Generación de energía y acceso al agua, ejes de conflicto socioambiental
En marzo de 2008 –según la Secretaría de Energía- la demanda de electricidad en Panamá registró un nivel de 1,050 megavatios frente a una capacidad instalada de generación de 1,500 megavatios. El aumento en la demanda acompaña el incremento de la actividad económica en la construcción, sector inmobiliario, hoteles, restaurantes, comercio, servicios de diversión y esparcimiento. La respuesta del gobierno y la empresa privada se limita a promover proyectos hidroeléctricos sin considerar el modelo desigual y excluyente de "desarrollo", patrones y productividad del consumo energético, capacidad de carga de los ecosistemas, valor de bienes naturales y culturales, viabilidad de energías alternativas, etc.
El informe de la sociedad civil sobre derechos humanos en Panamá (2008) expresa que "la situación -impulso a proyectos hidroeléctricos por el Estado panameño- genera amenazas al acceso al agua necesaria para el consumo humano y la producción de alimentos, desplazamiento forzado de las poblaciones, violación al derecho a la información sobre la realización de los proyectos y sus efectos, sobre su necesidad y conveniencia para el país, violación al derecho de pensamiento, expresión, al derecho de circulación y residencia, al de reunión, asociación y protesta pacífica, como lo demuestra la práctica de constante hostigamiento, persecución y uso excesivo de la fuerza ante todo cuestionamiento, así como violación al debido proceso...".
El Comité de Derechos Humanos de la ONU señalaba en sus observaciones finales al Estado panameño su preocupación por "la ausencia de un proceso de consultas con miras a buscar el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades para la explotación de los recursos naturales de sus territorios; los malos tratos, amenazas y hostigamiento de que miembros de las comunidades habrían sido objeto con ocasión de protestas contra la construcción de obras de infraestructura hidroeléctrica".
Lo anterior señala la importancia del apego al Estado de Derecho y la búsqueda constante de la justicia dentro del mismo, el respeto a los derechos humanos y los valores de una democracia participativa dentro de la convivencia social en general, y en la búsqueda de soluciones. Tras una lectura superficial podríamos hablar de necesidad de generación hidroeléctrica adicional, ¿pero de dónde sale la necesidad de tramitar más proyectos? ¿Son necesarios y sustentables?, ¿por qué no avanzan los proyectos de energía alternativa presentes en información de la Autoridad Nacional de Servicios Públicos?
Panamá está interconectada al mercado eléctrico centroamericano inyectando o retirando energía al sistema de manera constante y confiable. La interconexión con Colombia está proyectada para el 2011 con una capacidad de 300 megavatios hasta 600 megavatios permitiendo la entrada de divisas a Colombia y la reducción de costos de la electricidad en nuestra región. En todo caso, ¿por qué no se ordena que los proyectos turísticos, residenciales, comerciales y de oficinas de lujo deben ser construidos inteligentemente y con medios alternativos de generación de energía evitando mayores afectaciones? ¿Es justo que -otra vez- el derroche de unos se equilibre con el sacrificio de muchos?
Primero, las hidroeléctricas no son energía limpia; de hecho, contribuyen al calentamiento global con la emisión de metano y dióxido de carbono, y eliminan los servicios ambientales de bosques e inunda tierras productivas. Segundo, el agua no es nuestro petróleo. Desde la óptica mercantil quizás, incluso genera mayores ganancias con su venta, pero el petróleo no calma la sed de los seres vivos ni sostiene la cadena de vida, el agua sí; por lo tanto, no puede ser objeto del mismo régimen de apropiación, trasfondo real del conflicto actual.
Ramón H. Benjamín M.
Estudiante universitario
