Fiscalizando las promesas de campaña
Tras el anuncio de las designaciones en los cargos más importantes del futuro gobierno de Ricardo Martinelli, han sido persistentes las voces que exteriorizan cierto nivel de escepticismo en cuanto a la calificación de determinados nombramientos. La idoneidad profesional, las acreditaciones académicas y la experiencia laboral de los designados son temas de debate. En la calle y en los medios se discuten los roles que jugarán en la nada fácil tarea de ejecutar las promesas que el presidente electo manifestara durante la campaña electoral.
Entre esos designados encuentro a varias caras conocidas, algunas de neófitos en la administración del Estado. Un amigo de infancia, un antiguo compañero de universidad, un reciente subalterno. Aunque no todos poseen iguales estudios o el mismo grado de experiencia relacionada a sus funciones, cada uno de ellos merece la atención que confío brindar individualmente a sus respectivas carreras en próximos artículos.
Mientras tanto, debo admitir que frente a las inmensas expectativas de la población, la carga a sus espaldas de nuevos funcionarios, más que pesada, es literalmente colosal.
Sacar conclusiones acerca de este grupo de confianza de Martinelli, uno caracterizado por su trabajo político en la campaña, es prematuro. El riesgo y la responsabilidad en su manejo de la cosa pública recaen en el presidente electo, quien siempre podrá ajustar sus nombramientos cuando las necesidades del Estado y el cumplimiento de sus promesas lo requieran.
Para Martinelli, la clave de ese cumplimiento está en el interés que demuestre en fiscalizar su ejecución. En septiembre de 2004 el entonces nuevo gobierno, inspirado en un organismo presidencial mexicano, creó para sus proyectos una “Secretaría de Metas” adscrita al Ministerio de la Presidencia. Como Secretario, el presidente nombró al reconocido abogado Ebrahim Asvat.
Las buenas intenciones de Asvat pronto se convirtieron en frustración. Sólo para obtener los “planes estratégicos” institucionales de 2004-2009 tuvo que esperar siete meses. El presidente fue perdiendo interés en la Secretaría, así como los ministros y directores que reportarían el progreso de sus planes. En noviembre de 2005, huérfano de respaldo presidencial, Asvat renunció. Desde entonces, nada se sabe de esa Secretaría o de la medición de las ejecuciones en proyectos del gobierno.
Martinelli enfrenta el reto de dar un seguimiento pormenorizado al resultado de sus compromisos. Para ello es indispensable reactivar la Secretaría de Metas o crear sin demora una entidad similar. Deberá designar en ella a un profesional independiente, evitando así los peligros que nos enseña “El Nuevo Traje del Emperador”, ese viejo cuento de Andersen. De ser alguien cercano a él o a sus colaboradores, el novel fiscalizador difícilmente lo mantendrá informado de la cruda realidad cuando el desempeño de los funcionarios sea pobre o ande mal.
A la ciudadanía nos toca guardar una copia del “Plan de Gobierno” de Martinelli para verificar junto al calendario el avance de cada promesa hasta su cumplimiento, en una ejecución pública sin excusas que sea transparente, oportuna y real.
