In fraudem legis
Normalmente, cuando algo no es claro o fácil de dilucidar, es necesario recurrir a las aclaraciones y estas tienen que basarse en argumentos lógicos, filosóficos, doctrinales, legales, psicológicos, dependiendo del asunto en discusión.
En el caso de las leyes se habla de la interpretación, que es la aclaración del sentido verdadero de la norma o parte de ella. Para ello se hace, por ejemplo, análisis literario, gramatical, sistemático e interpretación lógica, auténtica y estricta, de la excerta legal. Con esto, se busca entrar en la mentalidad del legista, ubicarla en el ordenamiento jurídico, en la doctrina y jurisprudencia y su aplicabilidad en cada caso.
Si esto no se da, estamos asistiendo al fraude, a la burla de la ley. En nuestro país, hay hechos que, sin mayores detalles, entran en esta categoría:
Nombramientos de embajadores y cónsules que no pertenecen a la carrera diplomática y, por lo tanto, sin los requisitos, requeridos por ley, para ejercer el cargo.
En algunos ministerios e instituciones, se nombraron a personas que no son especialistas en las materias que deben tratarse, en esas entidades, a pesar de que la ley preceptúa determinados requerimientos para quienes ocupen estos puestos.
Las violaciones que se hicieron a las normas electorales, constitucionales, en el caso de la precandidatura a alcalde de Bosco Vallarino y su famosa doble nacionalidad. Se inventaron razones, todas en contra de nuestra Constitución.
La Ministra de Educación justifica sus “recontrataciones” y contrataciones y el cambio curricular, con su emotividad o que lo hizo el gobierno anterior, olvidando lo que establece la Ley.
Las contrataciones directas se justificaron con los conceptos de “urgencia notoria” y “ya las había realizado el gobierno anterior” o “sólo fueron por unos dólares” o “son eficientes”, pero ¿la Ley?
La elección de los magistrados fue un círculo demagógico: cambios de normas, comisión seleccionadora-evaluadora, sociedad civil, solvencia moral y al fin de cuentas la norma Constitucional, el Presidente elige y la Asamblea de Diputados aprueba, por encima de advertencias y recursos legales.
El caso de la Procuradora General de la Nación, muchos lo han tomado para hacerse publicidad y darse de expertos. La Constitución sigue siendo documento de uso sólo para intereses, conveniencia y de jactarse de ser defensores de los derechos humanos y la ley. Hemos aprendido que muchos juristas saben más cuanto más se les paga y que la mitad de ellos trabajan en este país, ¡por amor a la ley!
La docencia jurídica ha estado a la orden del día, se han saturado los espacios radiales, televisivos, periodísticos, ¡qué lástima que estos próceres de la ley hayan callado tanto!, y hayan permitido tantas violaciones a nuestros derechos y a la Constitución.
