Falta acción dinámica en Educación
Justo es que aspiremos a ser una sociedad moderna; pero debemos tener bien claro que una sociedad moderna, desarrollada, se caracteriza fundamentalmente por el rendimiento de las unidades e instituciones que la integran (políticas, educativas, económicas, científicas, culturales, etc.), y de los hombres y mujeres que realizan las actividades que ellas implican. Ese rendimiento está condicionado en buena medida por el de los sistemas educativos, dada la responsabilidad que éstos asumen en la preparación de los futuros profesionales y ciudadanos.
La evaluación del rendimiento de la educación y el incremento de su eficacia constituyen hoy dos objetivos de la más alta prioridad en todos los países. La justificación de ello es obvia: la educación como derecho humano y, a la par, como formación de recursos humanos, tiene un valor decisivo en el plano ético y en el desarrollo económico y social. A ello se agrega el hecho de que los sistemas educativos son ahora empresas de una magnitud extraordinaria por el número de personas a que afectan (una de cada cinco personas de la población de la mayoría de los países está dentro del sistema educativo), y por el volumen de los recursos que se les destinan, que representan un promedio alrededor del 25 por ciento del presupuesto total de muchos países.
La ampliación del sistema educativo en las últimas décadas (en Panamá como en el resto de los países latinoamericanos), se justifica sobre la base de dos conceptos conocidos: el de los derechos humanos y el del desarrollo de los recursos humanos. Ambos se han traducido en directrices gubernamentales para los sistemas educativos muy similares en toda América Latina. Si se interpretan estrictamente, el criterio de los derechos humanos y el del desarrollo de los recursos humanos pueden indicar órdenes diferentes de prioridad para fijar las líneas de ampliación de los sistemas de enseñanza, pero en lo fundamental son compatibles y complementarios. Los dos exigen una educación general cuya duración y calidad permita preparar a todos los niños y niñas para ser ciudadanos responsables, productores y consumidores en una sociedad moderna condicionando a la capacidad del individuo, el acceso a los tramos superiores de la escala educativa. Ambos favorecen la ampliación de la enseñanza media y superior, de tal modo que los individuos puedan realizar todo su potencial y desempeñar funciones sociales y ocupacionales cada vez más diferenciados y complejos. Ambos buscan las posibilidades máximas de acceso al estudio, capacitación y perfeccionamiento intelectual continuo de la población adulta.
No cabe duda que el impresionante desarrollo de la educación en los últimos 25 años en Panamá, durante los cuales se ha multiplicado la matrícula en los distintos grados docentes y se ha "intentado" en vano modificar la estructura del sistema educativo, ha desbordado el marco un tanto estático y las previsiones de la Administración educativa y ha planteado nuevos y agudos problemas a la Organización escolar. Las consecuencias de ese movimiento, de esa crisis de la educación, son diversas e importantes. La concepción misma de la política educativa está en mora, no avanza, a pesar de su urgente necesidad de revisión. El Ministerio de Educación en este asunto, tiene una gran responsabilidad. Compete a esta institución del Estado, asumir la iniciativa para realizar una "Planificación integral de la Educación panameña". Se considera, pues, que el Ministerio de Educación no puede limitarse ya a su cometido tradicional, circunscrito al ámbito institucional escolar, dado los múltiples factores extrainstitucionales que favorecen o dificultan la realización de los planes educativos.
A pesar de que la Administración educativa como ciencia, está experimentando cambios profundos, la actividad en el Ministerio de Educación se mantiene estática (en una exquisita parálisis), tanto en la esfera central como en sus órganos provinciales y locales. Definitivamente, hace falta una acción dinámica efectiva, que no vegetativa y reposada, en el Ministerio de Educación, que tienda hacia una Administración más técnico-pedagógica que la puramente rutina administrativa existente hasta ahora (tan distante de los problemas vivos de las instituciones docentes), mucho más vinculada a las cuestiones politiqueras de interés directo de un determinado partido político oficial, que a estudiar a fondo y resolver los complejos problemas educativos actuales de la Nación panameña. Esa Administración educativa moderna a que nos referimos, requiere un tipo de personal nuevo, especializado, capaz de desempeñar con eficacia las tareas que impone la formación integral del nuevo hombre y mujer panameños.
La evaluación del rendimiento de la educación y el incremento de su eficacia constituyen hoy dos objetivos de la más alta prioridad en todos los países. La justificación de ello es obvia: la educación como derecho humano y, a la par, como formación de recursos humanos, tiene un valor decisivo en el plano ético y en el desarrollo económico y social. A ello se agrega el hecho de que los sistemas educativos son ahora empresas de una magnitud extraordinaria por el número de personas a que afectan (una de cada cinco personas de la población de la mayoría de los países está dentro del sistema educativo), y por el volumen de los recursos que se les destinan, que representan un promedio alrededor del 25 por ciento del presupuesto total de muchos países.
La ampliación del sistema educativo en las últimas décadas (en Panamá como en el resto de los países latinoamericanos), se justifica sobre la base de dos conceptos conocidos: el de los derechos humanos y el del desarrollo de los recursos humanos. Ambos se han traducido en directrices gubernamentales para los sistemas educativos muy similares en toda América Latina. Si se interpretan estrictamente, el criterio de los derechos humanos y el del desarrollo de los recursos humanos pueden indicar órdenes diferentes de prioridad para fijar las líneas de ampliación de los sistemas de enseñanza, pero en lo fundamental son compatibles y complementarios. Los dos exigen una educación general cuya duración y calidad permita preparar a todos los niños y niñas para ser ciudadanos responsables, productores y consumidores en una sociedad moderna condicionando a la capacidad del individuo, el acceso a los tramos superiores de la escala educativa. Ambos favorecen la ampliación de la enseñanza media y superior, de tal modo que los individuos puedan realizar todo su potencial y desempeñar funciones sociales y ocupacionales cada vez más diferenciados y complejos. Ambos buscan las posibilidades máximas de acceso al estudio, capacitación y perfeccionamiento intelectual continuo de la población adulta.
No cabe duda que el impresionante desarrollo de la educación en los últimos 25 años en Panamá, durante los cuales se ha multiplicado la matrícula en los distintos grados docentes y se ha "intentado" en vano modificar la estructura del sistema educativo, ha desbordado el marco un tanto estático y las previsiones de la Administración educativa y ha planteado nuevos y agudos problemas a la Organización escolar. Las consecuencias de ese movimiento, de esa crisis de la educación, son diversas e importantes. La concepción misma de la política educativa está en mora, no avanza, a pesar de su urgente necesidad de revisión. El Ministerio de Educación en este asunto, tiene una gran responsabilidad. Compete a esta institución del Estado, asumir la iniciativa para realizar una "Planificación integral de la Educación panameña". Se considera, pues, que el Ministerio de Educación no puede limitarse ya a su cometido tradicional, circunscrito al ámbito institucional escolar, dado los múltiples factores extrainstitucionales que favorecen o dificultan la realización de los planes educativos.
A pesar de que la Administración educativa como ciencia, está experimentando cambios profundos, la actividad en el Ministerio de Educación se mantiene estática (en una exquisita parálisis), tanto en la esfera central como en sus órganos provinciales y locales. Definitivamente, hace falta una acción dinámica efectiva, que no vegetativa y reposada, en el Ministerio de Educación, que tienda hacia una Administración más técnico-pedagógica que la puramente rutina administrativa existente hasta ahora (tan distante de los problemas vivos de las instituciones docentes), mucho más vinculada a las cuestiones politiqueras de interés directo de un determinado partido político oficial, que a estudiar a fondo y resolver los complejos problemas educativos actuales de la Nación panameña. Esa Administración educativa moderna a que nos referimos, requiere un tipo de personal nuevo, especializado, capaz de desempeñar con eficacia las tareas que impone la formación integral del nuevo hombre y mujer panameños.
