Feudalismo universitario
De la crisis que vive la Universidad de Panamá debe salir algo positivo, en la medida que podamos reflexionar sobre sus actuales deficiencias y proponer salidas que garanticen mayor participación y transparencia en su administración. Los problemas no se limitan al ataque económico por parte del Gobierno Nacional, las demandas de mejoras salariales de los administrativos, las exigencias del profesorado por una Carrera Docente que dé estabilidad y regularidad, o la oposición estudiantil a mayores aumentos de matrículas.
Uno de los grandes problemas, de cuya solución dependen todos los demás, se refiere a la forma como se toman las decisiones y se rige su autogobierno. En la década del "80, cuando se luchaba por la democratización del país, la Universidad de Panamá bregó por sacar las manos del régimen militar de la institución estableciendo una ley orgánica que le asegurara su autonomía.
La autonomía universitaria, a su vez, descansa sobre otro principio clave: el cogobierno. Es decir, la capacidad de autoadministrarse, independientemente del Gobierno Nacional, debe estar asegurada por órganos de gobierno y autoridades electas con la participación democrática de sus tres estamentos universitarios: estudiantes, docentes y administrativos.
El problema es que el régimen militar mediatizó la capacidad de autogobernarse de la Universidad de Panamá, y por ende su autonomía, con una ley que establece una ponderación del voto entre los estamentos que viola todos los principios democráticos establecidos por la Constitución Política del país. Que yo sepa, esta institución es la única que, pretendiendo tener una base democrática de funcionamiento, no guarda el principio constitucional de la igualdad del voto.
La democracia universitaria no se basa en el principio de la igualdad, sino en un criterio feudal estamentario: 1,000 profesores regulares tienen el 50% del voto ponderado; mientras 70,000 estudiantes sólo hacen el 25%; los profesores especiales, unos 2,500, sólo tenemos el 15% de la capacidad de decisión; los profesores asistentes el 5%; mientras que 3,000 funcionarios sólo deciden en un 5%.
222 ...el régimen militar mediatizó la capacidad de autogobernarse de la Universidad de Panamá, y por ende su autonomía...
Traducido a otros términos, una elite equivalente al 10% de la "familia universitaria" guarda para sí la última palabra en todos los aspectos de la vida universitaria. No hace falta decir que esa elite es la principal beneficiaria de todas las decisiones, incluyendo quiénes serán los rectores, decanos y directores. Esta ponderación antidemocrática llega a producir situaciones ridículas, como la de algunos centros regionales, donde sólo existen uno o dos profesores regulares, pero su voto decide cualquier elección contra la voluntad miles de estudiantes, cientos de profesores y administrativos.
En un año en que deberemos elegir nuevas autoridades y nuevo Rector, muchos se están preguntando si los universitarios deben demandar por inconstitucional esta antidemocrática ponderación. ¿Cómo podemos mejorar el estado de cosas, si los que deciden son la minoría de siempre?
Alguien podría argumentar que la ponderación se basa en un criterio académico. Pero no es así. Si bien entre los regulares la mayoría son personas de reconocidos méritos, "ni están todos los que son, ni son todos los que están". También entre los profesores especiales existen comprobados méritos, pero son víctimas de un sistema de concursos que, o no existe, o es manejado de manera clientelista.
No ignoramos que algunos sectores, fundamentalmente externos, pretenden liquidar la "democracia" ponderada y sustituirlo por un sistema de a dedo en el que, la llamada "sociedad civil", es decir el gobierno y los empresarios, designen al Rector sin contar con la opinión de los universitarios. Eso sería el fin de la autonomía y el cogobierno, por eso lo rechazamos.
Una mayoría de docentes y estudiantes está cada vez más convencida de que la única manera de asegurar la transparencia administrativa es con mayor democracia, no con menos. Por ello, exigimos que también en la Universidad de Panamá impere el principio universal y constitucional de la igualdad del voto, es decir, una persona un voto. Es la única forma de acabar con este "apartheid" universitario.
*El autor es subsecretario general de APUDEP.
Uno de los grandes problemas, de cuya solución dependen todos los demás, se refiere a la forma como se toman las decisiones y se rige su autogobierno. En la década del "80, cuando se luchaba por la democratización del país, la Universidad de Panamá bregó por sacar las manos del régimen militar de la institución estableciendo una ley orgánica que le asegurara su autonomía.
La autonomía universitaria, a su vez, descansa sobre otro principio clave: el cogobierno. Es decir, la capacidad de autoadministrarse, independientemente del Gobierno Nacional, debe estar asegurada por órganos de gobierno y autoridades electas con la participación democrática de sus tres estamentos universitarios: estudiantes, docentes y administrativos.
El problema es que el régimen militar mediatizó la capacidad de autogobernarse de la Universidad de Panamá, y por ende su autonomía, con una ley que establece una ponderación del voto entre los estamentos que viola todos los principios democráticos establecidos por la Constitución Política del país. Que yo sepa, esta institución es la única que, pretendiendo tener una base democrática de funcionamiento, no guarda el principio constitucional de la igualdad del voto.
La democracia universitaria no se basa en el principio de la igualdad, sino en un criterio feudal estamentario: 1,000 profesores regulares tienen el 50% del voto ponderado; mientras 70,000 estudiantes sólo hacen el 25%; los profesores especiales, unos 2,500, sólo tenemos el 15% de la capacidad de decisión; los profesores asistentes el 5%; mientras que 3,000 funcionarios sólo deciden en un 5%.
222 ...el régimen militar mediatizó la capacidad de autogobernarse de la Universidad de Panamá, y por ende su autonomía...
Traducido a otros términos, una elite equivalente al 10% de la "familia universitaria" guarda para sí la última palabra en todos los aspectos de la vida universitaria. No hace falta decir que esa elite es la principal beneficiaria de todas las decisiones, incluyendo quiénes serán los rectores, decanos y directores. Esta ponderación antidemocrática llega a producir situaciones ridículas, como la de algunos centros regionales, donde sólo existen uno o dos profesores regulares, pero su voto decide cualquier elección contra la voluntad miles de estudiantes, cientos de profesores y administrativos.
En un año en que deberemos elegir nuevas autoridades y nuevo Rector, muchos se están preguntando si los universitarios deben demandar por inconstitucional esta antidemocrática ponderación. ¿Cómo podemos mejorar el estado de cosas, si los que deciden son la minoría de siempre?
Alguien podría argumentar que la ponderación se basa en un criterio académico. Pero no es así. Si bien entre los regulares la mayoría son personas de reconocidos méritos, "ni están todos los que son, ni son todos los que están". También entre los profesores especiales existen comprobados méritos, pero son víctimas de un sistema de concursos que, o no existe, o es manejado de manera clientelista.
No ignoramos que algunos sectores, fundamentalmente externos, pretenden liquidar la "democracia" ponderada y sustituirlo por un sistema de a dedo en el que, la llamada "sociedad civil", es decir el gobierno y los empresarios, designen al Rector sin contar con la opinión de los universitarios. Eso sería el fin de la autonomía y el cogobierno, por eso lo rechazamos.
Una mayoría de docentes y estudiantes está cada vez más convencida de que la única manera de asegurar la transparencia administrativa es con mayor democracia, no con menos. Por ello, exigimos que también en la Universidad de Panamá impere el principio universal y constitucional de la igualdad del voto, es decir, una persona un voto. Es la única forma de acabar con este "apartheid" universitario.
*El autor es subsecretario general de APUDEP.
