GAFI en franca expansión
El GAFI fue creado en 1989 en la reunión anual de París del Grupo de los Siete (G-7) como una entidad intergubernamental, cuyo propósito es elaborar y promover medidas para combatir el blanqueo de capitales, el cual definió ampliamente como el proceso de ocultar el origen ilegal de productos de naturaleza criminal. Se trata de una entidad que sólo establece políticas y recomendaciones, las cuales cada uno de los países miembros debe incorporar a sus respectivas legislaciones.
El primer fruto concreto de su esfuerzo fueron las 40 recomendaciones inicialmente adoptadas en 1990 y luego revisadas en 1996. Según GAFI, esas recomendaciones constituyen principios lo suficientemente generales para que se adapten a cualquier sistema jurídico y financiero. Los 29 países miembros del GAFI, que se han comprometido a incorporar las recomendaciones a sus respectivos sistemas jurídicos y a estar sujetos a una vigilancia multilateral y a evaluaciones mutuas, han montado una campaña para que todos los demás países del mundo adopten esas recomendaciones y cumplan con esos compromisos.
Después de las últimas reuniones anuales en Washington, D.C., Estados Unidos de América, y en Oslo, Noruega, en las cuales participan funcionarios de la institución, autoridades de los países miembros y de países invitados, representantes de organizaciones multilaterales, como la Unión Europea y las Naciones Unidas, y asociaciones privadas, como la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO por sus siglas en inglés), GAFI se dirige hacia ajustar las 40 recomendaciones para que incluyan a otros intermediarios que según ellos son utilizados por los blanqueadores de capitales en sus actividades ilícitas, como lo son los abogados y contadores, entre otros.
GAFI anticipa que enfrentará gran oposición de parte de esos grupos y en particular de las profesionales liberales, basados en los arraigados principios de confidencialidad. Sin embargo, se siente motivada por el efecto positivo que ha logrado con la publicación de la lista de países no cooperadores con el blanqueo de capitales y la adopción reciente en la Unión Europea de medidas dirigidas a esos profesionales.
El primer fruto concreto de su esfuerzo fueron las 40 recomendaciones inicialmente adoptadas en 1990 y luego revisadas en 1996. Según GAFI, esas recomendaciones constituyen principios lo suficientemente generales para que se adapten a cualquier sistema jurídico y financiero. Los 29 países miembros del GAFI, que se han comprometido a incorporar las recomendaciones a sus respectivos sistemas jurídicos y a estar sujetos a una vigilancia multilateral y a evaluaciones mutuas, han montado una campaña para que todos los demás países del mundo adopten esas recomendaciones y cumplan con esos compromisos.
Después de las últimas reuniones anuales en Washington, D.C., Estados Unidos de América, y en Oslo, Noruega, en las cuales participan funcionarios de la institución, autoridades de los países miembros y de países invitados, representantes de organizaciones multilaterales, como la Unión Europea y las Naciones Unidas, y asociaciones privadas, como la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO por sus siglas en inglés), GAFI se dirige hacia ajustar las 40 recomendaciones para que incluyan a otros intermediarios que según ellos son utilizados por los blanqueadores de capitales en sus actividades ilícitas, como lo son los abogados y contadores, entre otros.
GAFI anticipa que enfrentará gran oposición de parte de esos grupos y en particular de las profesionales liberales, basados en los arraigados principios de confidencialidad. Sin embargo, se siente motivada por el efecto positivo que ha logrado con la publicación de la lista de países no cooperadores con el blanqueo de capitales y la adopción reciente en la Unión Europea de medidas dirigidas a esos profesionales.
