Falsificaciones, corrupción y persecución
EN LOS CUATRO últimos meses -mayo a agosto- la Universidad de Panamá ha vuelto a ocupar la atención de la ciudadanía, muy contrario al querer de sus autoridades y al hermetismo complice de la gran mayoría de los medios de comunicación y el ofrecimiento de otros para la difusión de argumentaciones plenas de falsedades e incoherencias, quizás en pago por favores recibidos.
Igual han dicho presente el silencio y poco importa del propio profesorado universitario y sus asociaciones gremiales. Y, como siempre al tratarse de la Universidad de Panamá, las denominadas "organizaciones de la sociedad civil" no se han dado por enteradas, en especial la Fundación para la Libertad Ciudadana (Transparencia) y el oficioso Frente Anticorrupción.
Por fortuna, el gravísimo hecho delictivo de la expedición de los diplomas de Licenciado en Contabilidad y de Contador sin que se cubriesen los requisitos para ello ha sido conocido gracias a la línea profesional del Panamá América, consecuente con la misión que le impuso su fundador, el Dr. Harmodio Arias Madrid, a la vez creador de la Universidad de Panamá junto a su visionario y primer Rector; el Dr. Octavio Mendez Pereira.
El caso ha sido manejado con el tradicional comportamiento del Rector Gustavo García de Paredes y las mafias con que acostumbra respaldar sus administraciones.
En primera instancia, endilgan el calificativo de "enemigos de la Universidad" a aquellos que de dentro y de fuera buscan la transparencia y el actuar rectilíneo en la más alta casa de estudios y obstaculizan sus pretensiones de que las irregularidades, anomalias y delitos académicos y financieros sean desconocidos, investigados y penalizados.
Luego, la desinformación y la mentira, que en el caso de los diplomas ha adquirido proporciones mayores con las declaraciones del rector. Obligado por el escándalo, se pasa a planificar la adopción de sanciones que no son sanciones sino otra burla más a través de las cuales pretende proteger a sus inseparables: Humberto Alcazar, el beneficiado y la autora del delito la Profesora Onfala López de De Bello, Secretaria General de la Universidad de Panamá.
Ahora, como colofón, vendrá la persecución. Se fabrica por orden suya e instrucciones supervisadas por el profesor jefe de asesoría jurídica, otro proceso para la expulsión del Catedrático Titular de la Facultad de Derecho, el Dr. Miguel Antonio Bernal V. uno de los reducidísimos profesores que, al igual que el suscrito, se ha atrevido a denunciar, y perdonen el término, todas las porquerías que no debieran darse en la Universidad de Panamá.
La Comisión Especial integrada por los decanos Murgas, Martin y Morán designada mediante los Acuerdos 26-05 y 27-05 por el Consejo Académico, y no por el Rector Garcia de Paredes como él ha expresado públicamente, ha sido clara, contundente, cerrando los espacios para interpretaciones acomodaticias.
El Informe emitido señala en la conclusiones 16 lo que a continuación se transcribe:
"En este caso no hubo una simple desatención de los trámites previstos para la expedición de diplomas, sino que, por el contrario, de manera deliberada se ordenó la elaboración y firma de los mismos, con pleno conocimiento de que el estudiante no había culminado sus estudios. Así mismo, se elaboró indebidamente una certificación de culminación de estudios y de diplomas en trámites".
Tras decurrir 60 días desde que la Comisión Especial entregó ese informe a García de Paredes, las sanciones impuestas no sólo son ridículas, sino que reflejan los resultados de la manipulación para favorecer a los delincuentes y la triste realidad del quiénes y cómo se dirige la casa que debe ser: "conciencia crítica de la nación".
De allí la razón de que en realidad el único más o menos sancionado sea el beneficiado del acto delictivo y eso gracias al hastio y objetividad de varios decanos quienes se opusieron tenazmente a una simple amonestación escrita que recomendó la Comisión de Disciplina.
Pero para la autora de todos los ilícitos descubiertos no ha habido sanción alguna. La separación del cargo de Secretaria General es algo exento de la más mínima penalización, aparte de que el Rector de la Universidad de Panamá es quien nombra y remueve al o a la ocupante de esa posición sin que para ello requiera recomendación u opinión del Consejo Académico, órgano de gobierno universitario desprovisto de atribuciones legales para ese respecto. Lo que si es competencia de ese órgano es la de adoptar medidas disciplinarias para profesores y estudiantes.
Lo que corresponde conforme al Estatuto, artículo 155 literal c-, es la expulsión de Onfala Lopez de De Bello como profesora de la Universidad de Panamá; "Por incurrir en faltas particularmente graves de probidad y honradez".
¿Cúal será la razón por la que el rector Gustavo García de Paredes en todo su proceder y contradicciones en cuanto a las declaraciones del caso de los diplomas de Alcázar pareciera querer ocultar la comisión del delito gravísimo y proteger a Humberto Alcázar y sobre todo, a Onfala de De Bello, subsecretaria general en su administración 1997-2000 y titular en la posición superior en la rectoría que él inició en octubre de 2003? ¿Por qué será?
Como ciudadano y universitario tengo la esperanza en que la Procuraduría General de la Nación agilice la investigación, cosa que no les facilite a los autores del delito en la universidad la impunidad necesaria para ocultar pruebas y mantener un clima de persecución. Es necesario que se proceda a pedir la separación de Gustavo García de Paredes como rector de la Universidad. Al que debe indagársele por encubrimiento, ya que conocía del hecho y si algo ha sucedido, es por la denuncia y no por la gestión de él como asegura.
La orden o solicitud de separación de la Prof. Onfala de De Bello debió ser instruida por el Ministerio Público ello hubiese evitado todas las artimañas del Rector, su consejero jurídico y el resto de la camarilla.
Igual han dicho presente el silencio y poco importa del propio profesorado universitario y sus asociaciones gremiales. Y, como siempre al tratarse de la Universidad de Panamá, las denominadas "organizaciones de la sociedad civil" no se han dado por enteradas, en especial la Fundación para la Libertad Ciudadana (Transparencia) y el oficioso Frente Anticorrupción.
Por fortuna, el gravísimo hecho delictivo de la expedición de los diplomas de Licenciado en Contabilidad y de Contador sin que se cubriesen los requisitos para ello ha sido conocido gracias a la línea profesional del Panamá América, consecuente con la misión que le impuso su fundador, el Dr. Harmodio Arias Madrid, a la vez creador de la Universidad de Panamá junto a su visionario y primer Rector; el Dr. Octavio Mendez Pereira.
El caso ha sido manejado con el tradicional comportamiento del Rector Gustavo García de Paredes y las mafias con que acostumbra respaldar sus administraciones.
En primera instancia, endilgan el calificativo de "enemigos de la Universidad" a aquellos que de dentro y de fuera buscan la transparencia y el actuar rectilíneo en la más alta casa de estudios y obstaculizan sus pretensiones de que las irregularidades, anomalias y delitos académicos y financieros sean desconocidos, investigados y penalizados.
Luego, la desinformación y la mentira, que en el caso de los diplomas ha adquirido proporciones mayores con las declaraciones del rector. Obligado por el escándalo, se pasa a planificar la adopción de sanciones que no son sanciones sino otra burla más a través de las cuales pretende proteger a sus inseparables: Humberto Alcazar, el beneficiado y la autora del delito la Profesora Onfala López de De Bello, Secretaria General de la Universidad de Panamá.
Ahora, como colofón, vendrá la persecución. Se fabrica por orden suya e instrucciones supervisadas por el profesor jefe de asesoría jurídica, otro proceso para la expulsión del Catedrático Titular de la Facultad de Derecho, el Dr. Miguel Antonio Bernal V. uno de los reducidísimos profesores que, al igual que el suscrito, se ha atrevido a denunciar, y perdonen el término, todas las porquerías que no debieran darse en la Universidad de Panamá.
La Comisión Especial integrada por los decanos Murgas, Martin y Morán designada mediante los Acuerdos 26-05 y 27-05 por el Consejo Académico, y no por el Rector Garcia de Paredes como él ha expresado públicamente, ha sido clara, contundente, cerrando los espacios para interpretaciones acomodaticias.
El Informe emitido señala en la conclusiones 16 lo que a continuación se transcribe:
"En este caso no hubo una simple desatención de los trámites previstos para la expedición de diplomas, sino que, por el contrario, de manera deliberada se ordenó la elaboración y firma de los mismos, con pleno conocimiento de que el estudiante no había culminado sus estudios. Así mismo, se elaboró indebidamente una certificación de culminación de estudios y de diplomas en trámites".
Tras decurrir 60 días desde que la Comisión Especial entregó ese informe a García de Paredes, las sanciones impuestas no sólo son ridículas, sino que reflejan los resultados de la manipulación para favorecer a los delincuentes y la triste realidad del quiénes y cómo se dirige la casa que debe ser: "conciencia crítica de la nación".
De allí la razón de que en realidad el único más o menos sancionado sea el beneficiado del acto delictivo y eso gracias al hastio y objetividad de varios decanos quienes se opusieron tenazmente a una simple amonestación escrita que recomendó la Comisión de Disciplina.
Pero para la autora de todos los ilícitos descubiertos no ha habido sanción alguna. La separación del cargo de Secretaria General es algo exento de la más mínima penalización, aparte de que el Rector de la Universidad de Panamá es quien nombra y remueve al o a la ocupante de esa posición sin que para ello requiera recomendación u opinión del Consejo Académico, órgano de gobierno universitario desprovisto de atribuciones legales para ese respecto. Lo que si es competencia de ese órgano es la de adoptar medidas disciplinarias para profesores y estudiantes.
Lo que corresponde conforme al Estatuto, artículo 155 literal c-, es la expulsión de Onfala Lopez de De Bello como profesora de la Universidad de Panamá; "Por incurrir en faltas particularmente graves de probidad y honradez".
¿Cúal será la razón por la que el rector Gustavo García de Paredes en todo su proceder y contradicciones en cuanto a las declaraciones del caso de los diplomas de Alcázar pareciera querer ocultar la comisión del delito gravísimo y proteger a Humberto Alcázar y sobre todo, a Onfala de De Bello, subsecretaria general en su administración 1997-2000 y titular en la posición superior en la rectoría que él inició en octubre de 2003? ¿Por qué será?
Como ciudadano y universitario tengo la esperanza en que la Procuraduría General de la Nación agilice la investigación, cosa que no les facilite a los autores del delito en la universidad la impunidad necesaria para ocultar pruebas y mantener un clima de persecución. Es necesario que se proceda a pedir la separación de Gustavo García de Paredes como rector de la Universidad. Al que debe indagársele por encubrimiento, ya que conocía del hecho y si algo ha sucedido, es por la denuncia y no por la gestión de él como asegura.
La orden o solicitud de separación de la Prof. Onfala de De Bello debió ser instruida por el Ministerio Público ello hubiese evitado todas las artimañas del Rector, su consejero jurídico y el resto de la camarilla.
