Fondos Privados de Pensiones: respuesta equivocada
Es internacionalmente reconocido que, dada la necesidad de asegurar ingresos futuros para cubrir los riesgos de vejez, invalidez o muerte que enfrentan los trabajadores y sus familias, los Estados organizan sistemas de pensiones públicos y solidarios; es decir, aquellos que reparten entre toda la población asegurada los costos de financiar las contingencias sociales. Contrariamente, la reforma chilena de corte neoliberal sustituyó el sistema solidario por uno basado en las técnicas del ahorro en cuentas individuales. Dado que influyentes sectores financieros de Panamá proponen este sistema (privatización total) o el de tres pilares (privatización parcial), como la mejor respuesta a los retos que enfrenta el programa de IVM de la Caja de Seguro Social (CSS), es pertinente validar estas propuestas a la luz de las experiencias concretas, sobre todo en cuanto a los costos producidos por la privatización, tanto para los trabajadores como para el propio Estado.
1. Costos para los trabajadores: Las administradoras de pensiones (AFP) obtienen ganancias cuando afilian a trabajadores formales con remuneraciones altas y estabilidad laboral, o sea, aquellos que pueden significar un ingreso marginal superior al costo marginal de administración. Además, el negocio es rentable bajo condiciones de economías de escala, esto es cuando se manejan grandes volúmenes de cuentas. No es "buen negocio" afiliar trabajadores de bajos ingresos o por cuenta propia, ya que su inestabilidad laboral implica ingresos marginales menores a los costos marginales. Al no tener las AFP incentivos para afiliar a estos trabajadores, la cobertura no se extiende a los otros segmentos del mercado laboral, siendo muy inferior a la existente, previo a la reforma. Dado que la base de clientes (cobertura) no se incrementa, las administradoras se ven forzadas a "robárselos" a los competidores ofreciendo premios y promociones. Esto implica alta concentración de mercado (de las 19 AFP que habían en Chile en 1992 sólo quedaban siete en 2002; y de éstas, las tres mayores concentraban el 79.3% de las cuentas) y grandes restricciones a la competencia.
La idealización de la competencia permitió que no se previeran las grandes "fallas" que afectan a este mercado, así, la "libre elección" y "la eficiencia producida por la alta competitividad", nunca ofrecieron los grandes beneficios prometidos. En vez de competir, el negocio está en la capacidad de "robarse" a los clientes traspasándolos de una administradora a otra. Con esto, se ha ido creando una enorme e ineficiente estructura de comercialización y ventas, la cual logró en Chile en 1997, la cifra récord de 1,600,000 traspasos entre administradoras. Este costo, además, es directamente trasladado a las comisiones que pagan los trabajadores. Otro ejemplo sería la rentabilidad. Como las AFP están obligadas a obtener una rentabilidad mínima cercana al promedio del mercado, todas invierten buscando no alejarse de dicho promedio, por lo que tampoco hay competencia real. Como "gran" resultado de la reforma, al sumarse el costo de comprar una renta vitalicia al momento de jubilar, se han obtenido en Chile y los demás países con modelos privatizados, trabajadores que pierden la confianza en el sistema y, otros que, al final de su vida activa, ven una sustancial reducción de sus jubilaciones, en algunos casos de entre un 30% ó 40%.
2. Los Costos para el Estado: Las principales fuente de este costo fiscal son el "bono de reconocimiento", el déficit operativo del sistema anterior y la garantía de pensión mínima. En Chile, el costo de este bono, por el valor de las cotizaciones pasadas aportadas al sistema que se privatiza, y de los otros componentes del déficit, significó durante los primeros 18 años de reforma, un costo fiscal promedio anual de 5.7% del PIB. Este costo más que dobló el flujo acumulado por los fondos privados de pensiones (2.7% del PIB por año), con lo que se produjo un desahorro previsional anual neto de aproximadamente 3% del PIB. Si en Panamá se aplicará el modelo chileno, habría también necesidad de reconocer los aportes anteriores hechos a la Caja. Ya existen estimaciones que sitúan este costo en más de B/. 8 mil millones. Tendríamos, entonces, que casi duplicar la deuda pública y, encima, reducir drásticamente el gasto público.
Veamos el ejemplo de Chile. La reforma se implementó en 1981 y para el período 1982-1986, el costo fiscal previsional promedio el 6.9% del PIB. Su financiamiento se benefició de los importantes superávits fiscales logrados, principalmente mediante las privatizaciones y la utilización de herramientas fiscales regresivas (reducción del gasto social e incremento de los impuestos indirectos). En 1982, los gastos en educación y salud alcanzaban el 6% y 2.4% del PIB, respectivamente. En 1986, esos mismos gastos se vieron reducidos a 4.6% y 1.8% del PIB respectivamente. Asimismo, la carga tributaria al consumo (altamente regresiva) se incrementó sucesiva y drásticamente hasta alcanzar la actual tasa de 18%.
Si se adoptará el "modelo de pilares" incurriríamos en los mismos costos, ya que al "cerrarse" la Caja hasta un tramo del salario (primer pilar), y no pagarse en el futuro pensiones por sobre ese tramo, habrá que reconocer las cotizaciones hechas por sobre ese primer pilar. Además, al trasladarse las cotizaciones a las administradoras privadas, surge un déficit operativo en el sistema que se "cierra", ya que este sigue pagando las pensiones corrientes, pero ahora con muchos menos aportes. Más aún, con los topes salariales propuestos, sería tanto mayor la fuga de ingresos y tanto menor la capacidad para hacerle frente a las pensiones corrientes y futuras del que sería el pilar solidario .
El empobrecimiento será doble para el trabajador panameño. Por un lado, deberá pagar altas comisiones por el mismo servicio, ya que el "poco profundo" mercado financiero local tenderá a concentrar las inversiones en valores públicos (en Costa Rica más del 80% en 2002) y en inversiones en el extranjero, peor aún, beneficiando el empleo de otros países. Y por otro, porque la privatización implica la individualización de los riesgos. Así, el trabajador deberá asumir por sí solo los riesgos de: a) La rentabilidad, producto de la inversión especulativa que estos sistemas exigen; b) de la historia laboral, al no poder cumplir los largos años de cotización que exige un sistema privatizado, más en el actual contexto de precarización laboral e informalidad; c) del alto crecimiento de los salarios, sobre todo cuando el aumento del salario mínimo es algo ya imaginario; d) de la longevidad, ya que mientras más viva el trabajador menor será la pensión que recibirá; y e) el riesgo de la gestión del sector privado (Banco DISA, Estrellamar, Grupo Triángulo), fundamentada ésta, en el "buen" juicio de líderes empresariales como el Sr. John Bennet de la APEDE, quien se niega a reconocer que la alta evasión de miles de trabajadores, junto con la subdeclaración, la morosidad y el subsidio al Banco Nacional son los problemas de fondo de la seguridad social panameña. La Caja, señor Bennet, no es una "enorme palanca política" como declaró a los medios de comunicación social recientemente. Aquí, sí se hace seguridad social pública y solidaria.
*Técnico de la Dirección de Planificación de la CSS.
Sostuvo que de existir recortes se acogerán a la ley que prohíbe tocar el presupuesto, ya que si se hace, la Junta Directiva tiene la potestad de solicitar la destitución del director de la CSS por "extralimitación de funciones". Acota que en el lugar de solicitar recortes, se debe buscar la reducción de los cánones de arrendamiento que paga la institución a empresarios dueños de inmuebles donde se ubican áreas de la institución, para ahorrar gastos.
1. Costos para los trabajadores: Las administradoras de pensiones (AFP) obtienen ganancias cuando afilian a trabajadores formales con remuneraciones altas y estabilidad laboral, o sea, aquellos que pueden significar un ingreso marginal superior al costo marginal de administración. Además, el negocio es rentable bajo condiciones de economías de escala, esto es cuando se manejan grandes volúmenes de cuentas. No es "buen negocio" afiliar trabajadores de bajos ingresos o por cuenta propia, ya que su inestabilidad laboral implica ingresos marginales menores a los costos marginales. Al no tener las AFP incentivos para afiliar a estos trabajadores, la cobertura no se extiende a los otros segmentos del mercado laboral, siendo muy inferior a la existente, previo a la reforma. Dado que la base de clientes (cobertura) no se incrementa, las administradoras se ven forzadas a "robárselos" a los competidores ofreciendo premios y promociones. Esto implica alta concentración de mercado (de las 19 AFP que habían en Chile en 1992 sólo quedaban siete en 2002; y de éstas, las tres mayores concentraban el 79.3% de las cuentas) y grandes restricciones a la competencia.
La idealización de la competencia permitió que no se previeran las grandes "fallas" que afectan a este mercado, así, la "libre elección" y "la eficiencia producida por la alta competitividad", nunca ofrecieron los grandes beneficios prometidos. En vez de competir, el negocio está en la capacidad de "robarse" a los clientes traspasándolos de una administradora a otra. Con esto, se ha ido creando una enorme e ineficiente estructura de comercialización y ventas, la cual logró en Chile en 1997, la cifra récord de 1,600,000 traspasos entre administradoras. Este costo, además, es directamente trasladado a las comisiones que pagan los trabajadores. Otro ejemplo sería la rentabilidad. Como las AFP están obligadas a obtener una rentabilidad mínima cercana al promedio del mercado, todas invierten buscando no alejarse de dicho promedio, por lo que tampoco hay competencia real. Como "gran" resultado de la reforma, al sumarse el costo de comprar una renta vitalicia al momento de jubilar, se han obtenido en Chile y los demás países con modelos privatizados, trabajadores que pierden la confianza en el sistema y, otros que, al final de su vida activa, ven una sustancial reducción de sus jubilaciones, en algunos casos de entre un 30% ó 40%.
2. Los Costos para el Estado: Las principales fuente de este costo fiscal son el "bono de reconocimiento", el déficit operativo del sistema anterior y la garantía de pensión mínima. En Chile, el costo de este bono, por el valor de las cotizaciones pasadas aportadas al sistema que se privatiza, y de los otros componentes del déficit, significó durante los primeros 18 años de reforma, un costo fiscal promedio anual de 5.7% del PIB. Este costo más que dobló el flujo acumulado por los fondos privados de pensiones (2.7% del PIB por año), con lo que se produjo un desahorro previsional anual neto de aproximadamente 3% del PIB. Si en Panamá se aplicará el modelo chileno, habría también necesidad de reconocer los aportes anteriores hechos a la Caja. Ya existen estimaciones que sitúan este costo en más de B/. 8 mil millones. Tendríamos, entonces, que casi duplicar la deuda pública y, encima, reducir drásticamente el gasto público.
Veamos el ejemplo de Chile. La reforma se implementó en 1981 y para el período 1982-1986, el costo fiscal previsional promedio el 6.9% del PIB. Su financiamiento se benefició de los importantes superávits fiscales logrados, principalmente mediante las privatizaciones y la utilización de herramientas fiscales regresivas (reducción del gasto social e incremento de los impuestos indirectos). En 1982, los gastos en educación y salud alcanzaban el 6% y 2.4% del PIB, respectivamente. En 1986, esos mismos gastos se vieron reducidos a 4.6% y 1.8% del PIB respectivamente. Asimismo, la carga tributaria al consumo (altamente regresiva) se incrementó sucesiva y drásticamente hasta alcanzar la actual tasa de 18%.
Si se adoptará el "modelo de pilares" incurriríamos en los mismos costos, ya que al "cerrarse" la Caja hasta un tramo del salario (primer pilar), y no pagarse en el futuro pensiones por sobre ese tramo, habrá que reconocer las cotizaciones hechas por sobre ese primer pilar. Además, al trasladarse las cotizaciones a las administradoras privadas, surge un déficit operativo en el sistema que se "cierra", ya que este sigue pagando las pensiones corrientes, pero ahora con muchos menos aportes. Más aún, con los topes salariales propuestos, sería tanto mayor la fuga de ingresos y tanto menor la capacidad para hacerle frente a las pensiones corrientes y futuras del que sería el pilar solidario .
El empobrecimiento será doble para el trabajador panameño. Por un lado, deberá pagar altas comisiones por el mismo servicio, ya que el "poco profundo" mercado financiero local tenderá a concentrar las inversiones en valores públicos (en Costa Rica más del 80% en 2002) y en inversiones en el extranjero, peor aún, beneficiando el empleo de otros países. Y por otro, porque la privatización implica la individualización de los riesgos. Así, el trabajador deberá asumir por sí solo los riesgos de: a) La rentabilidad, producto de la inversión especulativa que estos sistemas exigen; b) de la historia laboral, al no poder cumplir los largos años de cotización que exige un sistema privatizado, más en el actual contexto de precarización laboral e informalidad; c) del alto crecimiento de los salarios, sobre todo cuando el aumento del salario mínimo es algo ya imaginario; d) de la longevidad, ya que mientras más viva el trabajador menor será la pensión que recibirá; y e) el riesgo de la gestión del sector privado (Banco DISA, Estrellamar, Grupo Triángulo), fundamentada ésta, en el "buen" juicio de líderes empresariales como el Sr. John Bennet de la APEDE, quien se niega a reconocer que la alta evasión de miles de trabajadores, junto con la subdeclaración, la morosidad y el subsidio al Banco Nacional son los problemas de fondo de la seguridad social panameña. La Caja, señor Bennet, no es una "enorme palanca política" como declaró a los medios de comunicación social recientemente. Aquí, sí se hace seguridad social pública y solidaria.
*Técnico de la Dirección de Planificación de la CSS.
Sostuvo que de existir recortes se acogerán a la ley que prohíbe tocar el presupuesto, ya que si se hace, la Junta Directiva tiene la potestad de solicitar la destitución del director de la CSS por "extralimitación de funciones". Acota que en el lugar de solicitar recortes, se debe buscar la reducción de los cánones de arrendamiento que paga la institución a empresarios dueños de inmuebles donde se ubican áreas de la institución, para ahorrar gastos.
