Favoritismo y discriminación
Intereses mezquinos han introducido extemporáneamente en el proyecto de ley por el cual se regula la televisión y radio en Panamá conceptos que podrían poner a este país en el mapa del mundo, no como un país pujante que promueve la libre competencia y protege a la inversión privada, sino como uno que restringe la competencia, irrespeta contratos y promueve el favoritismo de intereses particulares sin importar los perjuicios que se causen.
El legislador PRD y presidente de la Comisión de Transporte, Edgardo Alvarez, presentó la semana pasada modificaciones que prohibirían que los concesionarios de televisión y radio puedan ser controlados por, ni controlar, un periódico. La razón expuesta por sus promotores y simpatizantes es prevenir que una empresa acumule medios de comunicación visuales, auditivos y escritos y tenga demasiado poder o control de la información y, así, de la opinión pública en perjuicio de nuestra democracia. Todos saben, sin embargo, que la verdadera razón para introducir esta norma es prevenir que la empresa que edita este diario, o cualquiera de las que editan La Prensa, La Estrella de Panamá, El Siglo o El Universal de Panamá, adquiera el canal de televisión que hoy opera el Ejército de los Estados Unidos y que próximamente revertirá a Panamá.
En Panamá, ninguno de los medios o grupos de medios controla la información y, por lo tanto, la opinión pública. La empresa que edita este diario (y Crítica Libre) tiene poco más de la mitad de la circulación diaria de los periódicos en todo el país. La Prensa tendrá el 25% de dicha circulación. Medcom a través de TV 4 y TV 13 capta en promedio el 70% de la audiencia nacional y a través de RPC Radio tiene una importante pero más diluida participación en el segmento de radioemisoras. Nadie, sin embargo, se atreve a decir que algunos de los mencionados grupos controla la información y por lo tanto la opinión pública. De hecho, hablar de monopolio o control de la información en la "Era de la Informática" es una falacia. En el fondo, al discriminar contra los medios escritos buscan eliminar postores para así favorecer a personas allegadas al poder político actual.
Este país cuenta con legislación reciente bastante extensa que regula las actividades monopolísticas y las concentraciones económicas. Es a través de esa ley que se deben regular las posibles concentraciones futuras y no en el proyecto de ley en discusión en segundo debate. De otra forma, tendrán que aplicar estos mismos principios a otras industrias. Por ejemplo, tendrán que prohibir que un mismo grupo sea propietario, por ejemplo, de bancos, aseguradoras y financieras, lo cual sin duda no es justificable.
El legislador PRD y presidente de la Comisión de Transporte, Edgardo Alvarez, presentó la semana pasada modificaciones que prohibirían que los concesionarios de televisión y radio puedan ser controlados por, ni controlar, un periódico. La razón expuesta por sus promotores y simpatizantes es prevenir que una empresa acumule medios de comunicación visuales, auditivos y escritos y tenga demasiado poder o control de la información y, así, de la opinión pública en perjuicio de nuestra democracia. Todos saben, sin embargo, que la verdadera razón para introducir esta norma es prevenir que la empresa que edita este diario, o cualquiera de las que editan La Prensa, La Estrella de Panamá, El Siglo o El Universal de Panamá, adquiera el canal de televisión que hoy opera el Ejército de los Estados Unidos y que próximamente revertirá a Panamá.
En Panamá, ninguno de los medios o grupos de medios controla la información y, por lo tanto, la opinión pública. La empresa que edita este diario (y Crítica Libre) tiene poco más de la mitad de la circulación diaria de los periódicos en todo el país. La Prensa tendrá el 25% de dicha circulación. Medcom a través de TV 4 y TV 13 capta en promedio el 70% de la audiencia nacional y a través de RPC Radio tiene una importante pero más diluida participación en el segmento de radioemisoras. Nadie, sin embargo, se atreve a decir que algunos de los mencionados grupos controla la información y por lo tanto la opinión pública. De hecho, hablar de monopolio o control de la información en la "Era de la Informática" es una falacia. En el fondo, al discriminar contra los medios escritos buscan eliminar postores para así favorecer a personas allegadas al poder político actual.
Este país cuenta con legislación reciente bastante extensa que regula las actividades monopolísticas y las concentraciones económicas. Es a través de esa ley que se deben regular las posibles concentraciones futuras y no en el proyecto de ley en discusión en segundo debate. De otra forma, tendrán que aplicar estos mismos principios a otras industrias. Por ejemplo, tendrán que prohibir que un mismo grupo sea propietario, por ejemplo, de bancos, aseguradoras y financieras, lo cual sin duda no es justificable.
