¿Fuero electoral o impunidad?
Una disposición del Código Electoral protege a los candidatos a puestos de elección popular de modo que no puedan ser investigados ni detenidos durante el proceso electoral. Este beneficio se justificaba sobre la base de que había que impedir que las autoridades judiciales actuaran arbitrariamente perjudicando a los opositores políticos del gobierno. Es difícil indicar si esa norma ha rendido algún beneficio en la práctica, pues no se puede establecer con certeza el número de casos en que se habrían producido detenciones ilegales motivadas por el deseo de excluir a los enemigos políticos o personales del régimen, o de las personas en el gobierno, si no existiese la misma. Lo que sí puede medirse es cuántos candidatos perseguidos por la justicia han buscado escapar del alcance de la Fiscalía a través de súbitas postulaciones.
Candidatos sin una trayectoria pública previa son muchos, pero los que conjugan anonimato en la política con causas judiciales pendientes que quedan convenientemente suspendidas por efectos del fuero electoral, dan la inequívoca impresión de que están manipulando los beneficios razonables que establece la ley, y buscando impunidad. Quizás el fuero electoral debería ser reformado para que no se permitiera que bajo su invocación crímenes comunes anteriores al período electoral quedaran fuera del alcance momentáneo de la fiscalía. Bastaría con que se protegiese al aspirante de la detención preventiva, o de la privación de libertad en general, pero no es bueno detener los engranajes de la justicia de un modo absoluto.
