FFD debe ser para obras de beneficio social
Aunque los integrantes del gobierno anterior, ahora critiquen la disposición del uso de estos fondos, es muy sabido que si les hubiese tocado la continuación de gobierno, también estarían por hacer uso de estos fondos y no esta mal, siempre y cuando los beneficiarios sean los más necesitados del país. El tener tantas necesidades sociales con ese dinero ahí depositado, cuyos dividendos pasan es a la caja común, o sea, al presupuesto central del Estado, no se justifica y debe ser corregido.
El Fondo Fiduciario puede y tiene que ser usada para obras sociales, como son: Salud, Educación, Vivienda y Obras Públicas, entre las principales. El problema es que nadie confía en que se le dará el uso adecuado, además que ya este tema, se ha politizado y me reservo, por ahora, mis comentarios de aquellos que no han sabido cómo manejar este asunto tan delicado.
Una solución entre otras (descartando al FIS o FES de inicio), puede ser mediante la creación de una Junta o Comisión, integrada por diversos sectores de la sociedad y por representantes de instituciones gubernamentales, cuyas carteras sean principalmente de carácter social. Esta Junta o Comisión deberá velar por la correcta utilización de estos fondos y que efectivamente sean destinados a obras de carácter social.
Existen muchos proyectos en varias instituciones del gobierno que, por falta de presupuesto, se ejecutan mayormente de manera parcial, lo que a veces no ayuda a su propósito inicial o sencillamente quedan archivados. Bueno, cada institución, a través de su representante, presenta a la Junta o Comisión estos proyectos de beneficio social y los sustenta debidamente. Por supuesto que esta sustentación, debe ir acompañada con un debido estudio de factibilidad, los costos reales del proyecto, planos completos debidamente terminados y aprobados, un estudio del costo beneficio de inversión por habitante en el área a ejecutar dicho proyecto y demás exigencias requerida por la Junta o Comisión para la presentación de estos proyectos, que ayude a justificar la viabilidad del mismo. En otras palabras, tienen que ser proyectos sociales ya concretos, listos para desarrollar y no de quimeras aún no concretizadas.
La Junta o Comisión previa evaluación, apruebas dicho proyecto, le asigna los fondos a la institución y hace del conocimiento público ese proyecto aprobado. La institución que presentó el proyecto, lo ejecuta, según las normas vigentes para la contratación pública con la correspondiente supervisión fiscalizadora de la Contraloría General de la República.
Será responsabilidad directa del representante de la institución encargada de la ejecución del proyecto, de velar por estos fondos asignados, informar a la Junta o Comisión del avance de las obras y logros alcanzados hasta finalizar el proyecto que inicialmente este presentó para hacerlo del conocimiento público nuevamente.
Esta propuesta brinda la oportunidad de seguir percibiendo, por un período adicional, parte de los dividendos generados actualmente por estos fondos, mientras se van presentando los proyectos y a la vez, se van dando respuesta a necesidades sociales, ya que estamos seguros que si se llegasen a presentar proyectos concretos o debidamente sustentados por más de 300 millones en el primer año, es demasiado.
No estamos de acuerdo en que se utilicen estos fondos para pagos de deudas u otros proyectos que no sean de inversión social. El problema de la deuda, que se resuelva financieramente a través del presupuesto. Ahora, al transferir algunos de los proyectos de inversión social ya definidos que estaban en el presupuesto al fondo en mención, provee o da oportunidad al Gobierno Central, de recursos para tratar la parte concerniente a la deuda.
Ojalá que el uso de estos fondos, sea para el beneficio directo de los verdaderos necesitados del país y no como parte de un plan disfrazado para la compra de los mentados bonos, que apenas se anunció el interés para la readquisición de éstos, han subido considerablemente de valor en perjuicio nuestro.
El Fondo Fiduciario puede y tiene que ser usada para obras sociales, como son: Salud, Educación, Vivienda y Obras Públicas, entre las principales. El problema es que nadie confía en que se le dará el uso adecuado, además que ya este tema, se ha politizado y me reservo, por ahora, mis comentarios de aquellos que no han sabido cómo manejar este asunto tan delicado.
Una solución entre otras (descartando al FIS o FES de inicio), puede ser mediante la creación de una Junta o Comisión, integrada por diversos sectores de la sociedad y por representantes de instituciones gubernamentales, cuyas carteras sean principalmente de carácter social. Esta Junta o Comisión deberá velar por la correcta utilización de estos fondos y que efectivamente sean destinados a obras de carácter social.
Existen muchos proyectos en varias instituciones del gobierno que, por falta de presupuesto, se ejecutan mayormente de manera parcial, lo que a veces no ayuda a su propósito inicial o sencillamente quedan archivados. Bueno, cada institución, a través de su representante, presenta a la Junta o Comisión estos proyectos de beneficio social y los sustenta debidamente. Por supuesto que esta sustentación, debe ir acompañada con un debido estudio de factibilidad, los costos reales del proyecto, planos completos debidamente terminados y aprobados, un estudio del costo beneficio de inversión por habitante en el área a ejecutar dicho proyecto y demás exigencias requerida por la Junta o Comisión para la presentación de estos proyectos, que ayude a justificar la viabilidad del mismo. En otras palabras, tienen que ser proyectos sociales ya concretos, listos para desarrollar y no de quimeras aún no concretizadas.
La Junta o Comisión previa evaluación, apruebas dicho proyecto, le asigna los fondos a la institución y hace del conocimiento público ese proyecto aprobado. La institución que presentó el proyecto, lo ejecuta, según las normas vigentes para la contratación pública con la correspondiente supervisión fiscalizadora de la Contraloría General de la República.
Será responsabilidad directa del representante de la institución encargada de la ejecución del proyecto, de velar por estos fondos asignados, informar a la Junta o Comisión del avance de las obras y logros alcanzados hasta finalizar el proyecto que inicialmente este presentó para hacerlo del conocimiento público nuevamente.
Esta propuesta brinda la oportunidad de seguir percibiendo, por un período adicional, parte de los dividendos generados actualmente por estos fondos, mientras se van presentando los proyectos y a la vez, se van dando respuesta a necesidades sociales, ya que estamos seguros que si se llegasen a presentar proyectos concretos o debidamente sustentados por más de 300 millones en el primer año, es demasiado.
No estamos de acuerdo en que se utilicen estos fondos para pagos de deudas u otros proyectos que no sean de inversión social. El problema de la deuda, que se resuelva financieramente a través del presupuesto. Ahora, al transferir algunos de los proyectos de inversión social ya definidos que estaban en el presupuesto al fondo en mención, provee o da oportunidad al Gobierno Central, de recursos para tratar la parte concerniente a la deuda.
Ojalá que el uso de estos fondos, sea para el beneficio directo de los verdaderos necesitados del país y no como parte de un plan disfrazado para la compra de los mentados bonos, que apenas se anunció el interés para la readquisición de éstos, han subido considerablemente de valor en perjuicio nuestro.
