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Formando una política del consumidor


La formación de una Política del Consumidor, a nuestro juicio debe tomar en consideración el proceso de desarrollo de la economía de libre mercado como parte del proceso general de la globalización. Este proceso se caracteriza por la integración de los mercados de bienes y de los mercados financieros, se apoya en la mundialización de la producción y la tecnología, y se acentúa por la expansión de la información, la comunicación y el transporte.
En este contexto, al consumidor se le dificulta su participación en el mercado tal y como lo requiere el desarrollo económico y la competencia. Las condiciones asimétricas, las imperfecciones del mercado y la insuficiencia de información, tienden a profundizar la debilidad del consumidor.
En Panamá, a la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor, CLICAC, la Ley le atribuye entre sus funciones, la formación de políticas que puedan afectar la competencia y el desenvolvimiento de una economía de libre mercado, de la que la Política al Consumidor es una de ellas.
El concepto de Política del Consumidor, se origina en el reconocimiento de que la economía de libre mercado no siempre da como resultado la mejor satisfacción de las necesidades de los consumidores.
De allí que el objetivo que busca una Política del Consumidor en las actuales condiciones de la economía, sea el de lograr que los mecanismos de mercado favorezcan a los consumidores en mayor medida.
El asegurar a todos los consumidores el acceso equitativo y justo al mercado, con el fin de satisfacer de manera digna sus necesidades básicas, constituye un requisito indispensable para conservar la estabilidad política y económica, y consecuentemente el sostenimiento de la democracia.
La finalidad de la Política del Consumidor es proprocionar a los consumidores información, o sea, la de lograr el funcionamiento de un mercado transparente.
Ahora examinemos los fundamentos que deben ser contemplados en la Política del Consumidor.
Aseguramiento del acceso equitativo y justo al mercado, a través del ejercicio y cumplimiento de los derechos del consumidor, con el fin de satisfacer su bienestar.
Reconocimiento de la vulnerabilidad del consumidor, dada por la insuficiencia de información y de conocimientos técnicos.
Reconocimiento de la canasta básica, como medio para promover la oferta de bienes alimenticios tanto locales como importadores, que aseguren su disponibilidad a los mejores precios y buena calidad.
Reconocimiento de la acción gubernamental destinada al control de la calidad y a la seguridad de bienes y servicios de consumo final.
Facilitar la autodefensa individual y colectiva de los consumidores, como instrumento de protección.
Desarrollo de sistemas de conciliación rápidos, localizados y gratuitos.
La Política del Consumidor descansa en la defensa de los derechos del consumidor, a través de la protección al consumidor, para lo cual se cuentan como instrumentos: las disposiciones de la Ley, los procedimientos administrativos, las normas, reglamentos y la verificación del mercado. Mediante la promoción de estos derechos, el objetivo definido es cultivar una actitud crítica y activa del consumidor, para lo cual tanto las organizaciones de consumidores y usuarios, así como las autoridades gubernamentales deben ejecutar programas de educación, información y de fortalecimiento del movimiento de consumidores.
La defensa de los derechos de los consumidores, se vigoriza también a través de la coordinación multisectorial de las instituciones gubernamentales, la participación de la sociedad civil y la localización de las funciones de promoción y protección.
Para concluir, podemos afirmar que la Política del Consumidor junto a una Política de la Competencia interviene en el desarrollo de una economía de libre mercado, con efectos positivos sobre el bienestar del consumidor.

101 años de Panamá América

 
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