Finalidades sospechosas
Desde luego, nuestro pueblo requiere una explicación clara y confiable sobre las circunstancias y los actores que, en distintos momentos, se relacionaron con graves violaciones a los derechos humanos. Nadie ha rechazado que se investigue y se sepa la verdad de los hechos. Sin embargo, el tema despierta recelos y genera nuevas divisiones dentro de la comunidad nacional cuando hay motivo para creer que se maneja con otras intenciones, para las cuales buscar la verdad sólo es un pretexto.
Conocer la verdad de tales hechos es una exigencia moral e, igualmente, constituye una aportación sustantiva a la cultura política nacional, para que ellos jamás se repitan. Pero todo lo contrario sucede si la tarea se asigna de forma controvertible, si los hechos a investigar se discriminan de modo que se inquieran sólo algunos, pero no se averigüen otros, si varios de los presuntos investigadores dejan de garantizar la indispensable objetividad y ponderación, o si el asunto se destina a capitalizar ciertos intereses políticos y periodísticos. Cuando esto ocurre la opinión pública se pregunta si de veras quieren ofrecerle la verdad o escamoteársela.
Lamentablemente, en nuestro país los hechos de violencia política -incluyendo las muertes y las desapariciones- que todavía están por esclarecerse no son pocos. En la época contemporánea, eso abarca desde el ametrallamiento de colonos en las tierras altas de Chiriquí y de campesinos en el área de la Laguna en los años 1940 y 41 o el asesinato de Lezcano Gómez en el 51, como la intensa historia de las persecuciones sufridas por el movimiento estudiantil y popular en los lustros anteriores a 1968, el alzamiento en armas y la represión ocurridos enseguida del 11 de octubre y después, así como las masivas muertes y desapariciones ocasionadas durante la Invasión.
Si el propósito de conocer la realidad de tales hechos es satisfacer una exigencia moral y desarrollar una cultura política que impida su repetición, no cabe la intención de investigar sólo cierta parte de esos acontecimientos, escogida según las conveniencias de determinado interés político. Eso no serviría para absolver esa necesidad histórica y moral, sino a la intención de reciclar viejos rencores para convertirlos en nuevos enfrentamientos. Lo menos que puede demandarse es el honesto propósito de aclarar la totalidad de los hechos, si es que se reconoce que todos los panameños -vivos o muertos- somos iguales.
Pero esto no es lo que hoy se plantea. Tal como ya se ha señalado, desde el punto de vista jurídico la denominada Comisión de la Verdad al parecer nació como un árbol torcido: no hay quien la enderece. Fue creada por un acto unilateral del Ejecutivo, invadiendo funciones exclusivas de otro órgano del Estado y del Ministerio Público, lo que sugiere inconsecuencias constitucionales y legales. A la vez, esa unilateralidad la diferenció de las comisiones del mismo nombre instituidas en Sudamérica, donde las mismas fueron producto representativo y equilibrado de las diversas vertientes de la sociedad civil y de decisiones democráticas sancionadas por el "rgano Legislativo.
Por otro lado, esta Comisión oficialista incluye integrantes parcializados y beligerantes, de quienes no puede esperarse el menor asomo de objetividad ni ponderación. Esto la convierte en una Comisión sospechosa, en los términos del Código Judicial panameño. En efecto, éste identifica como sospechosos para declarar, entre otros, al amigo íntimo de la parte que representa y al enemigo manifiesto de la parte contraria, a quien tenga interés directo o indirecto en el resultado del proceso y a las demás personas que se hallen en circunstancias análogas que afecten su credibilidad o imparcialidad. El mismo Código señala que por ello están igualmente impedidos para juzgar quienes tengan manifiesta enemistad por una de las partes o quienes ya han dictaminado por escrito respecto a los hechos que dieron origen al caso.
Tales cosas motivan fundadas dudas pues, así las cosas, ahora queda por saberse por qué el Ejecutivo creó tan defectuosamente esta Comisión. Si lo hizo para capitalizar el hallazgo de los restos de un revolucionario y de otras posibles víctimas de pasadas violencias con el fin de entretener la opinión pública, o para inquirir sólo determinada parte de los hechos para ocultar así otras verdades, o si actúa de este modo simplemente para propiciar que así se malgaste por sí sola la legitimidad de estas investigaciones.
Conocer la verdad de tales hechos es una exigencia moral e, igualmente, constituye una aportación sustantiva a la cultura política nacional, para que ellos jamás se repitan. Pero todo lo contrario sucede si la tarea se asigna de forma controvertible, si los hechos a investigar se discriminan de modo que se inquieran sólo algunos, pero no se averigüen otros, si varios de los presuntos investigadores dejan de garantizar la indispensable objetividad y ponderación, o si el asunto se destina a capitalizar ciertos intereses políticos y periodísticos. Cuando esto ocurre la opinión pública se pregunta si de veras quieren ofrecerle la verdad o escamoteársela.
Lamentablemente, en nuestro país los hechos de violencia política -incluyendo las muertes y las desapariciones- que todavía están por esclarecerse no son pocos. En la época contemporánea, eso abarca desde el ametrallamiento de colonos en las tierras altas de Chiriquí y de campesinos en el área de la Laguna en los años 1940 y 41 o el asesinato de Lezcano Gómez en el 51, como la intensa historia de las persecuciones sufridas por el movimiento estudiantil y popular en los lustros anteriores a 1968, el alzamiento en armas y la represión ocurridos enseguida del 11 de octubre y después, así como las masivas muertes y desapariciones ocasionadas durante la Invasión.
Si el propósito de conocer la realidad de tales hechos es satisfacer una exigencia moral y desarrollar una cultura política que impida su repetición, no cabe la intención de investigar sólo cierta parte de esos acontecimientos, escogida según las conveniencias de determinado interés político. Eso no serviría para absolver esa necesidad histórica y moral, sino a la intención de reciclar viejos rencores para convertirlos en nuevos enfrentamientos. Lo menos que puede demandarse es el honesto propósito de aclarar la totalidad de los hechos, si es que se reconoce que todos los panameños -vivos o muertos- somos iguales.
Pero esto no es lo que hoy se plantea. Tal como ya se ha señalado, desde el punto de vista jurídico la denominada Comisión de la Verdad al parecer nació como un árbol torcido: no hay quien la enderece. Fue creada por un acto unilateral del Ejecutivo, invadiendo funciones exclusivas de otro órgano del Estado y del Ministerio Público, lo que sugiere inconsecuencias constitucionales y legales. A la vez, esa unilateralidad la diferenció de las comisiones del mismo nombre instituidas en Sudamérica, donde las mismas fueron producto representativo y equilibrado de las diversas vertientes de la sociedad civil y de decisiones democráticas sancionadas por el "rgano Legislativo.
Por otro lado, esta Comisión oficialista incluye integrantes parcializados y beligerantes, de quienes no puede esperarse el menor asomo de objetividad ni ponderación. Esto la convierte en una Comisión sospechosa, en los términos del Código Judicial panameño. En efecto, éste identifica como sospechosos para declarar, entre otros, al amigo íntimo de la parte que representa y al enemigo manifiesto de la parte contraria, a quien tenga interés directo o indirecto en el resultado del proceso y a las demás personas que se hallen en circunstancias análogas que afecten su credibilidad o imparcialidad. El mismo Código señala que por ello están igualmente impedidos para juzgar quienes tengan manifiesta enemistad por una de las partes o quienes ya han dictaminado por escrito respecto a los hechos que dieron origen al caso.
Tales cosas motivan fundadas dudas pues, así las cosas, ahora queda por saberse por qué el Ejecutivo creó tan defectuosamente esta Comisión. Si lo hizo para capitalizar el hallazgo de los restos de un revolucionario y de otras posibles víctimas de pasadas violencias con el fin de entretener la opinión pública, o para inquirir sólo determinada parte de los hechos para ocultar así otras verdades, o si actúa de este modo simplemente para propiciar que así se malgaste por sí sola la legitimidad de estas investigaciones.
