionar la anulación de una parte de dicha deuda. Sin embargo, mis estimados colegas, Marco Fernández y Guillermo Chapman, han condenado, en términos enérgicos, la propuesta de la reestructuración. Señalan, en primer término, que la misma es imposible, por estar la deuda disgregada en bonos y préstamos unilaterales, que son controlados por numerosos acreedores.
Ello en verdad complica la ejecución de la medida, pero no la imposibilita. El gobierno podría expedir nuevos bonos con plazos de vencimiento más prolongados, en reemplazo de los ya existentes. Y también podría renegociar, o canjear, la deuda contraída con bancos privados o entidades multilaterales, por bonos similares a los "bonos Brady", de manera que se extendiese el plazo de pago y disminuyese el servicio de la deuda, liberando así recursos para obras sociales e infraestructura.
También advierten los mencionados economistas que esta propuesta ahuyentará la inversión externa. Yo les recuerdo que, como consecuencia del ya citado endeudamiento, del programa neoliberal iniciado en los años 80, y de la crisis de finales de la década pasada, Panamá afronta una gran deuda social. La misma se traduce en un índice de desocupación urbana cercano al 16% (que es casi el doble del promedio latinoamericano) y en el deterioro alarmante de las calles y gran parte del resto de la infraestructura del país. Si no afrontamos esta "deuda social" nos abocaremos a corto plazo, como ha ocurrido en otros países de América Latina, a una crisis social y política muy seria. Y nada espanta más la inversión que la inestabilidad social y política.
¿Dónde obtener, en el corto plazo, los ingresos fiscales necesarios para afrontar dicha deuda social? Contamos con cinco posibilidades importantes: una reforma tributaria justa y racional; la erradicación de la corrupción, el despilfarro y la ineficiencia gubernamentales; un aprovechamiento racional de las áreas devueltas al país en virtud del Tratado de 1977; la promoción de inversiones privadas (o mixtas) que aprovechen nuestras ventajas comparativas (entre las que se destaca el ensanche o modernización del Canal); y la reestructuración de la deuda pública.
En conclusión, el alto endeudamiento público que aqueja a Panamá es un problema grave y urgente, ante el cual la reestructuración de la deuda parece ser una salida viable, y es una propuesta que debemos evaluar objetivamente, no con criterios dogmáticos, superficiales o meramente electoreros. Por lo anterior, llamo a mis colegas, y a otros formadores de opinión pública en Panamá a que, en lugar de criticar a un candidato por proponer la reestructuración de la deuda pública, exijamos a todos los aspirantes a la presidencia de la República que también lo hagan.
