Farmacovigilancia, una respuesta impostergable
Tener la capacidad de anticiparnos a los riesgos nocivos que representan para la salud humana cualquier efecto negativo de un medicamento, que se pueda detectar a tiempo, es invalorable para la vida del panameño, por ello debe ser el principal objetivo por alcanzar de la Dirección de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud (MINSA), por medio de su Departamento de Farmacovigilancia, que actualmente se debate entre sobrevivir y dar respuesta efectiva a la ciudadanía.
Han transcurrido siete largos años desde la creación de la Dirección de Farmacias y Drogas, por medio de la Ley No. 1 del 10 de enero del 2001, la cual permitía que Panamá estuviera a la vanguardia en seguridad sanitaria de los medicamentos que se ofrecían a su población, ya sea en los servicios médicos privados o públicos, no solamente en la comercialización sino también en la producción, almacenamiento y distribución de los mismos; sin embargo, la falta de implementación efectiva del Departamento de Farmacovigilancia permitió que nuevamente, luego de los fallecimientos de los once pacientes de hemodiálisis en los años noventa, hoy día tengamos registrada otra historia trágica por las fallas de fiscalización sanitarias y administrativas de nuestro sistema público de salud: el envenenamiento de cientos de panameños por la producción de un medicamento para uso humano, en el principal laboratorio de producción de medicamentos públicos del sistema social nacional.
La Farmacovigilancia es prioritaria para nuestro sistema de salud pública, pero no es solamente una responsabilidad de este sistema, también tiene mucha responsabilidad el propio paciente, el ciudadano común y por supuesto, los funcionarios de Salud, que se resisten a participar de manera activa en este programa sanitario vital para sus pacientes y la seguridad del propio sistema.
Los líderes políticos están a tiempo para conocer esta problemática sanitaria, para enfrentarla con justicia social y realidad presupuestaría, de tal forma, que en el próximo quinquenio tengamos en funcionamiento una Dirección Nacional de Farmacovigilancia, como establece la Ley No. 1 de medicamentos, y no como letra muerta que favorece a los monopolios trasnacionales de medicamentos, comerciantes locales inhumanos, distribuidores y laboratorista que están colocando en altos riesgos permanentemente a la población panameña por la ausencia de una fiscalización efectiva y real en las reacciones adversas de los medicamentos, que pudieran ser detectadas oportunamente.
La seguridad de los ciudadanos, no pasa solamente por minimizar los riesgos a su seguridad física, de bienes personales o comerciales de la población, debe estar incluida la seguridad sanitaria como uno de los nuevos retos que afectan la estabilidad democrática de nuestros pueblos.
No podemos hablar de un país que busca salir del subdesarrollo humano, cuando no tenemos nuestra propia capacidad de asegurarle a la población nacional su seguridad sanitaria en los medicamentos que consume, cuando está demostrado que cada día estamos más enfermos y usamos los servicios sanitarios públicos o privados con mayor frecuencia que años atrás.
Los ciudadanos tenemos la última palabra en esta necesidad sanitaria, al tener la capacidad de exigirles a los nuevos gobernantes, la inversión indispensable para lograr que exista la Farmacovilancia como método de protección de nuestra propia vida.
