Género, derechos humanos y trata de personas
LA TRATA DE personas se refiere a todos los actos en los que se utiliza el reclutamiento y el desplazamiento de una persona, dentro y fuera de fronteras nacionales, por medio de engaño, fraude o coacción, para que realice trabajos o servicios bajo presión, amenaza o violencia, abuso de autoridad, cautiverio por deudas, explotación sexual o laboral, entre otras formas.
Es un delito que ocupa el tercer lugar en la lista de crímenes transnacionales, situado después del tráfico de drogas y el de armas, aunque las estimaciones señalan que en la presente década, la trata de personas va a ocupar el primer lugar por las increíbles ganancias y los beneficios económicos que reporta, ya que se calcula que en todo el mundo la industria del sexo (mujeres, hombres, niñas y niños) mueve anualmente más de 77 mil 500 millones de dólares, y la trata sigue creciendo.
Ningún país del mundo es inmune a ello. Es un delito que está afectando a muchas naciones que son utilizadas por las redes de tratantes de diferente manera: como países de origen, de tránsito o de destino.
Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cada año unos dos millones de personas son víctimas de la trata, de las cuales el 80% son mujeres y niñas y 50% personas menores de edad. A esta cifra debe sumarse un número indeterminado de personas víctimas de la trata dentro de sus propios países, sin cruzar las fronteras internacionales, y son sometidas a diversas formas de explotación.
La trata de personas es una de las modalidades de explotación; es una violación a los derechos humanos y un delito en el que la víctima puede ser cualquier persona, ya que involucra a niños, niñas, mujeres y hombres; que mediante el sometimiento son llevados a la prostitución, al trabajo forzado, a matrimonios obligados, a servidumbre, a la explotación sexual y a prácticas esclavistas de distinta naturaleza. Es un delito conectado con otros delitos como el secuestro, las desapariciones, la falsificación de documentos, la violencia y el abuso físico y sexual, la corrupción, el tráfico y el abuso de drogas.
Este negocio ilícito opera de diversas formas: algunas personas son atraídas con promesas de dinero, de trabajos bien remunerados y algunas veces con supuestas oportunidades de educación. En otros casos, las personas son reclutadas mediante agencias que ofrecen trabajos, las que hacen los arreglos para que la persona haga el viaje. Por lo general, el tratante corre con los costos -los documentos necesarios para salir del país, el pasaporte, la visa, los tiquetes de viaje-; mecanismo utilizado para crear una deuda y, en el momento en que las víctimas llegan a su destino final, encuentran que la deuda aumenta diariamente, pues deben pagar la comida, hospedaje y otros costos, quedando atrapadas en las redes del tratante, obligadas a trabajar contra su voluntad y en condiciones de servidumbre o esclavitud.
La trata de personas es un fenómeno multicausal y complejo, siendo algunos de los factores que la reproducen y legitiman socialmente la existencia de la cultura machista; la existencia de redes organizadas que lucran y obtienen millones de ganancias a costa de la dignidad de seres humanos; la impunidad; el auge del turismo sexual; la falta de oportunidades educativas y laborales; la discriminación y la exclusión social.
Son pocos los gobiernos en la región latinoamericana que reconocen el delito de la trata de personas, aunque la mayoría continúa confundiendo la trata con el tráfico ilícito de migrantes. Tampoco hay leyes adecuadas que consideren la trata como un crimen grave, ni mecanismos aptos para detectar el problema, asistir y proteger a las victimas, e investigar y enjuiciar a los traficantes.
La lucha para eliminar la trata de personas es un proceso de largo plazo y muchos retos que requiere de la acción conjunta y el compromiso de toda la sociedad y del gobierno, principalmente los sectores justicia, migración, ministerios de salud, trabajo, relaciones exteriores; cónsules; la comunidad y la Iglesia, entre otros.
Empecemos desde ya esa lucha, especialmente, promoviendo una cultura de rechazo social hacia el problema; estableciendo políticas específicas en el área de la prevención, la atención de las víctimas y creando una legislación eficaz y ejemplar que evite la impunidad.
Es un delito que ocupa el tercer lugar en la lista de crímenes transnacionales, situado después del tráfico de drogas y el de armas, aunque las estimaciones señalan que en la presente década, la trata de personas va a ocupar el primer lugar por las increíbles ganancias y los beneficios económicos que reporta, ya que se calcula que en todo el mundo la industria del sexo (mujeres, hombres, niñas y niños) mueve anualmente más de 77 mil 500 millones de dólares, y la trata sigue creciendo.
Ningún país del mundo es inmune a ello. Es un delito que está afectando a muchas naciones que son utilizadas por las redes de tratantes de diferente manera: como países de origen, de tránsito o de destino.
Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cada año unos dos millones de personas son víctimas de la trata, de las cuales el 80% son mujeres y niñas y 50% personas menores de edad. A esta cifra debe sumarse un número indeterminado de personas víctimas de la trata dentro de sus propios países, sin cruzar las fronteras internacionales, y son sometidas a diversas formas de explotación.
La trata de personas es una de las modalidades de explotación; es una violación a los derechos humanos y un delito en el que la víctima puede ser cualquier persona, ya que involucra a niños, niñas, mujeres y hombres; que mediante el sometimiento son llevados a la prostitución, al trabajo forzado, a matrimonios obligados, a servidumbre, a la explotación sexual y a prácticas esclavistas de distinta naturaleza. Es un delito conectado con otros delitos como el secuestro, las desapariciones, la falsificación de documentos, la violencia y el abuso físico y sexual, la corrupción, el tráfico y el abuso de drogas.
Este negocio ilícito opera de diversas formas: algunas personas son atraídas con promesas de dinero, de trabajos bien remunerados y algunas veces con supuestas oportunidades de educación. En otros casos, las personas son reclutadas mediante agencias que ofrecen trabajos, las que hacen los arreglos para que la persona haga el viaje. Por lo general, el tratante corre con los costos -los documentos necesarios para salir del país, el pasaporte, la visa, los tiquetes de viaje-; mecanismo utilizado para crear una deuda y, en el momento en que las víctimas llegan a su destino final, encuentran que la deuda aumenta diariamente, pues deben pagar la comida, hospedaje y otros costos, quedando atrapadas en las redes del tratante, obligadas a trabajar contra su voluntad y en condiciones de servidumbre o esclavitud.
La trata de personas es un fenómeno multicausal y complejo, siendo algunos de los factores que la reproducen y legitiman socialmente la existencia de la cultura machista; la existencia de redes organizadas que lucran y obtienen millones de ganancias a costa de la dignidad de seres humanos; la impunidad; el auge del turismo sexual; la falta de oportunidades educativas y laborales; la discriminación y la exclusión social.
Son pocos los gobiernos en la región latinoamericana que reconocen el delito de la trata de personas, aunque la mayoría continúa confundiendo la trata con el tráfico ilícito de migrantes. Tampoco hay leyes adecuadas que consideren la trata como un crimen grave, ni mecanismos aptos para detectar el problema, asistir y proteger a las victimas, e investigar y enjuiciar a los traficantes.
La lucha para eliminar la trata de personas es un proceso de largo plazo y muchos retos que requiere de la acción conjunta y el compromiso de toda la sociedad y del gobierno, principalmente los sectores justicia, migración, ministerios de salud, trabajo, relaciones exteriores; cónsules; la comunidad y la Iglesia, entre otros.
Empecemos desde ya esa lucha, especialmente, promoviendo una cultura de rechazo social hacia el problema; estableciendo políticas específicas en el área de la prevención, la atención de las víctimas y creando una legislación eficaz y ejemplar que evite la impunidad.
